El equipo jurídico del ala “evista” ha descalificado las preguntas del referendo que ha propuesto el presidente Luis Arce ante el Órgano Electoral. Anunció que impugnará este proceso de consulta, aunque de todas maneras tampoco sus resultados afectarían a Evo Morales.

“Vamos a nosotros impugnar en la medida pertinente la realización de estas preguntas y de este ilegal e inconstitucional referendo, que está convocando de manera engañosa con estas preguntas”, dijo Wilfredo Chávez.

Indicó que se está trabajando la impugnación y se presentará lo antes posible. 

El abogado del ala “evista” criticó el particular la pregunta 1 planteada por Arce, la cual dice: “¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implica modificar la Constitución Político del Estado?”.

Justamente esa pregunta, de ser aceptada, implicaría que un presidente del Estado, que ya fue reelecto una vez, no pueda volver a postularse al cargo, ya sea de manera continua o discontinua después de sus mandatos.  

Chávez sostuvo que la pregunta está mal formulada con la finalidad de ser engañosa.

Sin embargo, de todas maneras el abogado “evistas” aseguró que debido al principio de irretroactividad, los resultados eventuales del referendo no se aplicarían a Morales, sino de Arce para adelante.    

“No se puede inhabilitar Evo Morales, porque no dice a expresidentes y además, si fuera el caso, sería hacia adelante, no hacia atrás, con un principio de progresividad de los derechos humanos”, enfatizó.

Chávez aseguró también que el referendo planteado por Arce porque implicaría la reforma constitucional.

Explicó que el presidente, de acuerdo con la Carta Magna, no tiene la potestad de activar la reforma de la Constitución, sino solamente se puede realizar por ley de la Asamblea Legislativa.

Manifestó que el Tribunal Electoral debería rechazar las preguntas de antemano, al considerar que un presidente no tiene competencia para activar la reforma constitucional.