Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

Texto: Jimena Mercado | Imágenes: Wara VargasANA - Brújula Digital

El municipio se declaró en emergencia el 2021 debido a la disminución de los caudales de agua superficial en un 50%.

De llamarse “la Perla del Oriente” por sus abundantes fuentes de agua, el municipio de Roboré, en plena Chiquitanía, enfrenta uno de sus momentos más duros; debe buscar agua subterránea para garantizar al menos, el 50% de la demanda de la población que crece a pasos agigantados, ante el campanazo de 2021, cuando el municipio se declaró en emergencia por la reducción de caudales.

Los nuevos asentamientos que llegan acompañados de deforestación, tráfico de madera, incendios forestales y la ampliación mecanizada de la frontera agrícola son los principales problemas, a una latente preocupación de las comunidades por la calidad del agua. 

El presidente cívico de Roboré y representante de la Reserva de la Resistencia de Tucabaca dentro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Rubén Darío, califica el proceso de avasallamiento de los últimos años, como una “invasión territorial” con fines políticos.

“En estos últimos años lamentablemente hubo una disminución del caudal del agua bastante preocupante, dado que Roboré demográficamente ha venido creciendo demasiado, siendo un destino turístico bastante frecuentado en el sudeste chiquitano, y preocupa mucho más, porque va creciendo la demanda mucho más y eso se ve con los hoteles”, señala.

Al margen del crecimiento vegetativo poblacional, el cívico afirma que los nuevos asentamientos humanos en el municipio de comunidades campesinas e interculturales, junto a una acelerada deforestación en la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca hacen que los ciclos hídricos se vean afectados, al igual que la calidad del oxígeno.

“El propio crecimiento poblacional está haciendo que esta demanda aumente, pero la deforestación que estamos sufriendo en el valle de Tucabaca, que es el pulmón que genera aire y agua en las propias cuencas hace que suframos más”, señala el chiquitano, mientras toma café recién destilado para aplacar la calor que provoca los casi 40 grados centígrados de temperatura que se registra en Roboré.

El valle de Tucabaca, ubicado a más de 400 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, al lado de la carretera Bioceánica,  cuenta con el bosque seco mejor conservado del mundo, al menos así era antes de los avasallamientos y la expansión del agronegocio. Sus aguas no solo abastecen a Roboré, sino también de manera subterránea a parte del Chaco paraguayo y al pantanal de Otuquis, un sitio Ramsar a nivel mundial.

 “De su conservación depende mantener el caudal de lo que sería el canal Tamengo de la hidrovía Paraguay-Paraná”, explica.

Los pobladores identifican presiones sobre Roboré desde diferentes frentes: cinco unidades militares que consumen importantes volúmenes de agua, avasallamientos de interculturales seguidos de deforestación e incendios forestales con altos costos socioambientales, además de un agronegocio que se abre paso con maquinaria en medio de la confusión.

Detrás de estas penetraciones se identifica la complicidad gubernamental a través del Instituto Nacional de  Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de bosques y Tierras (ABT).

El propio exviceministro chiquitano Damián Dorado, alentó la toma de tierras en esta región, cuando el 2018 admitió un proceso político en el traslado de comunidades interculturales a esas regiones. “Los cruceños a quienes protege el Comité Cívico, son los que quieren desterrarnos del territorio, y su terror es la presencia del campesino porque estarían siendo amenazados por el voto en las urnas”, dijo entonces.

Y admitió que lo mismo que sucede en Roboré también ocurre en San José de Chiquitos, San Rafael, San Miguel de Velasco, San Ignacio, Concepción, entre otros.

“Este año nuestra cooperativa del agua Consepur ha tenido que ayudar a los tanques que alimentan la red a través de un pozo de una comunidad de un privado. Se tuvo que trasladar a aproximadamente 90 mil litros diarios para que no haya escasez”, apunta Darío con preocupación.

A criterio del cívico, la situación se puede agravar porque “todos los días se está sufriendo por la deforestación, el tráfico de madera autorizado por el Gobierno. Hay comunidades fantasmas que tienen autorización de la ABT para poder sacar la madera, gente que no vive en el lugar pero se está enriqueciendo, utilizando terceras empresas para el manejo de nuestros recursos”.

Darío se atreve a dar una cifra: “el 97% de los nuevos asentamientos tienen autorización del Gobierno a través del INRA y la ABT, pero se trata de comunidades fantasmas, porque después de deforestar y traficar la tierra y la madera se van del lugar”.

Para el dirigente, la “Perla del Oriente”, llamada así por la cantidad de afluentes que pasan por este territorio, actualmente ya no tiene ni siquiera la capacidad de auxiliar a poblaciones vecinas que sufren de escasez de agua, pues corrientes y quebradas ya están totalmente secas.

“Los caudales de los ríos han bajado de manera alarmante; con estas últimas lluvias ha subido algo el nivel, pero estamos cerca del río Roboré que hace unos 15 días se lo cruzaba dando un salto, quedó un hilo al punto de soltarse por la escasez del agua”, alerta.

