La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de cárcel y la inhabilitaron, de forma perpetua, para ocupar cargos públicos dentro de un proceso por corrupción cuando fue presidenta de Estado entre 2007 a 2015.

Durante la lectura de la sentencia, emitida por el Tribunal Oral Federal 2, la autoridad de Estado fue hallada culpable por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, aunque la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

Pese a la condena, la vicepresidenta no irá a prisión debido a que cuenta con inmunidad. Se trata de un fallo en primera instancia que posibilita proceso que puede durar varios años, según publica el diario La Nación.  

Además de la vicepresidenta otras 12 personas fueron implicadas por la adjudicación, supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz, durante sus dos mandatos como presidenta.

La Fiscalía había solicitado contra Fernández 12 años de prisión al considerarla “jefa de una asociación ilícita” y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos.

Desde que comenzó el proceso en 2019, Fernández había denunciado que el proceso en su contra se trata de un “un juicio político”.