Este sábado finalizó la undécima edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA XI) en Rurrenabaque, Beni, tras cuatro días de intensos debates y análisis sobre la situación actual de la Amazonía. Participaron delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con diversas organizaciones y movimientos de los pueblos amazónicos.

El evento concluyó con la aprobación de un mandato unánime para continuar la defensa de la humanidad y el planeta. Tras 22 años de su fundación, el FOSPA sigue siendo un proceso clave que converge y fortalece las luchas de los pueblos amazónicos, según se destaca en las conclusiones adoptadas como mandato oficial.

Entre los temas prioritarios abordados durante el evento se destacaron la autonomía y el autogobierno de las comunidades indígenas, quienes enfrentan significativas barreras legales y burocráticas que limitan su capacidad de acción y desarrollo.

Los participantes exigieron el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas conforme a los instrumentos del Derecho Internacional. Subrayaron que la lucha por la autonomía indígena no se limita a lo local, sino que constituye un movimiento político que busca el autogobierno y la libre determinación, desafiando las estructuras estatales vigentes y promoviendo la transformación hacia estados plurinacionales.

Se instó a eliminar las barreras legales y burocráticas que obstaculizan la consolidación de gobiernos autónomos indígenas y la gestión de recursos públicos según las prioridades territoriales, sin estar subordinados a la lógica estatal convencional.

Enfatizaron la necesidad urgente de garantizar una participación efectiva de los pueblos indígenas en las discusiones sobre crisis climática y biodiversidad, dada su posición como defensores enfrentando problemas como la corrupción, la falta de acceso a la justicia, invasiones y violencia.

Las delegaciones también se comprometieron a promover la justicia hídrica, la protección de los bosques amazónicos, la eliminación de subsidios y financiamientos a actividades extractivistas, y a prohibir la exportación de productos que contribuyan a la deforestación. Además, plantearon la creación de un sello amazónico para productos agroecológicos y la construcción de una zona libre de extractivismo minero.

Demandaron una transición energética justa, popular e inclusiva, que garantice el derecho a la energía y promueva alternativas económicas sostenibles en regiones libres de combustibles fósiles. También se expresó un firme rechazo a los proyectos de palma africana para biodiesel, señalando que vulneran derechos humanos y territoriales, beneficiando a empresas privadas sin abordar la crisis climática.

Finalmente, se rechazó el uso de semillas transgénicas y biotecnología, abogando en cambio por la implementación de la soberanía alimentaria y sistemas alimentarios locales basados en prácticas agroecológicas. Se subrayó la importancia de la investigación e innovación en colaboración con instituciones académicas para alcanzar estos objetivos.