EUROPA PRESS

Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este miércoles un paquete de sanciones contra 21 funcionarios del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de su aparato de seguridad por su implicación en el "fraude electoral" y en las acciones "represivas" adoptadas tras los comicios del 28 de julio.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que todos ellos --entre los que se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, la hija del ministro del Interior venezolano--, han sido sancionados debido a que mantienen vínculos con las autoridades del país caribeño y han "apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas".

"Han ayudado a ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes, que han elegido a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente", recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad --de las que forman parte algunos de los sancionados-- han detenido de forma arbitraria a algunos opositores de forma masiva y violenta, negando a la población el derecho a reunirse pacíficamente", ha señalado el Tesoro.

Entre las tácticas utilizadas por estos funcionarios se encuentran los "arrestos arbitrarios", incluido el del propio González, que se "vio obligado a abandonar Venezuela", indica el comunicado. "Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos", ha indicado el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.

"Estados Unidos seguirá señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia y el derecho legítimo a la libertad de expresión", ha apuntado el Tesoro, que sitúa ya en 2.000 las personas que han visto restringidos por "verse implicados en actos de corrupción o haber violado los Derechos Humanos del pueblo venezolano".

Entre los sancionados se encuentra el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de varios altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).