Con un llamado a la solidaridad a cada ciudadano, el presidente Lenín Moreno presentó este viernes una propuesta para afrontar el parón económico provocado por la crisis sanitaria del coronavirus en Ecuador. El plan traslada el peso del rescate a las empresas y a los trabajadores que, con casi un mes sin actividad productiva debido a las medidas de aislamiento, deberán hacer contribuciones a una cuenta nacional. Sin ocultar la realidad del país, el mandatario ecuatoriano reconoció que la pandemia, que suma 7.161 contagiados y más de 600 muertos entre confirmados y probables, “golpeó” a la economía en un momento en que no había “ni un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65.000 millones de dólares”. Según Finanzas, además, el PIB se contraerá este año entre el 3 % y el 7 %.

Moreno responsabilizó este viernes al Gobierno de Rafael Correa, sin citar expresamente al expresidente, de haber dejado como legado “un endeudamiento irresponsable” y “de robos (de recursos públicos) de quienes acaban de ser sentenciados”, en alusión a la reciente condena por el caso Sobornos al exjefe de Estado y varios miembros de su Gabinete.

Tras el reproche a la gestión heredada, el presidente recondujo su discurso hacia un tono más conciliador antes de explicar el método por el que los trabajadores y las empresas deberán apoyar en la recuperación del país. “Uno no se salva solo; pero ayudando a los demás, nos salvamos todos”, dijo como preludio. El plan oficial es crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria que estará alimentada por contribuciones particulares. Las empresas que hayan tenido más de un millón de dólares de beneficios, deberán entregar el 5% de sus ganancias en tres pagos. “De empresas a empresas. Con esto, evitaremos que el pequeño productor quiebre”, explicó Moreno. Según las estadísticas de la Superintendencia de Compañías, 781 firmas ecuatorianas superaron el millón de dólares de ganancias en 2019. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, precisó en una rueda de prensa posterior que este aporte llegará hasta los 500 millones de dólares. Y recordó que los pequeños contribuyentes y las empresas de los sectores turístico y exportador, además, se beneficiarán de un aplazamiento del impuesto a la renta de abril, mayo y junio, que puede abonarse entre seis meses.

Todo lo recaudado en esa cuenta humanitaria estará administrado y controlado por representantes de la sociedad civil. No será el Estado, precisó el mandatario, quien maneje los recursos que deberán destinarse a garantizar el acceso a la atención sanitaria, a la provisión de alimentos y a la preservación de los empleos. Y puso como ejemplo que si una pequeña panadería se ve en problemas para pagar los sueldos de sus empleadores, recibirá fondos de la cuenta como ayuda.

La reacción inmediata del sector empresarial ha sido de perplejidad. “No conozco ningún país en el mundo que esté creando impuestos en este parón productivo. Las empresas ya están sin oxígeno, preocupadas por los pagos que se vienen en este mes. Acabamos de dar una contribución especial creada en la última reforma tributaria de 2020”, reprochó Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Considera que estas medidas “atentan contra las empresas y el empleo”, teniendo en cuenta el esfuerzo del tejido empresarial de las últimas cuatro semanas en que se han conservado los puestos de trabajo y se han pagado los sueldos completos. A diferencia del sector público, que ha reconocido tener un retraso en el abono del salario de marzo de hasta un 40 % de los funcionarios.

La segunda fuente que nutrirá la cuenta humanitaria serán los trabajadores. Quienes ganen más de 500 dólares de sueldo, deberán aportar dos dólares durante nueve meses con una tarifa progresiva. Esa cantidad será mayor en función del salario. El ministro de Finanzas precisó después que hay una tabla que fija los porcentajes de cada rango salarial y citó como ejemplo que los empleados que tengan un sueldo de hasta 2.000 dólares, entregarán 96 dólares. Esta contribución se hará siempre y cuando el puesto de trabajo sea fijo. La recaudación total prevista oscilará entre 650 y 800 millones de dólares que el Gobierno planea destinar a ampliar la base de ciudadanos que reciben un bono social contra la pobreza de 60 dólares mensuales. De 900.000 personas se pasará a casi 2.000.000 de beneficiarios.

A manos de la Asamblea, que ya rechazó a finales de 2019 un paquete de medidas de ajuste y dejó expuesta la situación fiscal nacional, Moreno trasladó cinco propuestas de reforma: una para extender de 30 a 120 días la cobertura sanitaria, a través de la Seguridad Social, a quienes se queden desempleados; otra, para que no haya desahucios hasta 60 días después de que termine la emergencia a quienes no paguen el alquiler; la tercera, para adelantar el cobro del seguro por desempleo a siete días desde que se pierde el trabajo, en lugar de los actuales 60; la cuarta, para que las escuelas privadas lleguen a un acuerdo con profesores y padres para bajar las cuotas mensuales; y la quinta, para permitir que llegue financiamiento de multilaterales que puedan ser canalizados al sector productivo sin pagar intereses, sin garantía y con un periodo inicial de gracia. La ley con las reformas y la contribución humanitaria será presentada este sábado, con carácter urgente, en el Legislativo y se apeló a la voluntad a todos los grupos políticos para llegar a un acuerdo nacional.

Antes de despedirse con un mensaje religioso, en Viernes Santo, en el que aseguraba que “Dios nunca ha abandonado” a los ecuatorianos y que “no lo va a hacer ahora, pero para ello, exige fe, esfuerzo y trabajo”, el presidente Moreno dijo que Ecuador está renegociando la deuda externa para reducir ahora los pagos y tener más liquidez. El objetivo es que los tenedores de bonos soberanos de hasta 800 millones de dólares admitan un pago parcializado hasta agosto, mientras llegan otros recursos urgentes de organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, a finales de este mes o en mayo.

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