Fuente: EUROPA PRESS

La Fiscalía de Perú ha imputado a veinte militares por la muerte de diez personas durante las protestas del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho contra la presidenta Dina Boluarte, si bien las movilizaciones, tras una breve tregua, se extendieron hasta marzo de 2023, dejando casi medio centenar de fallecidos.

Los informes concluyen que las víctimas mortales presentaban heridas que concuerdan con las que producen los proyectiles utilizados por los fusiles de asalto de fabricación israelí Galil, armamento aquel día de los militares.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Mirela Coronel, entre los imputados hay siete oficiales a los que se les atribuye el delito de homicidio calificado por omisión impropia, ya que no hicieron nada para impedir los disparos indiscriminados de los militares para contener las protestas en el aeropuerto de Ayacucho.

Así, otros diez de ellos forman de una división del Ejército encargada de las operaciones antiterroristas en la región del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) contra las últimas reminiscencias y herederos de Sendero Luminoso.

El teniente coronel Jimmy Vengoa Bellota, imputado como presunto autor directo de homicidio calificado con alevosía, alegó durante la investigación que "nunca" tuvieron acceso a plan concreto sobre cómo actuar frente a las manifestaciones y que tan solo fueron dotados de un fusil de asalto.

"La misión era que los manifestantes no ingresen al aeropuerto (...) Nosotros no hemos sido dotados de equipamiento de manera general (...) deberíamos haber recibido para este tipo de protestas (...) radio, escudos, varas, rodilleras. Lo único que recibimos fue un armamento Galil", justificó.

La fiscal Coronel ha ampliado la investigación otros ocho meses debido a su complejidad, ha informado el diario 'La República'. Casi 50 personas murieron como consecuencia de la represión de aquellas protestas que comenzaron tras la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de diciembre.

Si bien comenzaron en un primer momento en Ayacucho, pronto se extendieron a otras zonas como Lima, Huancayo, Cajamarca, Huancavelica, o Puno, entre otras. Organismos internacionales han denunciado que se cometieron posibles ejecuciones extrajudiciales, falta de interés del Gobierno por investigar e incluso un sesgo racista en la represión, ya que muchas de las muertes se produjeron en lugares en donde gran parte de la población se identifica como indígena o afrodescendiente.