‘Evismo’ tilda de ‘delictivo’ el fallo judicial que instruye al TSE supervisar el congreso ‘arcista’ y espera que sea desechado
El equipo jurídico del ala “evista” consideró ilegal y delictivo el fallo de la Sala Constitucional I de La Paz, que instruyó al Órgano Electoral Plurinacional que supervise el congreso del MAS convocado por el ala “arcista” en El Alto.
Los “evistas” esperan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantenga su independencia y deseche la decisión de la Sala Constitucional, tomando en cuenta que anteriormente ya ha determinado que los “arcistas” incumplieron requisitos y rechazó supervisar ese congreso.
La Sala Constitucional I está presidida por el vocal Israel Campero, quien está acusado por los “evistas” por ser supuestamente un “operador” del “arcismo”, toda vez que fue el mismo que suspendió las interpelaciones contra ministros.
El abogado “evista” y delegado titular del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, señaló que la decisión de la Sala del vocal campero es “absolutamente anómala y espuria”, que se tomó de manera arbitraria como un “acto delictivo”.
Advirtió que si el TSE cumple la instructiva de Campero, significaría que una Sala Constitucional sea más poderosa que cualquier órgano del Estado y que el Tribunal Electoral sería su “mequetrefe”.
“Esta medida esta medida cautelar emitida es ilegal y por lo tanto no puede ser cumplida”, recalcó.
Jiménez recordó que anteriormente el TSE ya ha decidido no cumplir la determinación de un juzgado que había ordenado avalar el Congreso de Lauca Ñ del año pasado, bajo el argumento de que no cumpliría decisiones que no estén acorde a las normas electorales.
Wilfredo Chávez, a su turno, observó la rapidez con que la Sala emitió la decisión, tomando en cuenta que la solicitud recién ingresó el 30 de abril.
Dijo que el Tribunal Supremo Electoral debe mantener firmeza y, si se considera un órgano independiente, tiene que desechar el auto del vocal Campero.
Chávez observó que Campero también tendría un conflicto de intereses porque en 2021 fue designado por el Gobierno en el tribunal administrativo de la OEA, lo cual debe inhibirle de ser juez.