UNITAS

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Tarija considera que el ingreso de la empresa YPFB Chaco a la reserva de Tariquía es “inminente” por la movilización de maquinaría y vehículos que se está dando en la zona en las últimas semanas, además del amedrentamiento que están sufriendo las familias de la comunidad El Cajón que se oponen a la explotación petrolera. 

“Las fotos que han mandado las activistas efectivamente muestran maquinaria que habría ingresado a alguna zona y también ya han ido mostrando las placas de los vehículos que estarían movilizándose por ahí. Al parecer es inminente el ingreso de la empresa y también es inminente al nivel de riesgo de las familias”, alertó la presidenta de la APDH de Tarija, Yolanda Herrera, en entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS.

La situación en la comunidad El Cajón se agravó la pasada semana, cuando dos personas fueron retenidas por los bloqueadores que instalaron un punto de control en el ingreso a la reserva. Según la versión de Herrera, se tratan de los sobrinos de una comunaria de El Cajón que llegaron desde Argentina para visitarla, pero no pudieron verla e incluso fueron detenidos por la Policía y llevados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de Bermejo.

Activistas de la APDHB de Tarija se apersonaron hasta celdas de la FELCC de Bermejo para conocer la situación de ambas personas. “Las activistas no se separaron de estas dos personas. Estuvieron desde las 22:00 hasta la 01:00 de la mañana detenidos”, posteriormente fueron liberados, informó Herrera. No obstante, ambas personas, hasta este martes, no pudieron ingresar a la comunidad para ver a su familia por el bloqueo.

Herrera mencionó que dirigentes de comunidades están siendo estigmatizados y desacreditados por su oposición a la explotación petrolera de los pozos Astillero X1, X2 y Churumas X3, sobre todo por quienes bloquean, que son comunarios de zonas anexas de Bermejo, San Ramón y El Cajón, quienes apoyan y demandan la exploración y la explotación de hidrocarburos en la reserva.

Desde el 29 de marzo pasado, campesinos que están a favor del ingreso de YPFB Chaco a la reserva de Tariquía instalaron este bloqueo en la entrada a esta área. Los campesinos armaron una especie de campamento en el lugar y es allí donde justamente el pasado 18 de abril se impidió el ingreso de la comitiva encabezada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal.

Producto del bloqueo, familias de la comunidad El Cajón se ven impedidos de trabajar y movilizarse, dado que el control en el lugar es de 24 horas. 

Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, varios derechos de carácter fundamental requieren como precondición indispensable para su ejercicio la existencia de un medio ambiente sano, el cual se ve afectado por la degradación de los recursos naturales por parte de actores privados y, en muchos casos, el propio Estado. La lucha por un medio ambiente sano y la tierra y territorio ha llevado a defensoras y defensores de Tariquía a organizarse para luchar por el ejercicio de sus derechos y los de sus comunidades, muchos líderes y lideresas están siendo objeto de amenazas y ataque por el trabajo que desempeñan en favor de los derechos económicos, sociales y culturales.

Como parte de las obligaciones asumidas en la materia, el Estado debe reconocer el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del estado de derecho y en ese sentido, no puede tolerar ninguna acción que ponga en duda la legitimidad de la labor de estas personas y sus organizaciones debiendo protegerlas cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal.