Reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, diferentes representantes cívicos, políticos de oposición y activistas determinaron este lunes conformar un bloque de unidad y ratificaron el paro nacional para el 11 de octubre en contra del Gobierno.  

El encuentro se desarrolló en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, ubicado en pleno centro cruceño, en la denominada “Cumbre Nacional por la Unidad y la Defensa de la Libertad y la Democracia”.

“Las organizaciones representadas en esta cumbre conforman el nuevo bloque de unidad y la democracia frente al intento de arrebatarnos nuestros derechos por lo que nos comprometemos, ante todo el pueblo boliviano, las acciones necesarias para impedir consolidar una dictadura o el retorno de dictadores”, leyó el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, según una de las conclusiones.

En el encuentro participaron el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez; legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, entre otros.

“Nos sumamos al paro nacional cívico ciudadano convocado para el 11 de octubre 2021 por la Confederación de Gremiales de Bolivia”, según otro de los puntos.

El denominado “bloque de unidad” decidió exigir al Gobierno que cese la persecución y la vulneración de derechos mediante el uso del Órgano Judicial y la Fiscalía en contra de políticos de oposición, además que se de libertad a los presos políticos.

Se demandó frenar la persecución contra el gobernador cruceño y los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y de “cualquier otra autoridad subnacional investida por voto popular”.

El mismo tratamiento se pidió para el caso de los policías, militares, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y se demandó la liberación “inmediata” de la expresidenta Jeanine Añez, a quien dijo que se le “vulneraron los derechos” desde que fue detenida.

Calvo anunció que se buscará promover acciones ciudadanas para la elección de nuevas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la participación de la sociedad civil.

“Se apoyarán todas las acciones, huelgas, marchas y otras medidas que busquen la reivindicación de las libertades a los derechos de los bolivianos garantizando la unidad y los intereses nacionales y de todos los departamentos”, sostuvo.

Demandó que se pueda frenar el tratamiento del proyecto ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales en el Legislativo.

Además de la abrogación de la ley de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio, Ascensos en la Policía, ya que consideró que son “inconstitucionales” y “vulneran” los derechos y garantías de toda la ciudadanía.