Para conocer las condiciones de abastecimiento de agua en Roboré se llegó hasta el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré (Cosepur), Moisés Blanco, quien se apresura diferenciar la situación de San José de Chiquitos, donde el 70% de su abastecimiento depende de pozos.

“El 100% del agua es superficial en Roboré; tenemos tres plantas de agua: una en San Manuel con dos tanques de 400 cubos con dos alusiones de seis pulgadas, la otra en San Francisco donde tenemos tres tanques: uno que capta 100 mil litros, otro de 100 mil y el otro de 300 mil litros”, detalla.

Desde Consepur se bombea circuitos cerrados para los barrios altos de Roboré desde el río del mismo nombre, y la tercera planta de tratamiento 3 de mayo cuenta con un tanque de 200 cubos hasta donde se capta agua del río Brasiqui.

“Roboré se provee el 100% de agua superficial, es diferente a San José de Chiquitos, donde casi el 100% es agua subterránea” señala Blanco.

Sin embargo dice que no es momento para cruzarse de brazos pues junto con el Consejo de Administración y Vigilancia y un equipo técnico profesional encaran la proyección del cambio de la matriz de captación, para que ya no sea el 100% agua superficial.

“Queremos que hasta el 2022 sea 50%, 50%; es decir, la mitad agua superficial y la otra, subterránea”, explica.

Señala que se empezó con el primer pozo colocado a la red con su propio sistema, lo cual ha dado lugar al crecimiento de la cooperativa del agua. “Nuestra proyección es ser la primera institución de prestigio en Roboré”, dice.

El 23 de agosto del año pasado, el municipio de Roboré se declaró en estado de emergencia, porque los caudales de agua que ingresan a la planta bajaron de 13 metros por segundo a seis, lo que significa más de la mitad. “Hicimos conocer una declaración entonces a la honorable Alcaldía Municipal, al Concejo Municipal como a todas las autoridades del Consejo de Operaciones de Emergencias”, dice.

Fue cuando la cooperativa tuvo que realizar algunas inversiones que no estaban dentro de su Plan Operativo Anual (POA), como la contratación de una cisterna para trasladar agua desde un pozo privado que se encuentra a nueve kilómetros del pueblo y que provee 30 litros por segundo.

Se trata de un pozo a 180 metros de profundidad y que tiene una agua mineral tipo doble AA, muy buena. Sin embargo para llegar a esa profundidad se requiere de perforadoras petroleras, debido a que esta región se encuentra sobre la franja precámbrica de roca dura.

“Empezamos a traer agua para llenar la planta para que en Roboré no falte el líquido elemento –porque lo más indispensable es el agua potable-  y no solo eso, alquilamos una cisterna más chica”, sostiene.

Blanco hace notar que el POA de Roboré respecto al agua data del año 2007 y fue elaborado pensando en los 10 mil habitantes que habían entonces. “El proyecto de agua potable y alcantarillado era para 10mil habitantes y no 20mil, porque Roboré ha crecido bastante”, señala.

“Como pueden ver en el mapa de Roboré, fue elaborado el 2007. Tenemos tres plantas, una en la comunidad indígena San Manuel que tiene 400 cubos de agua, la segunda planta que está en el barrio 3 de mayo, y la planta de San Francisco. Estas plantas son las que proveen de agua superficial para toda la población”, precisa.

Actualmente Roboré tiene 17 barrios que reciben agua potable las 24 horas del día a través de tres circuitos: San Francisco; 3 de Mayo y San Manuel.

“Entonces a través de estos circuitos se abastece a más de 1 millón 200 mil litros diarios que ingresa al sistema (…). Tenemos una red de 75 kilómetros porque Roboré ha crecido, después de 2007 con la carretera bioceánica ha crecido más y eso nos compromete y desafía como institución a crecer al mismo nivel que la población está creciendo”, manifiesta.

Moisés Blanco, oriundo chiquitano, señala que en sus más de 50 años de vida ha podido conocer las fuentes de recarga de agua en las nacientes y por eso ve con preocupación, cómo se asentaron comunidades de colonos, más conocidos como interculturales y menonitas justo en las nacientes de agua y “deforestaron tremendamente el bosque”.

“Dentro de esas comunidades habían ríos que ya desaparecieron por la cantidad de deforestación, más al norte se asentó una comunidad menonita, y los menonitas no deforestan una hectárea, más bien nuestros agricultores bolivianos están a hacha, machete y motosierra, en cambio los menonitas es con tractor”, afirma.

La deforestación en las zonas de recarga es muy grande, advierte el presidente de la cooperativa, por lo que se solicitó al Concejo Municipal elaborar una Ley de Recursos Hídricos para buscar a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, organizaciones no gubernamentales y otras entidades comprometidas con le temática, financiamiento destinado a cuidar y preservar zonas de recarga hídrica.

