El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor advirtió este domingo que las observaciones de parte de los organismos internacionales sobre violación a los derechos humanos y los actos de corrupción cometidos por el gobierno de transición durante la cuarentena, traerán serias consecuencias para el nuevo gobierno de Bolivia ante los organismos de crédito internacional.

Indicó que nunca antes en la reciente historia democrática, un gobierno logró generar la mayor condena internacional y observación por violación a los derechos humanos de parte de personalidades, instituciones y organismos internacionales.

Citó las críticas del Secretario General de las Naciones Unidas, La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH),  Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Human Rights Watch (HRW) que su turno denunciaron al gobierno transitorio por violar derechos fundamentales.

“Actualmente somos un país condenado por estos organismos internacionales como violador a los derechos humanos y la mayor parte de las amenazas vino del Ministro de Gobierno Arturo Murillo”, indicó Vásquez al señalar que José Miguel Vivanco, director de HRW, le dedicó al ministro Murillo más tuits que la exministra de Justicia Nardy Suxo, acusada de violar derechos humanos y encubrir actos de corrupción.

Alertó que solo una copia del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en contra Bolivia, ante algún organismo de financiamiento internacional, puede bloquear al próximo gobierno en su intención de solicitar créditos para atender la crisis económica que dejará la pandemia.

Citó como un caso emblemático el problema del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Rafael Quispe,  quien fue procesado penalmente por asistir a una reunión que tuvo un fin lícito. Este aspecto generó un horror a nivel internacional, sin contar las detenciones de gente  vinculada al MAS que fue enviada a la cárcel vulnerando el principio de legalidad.

Manifestó que el estado de excepción no permite a los gobiernos crear delitos como lo hizo la gestión transitoria, restringiendo la libertad de locomoción, amenazando a las personas con procesos por desinformación y promoviendo detenciones indebidas de personas a título de infracción a las normas de la cuarentena.

“No puedes hacer una persecución en estado de excepción inventando delitos. Eso ha generado las críticas para que todo el mundo se ponga en contra de Bolivia. Hoy día para los ojos de la comunidad internacional somos un Estado paria. El gobierno se lo ganó a pulso las condenas internacionales por violar los derechos humanos", comentó el abogado y exministro de Justicia.

Sostuvo que en Bolivia todavía no se ve y la gente no lo entiende, pero los impactos afuera son inmensos porque todos esos informes va a ir de una u otra manera a los organismos internacionales que “van a comenzar a cambiar su relación con Bolivia, por ejemplo, en materia crediticia. Los créditos blandos para los países de tercer mundo, no te dan si eres un violador a los derechos humanos; y limpiar esa imagen es muy grave y la gente no capta”, señaló.

Vásquez dijo que esta situación se añade el escándalo de corrupción en la compra de los respiradores en una empresa española, la compra de gases lacrimógenos y dudosas compras directas. “Ahora sí, conseguir un peso para Bolivia va a costar muchísimo trabajo porque no confían en lo que está pasando a Bolivia”.

Dijo que los errores surgieron a partir del decreto de emergencia sanitaria dispuesto por la presidenta Jeanine Añez, utilizando una figura que no existe en ninguna parte de la Constitución Política del Estado ni en otra ley, cuando lo correcto era aplicar el artículo 137 de la CPE y enviar el decreto a consideración de la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa también abdicó su poder constitucional concedido por el artículo 138 de la CPE que le faculta aprobar el estado de excepción y permite llamar al Ejecutivo para que rinda cuentas de los motivos que dieron lugar a dictar un decreto de excepción.

Ambos poderes son cómplices de violar la misma Constitución que ordena que el estado de excepción “no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales”.

El abogado constitucionalista considera que el reciente proyecto de ley para regular los estados de excepción busca corregir los errores de la Asamblea Legislativa, cometiendo aún otra inconstitucionalidad, por tanto, ese proyecto de ley es un absurdo que se debería descartarlo, manifestó.