Fuente: EUROPA PRESS

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha remitido una carta notarial a la dirección del programa Panorama, de la cadena Panamericana de Televisión, para que rectifique por un reportaje en el que se señalaban presuntos actos de corrupción del mandatario.

En la carta, Castillo defiende que "todo lo mencionado" en el reportaje "es falso", y ordena a la dirección del programa leer la misiva en directo como gesto de rectificación por "las lamentables declaraciones manifestadas sin ningún material probatorio", según recoge la emisora RPP.

En respuesta, la directora del programa, Rossana Cueva, ha cuestionado que el jefe de Estado esté en posición de "ordenar" una rectificación por un material periodístico, y ha defendido que una de las fuentes para la preparación de la pieza ha sido un exfuncionario de confianza de Castillo.

"¿Quién escribió eso? Quien lo haya hecho define en esas líneas a un rey del pasado o a un autócrata que puede ordenar por encima de la ley lo que le provoca y no lo que le corresponde", ha recriminado Cueva, quien ha recordado a Castillo que desempeñarse como presidente "no le da facultad ni el poder para ordenar lo que un periodista puede decir".

La mencionada cadena de televisión adelantó la semana pasada que el exasesor de Castillo Bruno Pacheco habría confirmado ante la Fiscalía que el mandatario recibió comisiones por el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo al frente de la empresa petrolera estatal Petroperú.

Tras esto, Castillo salió al paso para desmentir las informaciones y anunció que interpondría una denuncia a Panamericana de Televisión por difundir "noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía", un gesto que fue recriminado por la Defensoría del Pueblo.

Según la información del reportaje, Pacheco habría confirmado al Ministerio Público que el presidente recibió hasta 30.000 soles --algo menos de 7.500 euros-- mientras que él mismo percibió hasta 15.000 soles --algo más de 3.700 euros-- por nombramientos en el seno de Petroperú.

La Fiscalía sostiene que tanto el presidente como su exasesor --prófugo de la Justicia durante casi tres meses-- habrían sido miembros de esta organización, la cual se habría dedicado a entregar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.