Fuente: AFP

Los guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz con el Estado colombiano llevan a cabo una agresiva deforestación en la Amazonía local para introducir ganado y sembrar la materia prima de la cocaína, denunció la Fiscalía al anunciar cargos contra los rebeldes prófugos.

'Gentil Duarte', uno de los hombres más buscados en Colombia, y sus subalternos 'Iván Mordisco' y 'John 40' están detrás de la tala de miles de hectáreas en el sur del país, precisó el organismo investigador en un comunicado difundido este jueves.

"Los elementos de prueba recaudados dan cuenta de que por instrucción de estas personas avanza una agresiva deforestación desde 2016 para culminar una vía ilegal", dijo el fiscal general, Francisco Barbosa.

Miguel Botache Santillan -alias 'Gentil Duarte'-, por quien ofrecen una recompensa de poco más de un millón de dólares por su localización, y los otros cabecillas rebeldes enfrentan cargos por "invasión de área de especial importancia ecológica", "daños a los recursos naturales", "financiamiento de plantaciones" (de coca) y "concierto para delinquir", añadió.

Con el acuerdo de paz suscrito hace cinco años, el grueso de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) abandonó vastos territorios que vienen siendo copados por otras fuerzas ilegales, ante la lenta o nula llegada del Estado, según coinciden organizaciones campesinas y oenegés locales e internacionales.

El denominado Bloque Suroriental, comandado por Botache Santillana, opera en los departamentos de Meta (centro-sur) y Guaviare (sur), uno de los principales nodos de deforestación y donde se estaría construyendo la carretera.

Las fuerzas militares colombianas están detrás de los pasos de Duarte en una intensa cacería en la que han sido bombardeados varios de sus campamentos.

La sombra terrateniente

Según cifras del estatal Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), luego del pacto que desarmó a las FARC la destrucción de los bosques se disparó en Colombia, pasando de 123.841 hectáreas en 2015 a 219.552 en 2017 (un incremento de 76%).

Barbosa agregó que además se ha constatado "la tala indiscriminada para promover ganadería extensiva, cultivos de coca y procesamiento de estupefacientes", lo que ha "puesto en peligro los suelos, las fuentes hídricas y la vida silvestre".

Según testimonios recabados por la AFP en Guaviare, grandes terratenientes también están pagando a los campesinos que antes del acuerdo sembraban coca para tumbar los árboles y apoderarse de grandes extensiones de tierra.

Se están "generando unas actividades económicas bien importantes para algunos inversionistas que han visto en la afectación de los recursos naturales cómo mejorar su capital", explicó Albeiro Pachón, responsable ambiental de la gobernación de ese departamento.

"El tema deforestación está siendo catalogado como una mafia", agregó.

La justicia colombiana castiga hasta con 15 años de prisión a quienes sean sorprendidos talando o financien esa actividad.

Con la nueva "ley de delitos ambientales" el presidente, el derechista Iván Duque, pretende detener la destrucción de la selva que ya ha costado más de 925.000 hectáreas de bosque desde 2016, una extensión similar al tamaño de Chipre.

Sin un mando unificado, las disidencias alimentan una nueva ola de violencia que azota a varios territorios. El centro local de estudios Indepaz estima su pie de fuerza en 5.200 combatientes, la mayoría (85%) nuevos reclutas.

El de Santillana, uno de los primeros desertores del acuerdo de paz, es el grupo disidente más grande del país (2.700 miembros).