“Nuestra principal preocupación son las deforestaciones que han hecho que los ríos bajen su caudal, y si este año bajaron a seis metros, tenemos miedo que bajen a tres el 2022 debido al cambio climático, a la deforestación, a los incendios forestales”, expresa.

Recuerda que el 2019, durante el Gobierno de Evo Morales, solo el departamento de Santa Cruz perdió 2 millones de hectáreas de bosques, y que el 2020 en la gestión transitoria de Jeanine Áñez también se produjo una quema muy grande en la Chiquitanía, comportamiento repetido el 2021, lo cual repercute en el medioambiente.

“Cuando vemos más comunidades que se van asentando alrededor de Roboré nos preocupa porque muchas veces vienen sin una planificación y eso nos trae una carga social a la población”, asegura.

Blanco afirma que la cooperativa debe ser parte de la solución a la crisis hídrica para que la disfruten las futuras generaciones “para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de esos ríos preciosos que nosotros disfrutamos en nuestra infancia, y si no lo cuidamos, ellos solo los verán en fotografías”.

“Es desgastante esta lucha”

La presidenta del Comité de Gestión del Área Protegida Municipal y Unidad de Conservación de Tucabaca, Zoila Zeballos afirma que esta reserva natural es la guardiana del agua dentro del municipio de Roboré.

“Nosotros tenemos una marca de Tucabaca que nos identifica y que refleja lo que significa los reservorios, las nacientes de toda el agua que consume la población urbana y sus comunidades de Roboré, es más, ahora como Tucabaca es la protagonista en tiempos de sequía que provee agua incluso a otros municipios”, señala orgullosa del lugar donde nació.

Menciona que Roboré salió en auxilio de San José de Chiquitos en varias ocasiones para proveerle el líquido elemento a la población vecina porque se conoce que no cuenta con fuentes de agua superficial, mientras que Roboré se presenta al mundo como uno de los pocos municipios de Bolivia donde se realiza turismo con agua.

“Pero lamentablemente el agua se consume y se gasta cuando no hay conservación del bosque (…). Y ustedes son testigos de que por varios años peleamos por la conservación de nuestros recursos naturales, nuestros bosques, de nuestro medioambiente con el único principio de conservar el líquido elemento para los próximos años”, señala.

Sin embargo afirma que la lucha es constante en contra de los avasallamientos e incendios forestales. “La piratería de madera hoy en día Tucabaca se está realizando sobre una área de 262 mil hectáreas que son cuidados por pocos guardaparques”, explica.

Zeballos asegura que es “muy desgastante” estar en esa lucha constante en defensa del área protegida y calificó de “terrorífica y peligrosa” a la estrategia de penetración en estos territorios por parte grupos campesinos e interculturales afines al Gobierno.

Y lanza la advertencia: “Si no hay bosque, olvidémonos, en Roboré no habrá agua”, y acota de inmediato: “la conservación de Roboré no es por obra y gracia del espíritu santo, Dios nos lo dio, pero nosotros tenemos la obligación de conservarlo”.

“Estamos preocupadas por la calidad del agua”

En la comunidad de San Manuel se encuentra la primera cacique de las 16 comunidades indígenas del municipio de Roboré, Nardi Velasco, quien asegura que la única comunidad indígena que cuenta con agua potable, y por tanto, el servicio de la cooperativa es San Manuel.

“Como comunidades indígenas estamos trabajando para que estos recursos nos llegue más barato porque somos de la comunidad y aparte la empresa nos debería dejar una regalías para que el agua sea igualitario para todos”, plantea la también presidenta de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar).

 Reclama que la Cichar pague mensualmente 45 bolivianos, cuando apenas se usa el agua de su sede, mientras que cree que es más equitativo que una familia de cinco personas pague en promedio 19 bolivianos al mes.

“Me gustaría que pudieran visitar las tomas de agua, nosotros hemos visto que donde hay almacenamiento de agua y no tiene una tapa, está expuesta el agua. Puede entrarse un animalito, puede morir o se hace sus eses, por eso seguimos trabajando porque el agua sea de calidad”, observa.

La cacique informa que a raíz de un proyecto para el procesamiento de harina de yuca, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) hizo pruebas de laboratorio al agua de cañería “y pilló que casi el 80% del agua estaba contaminada y se trata de la bacteria del cólera”.

La líder indígena afirma que la comunidad está alarmada. “Nunca tuvo un buen tratamiento el agua y ahora están alarmados. Una ONG consiguió el cloro para tratar el agua pero ellos lo están haciendo como comunidad, y es responsabilidad del municipio ver qué calidad de agua está consumiendo la comunidad, nuestros niños. Para nosotros es un poco preocupante”.

De no encontrar esos niveles de contaminación en el agua por parte del Senasag, Velasco dice que la comunidad podría haber continuado consumiendo el agua como si nada. “¿Cómo estarán las otras comunidades?”, lanza el cuestionamiento.

Donde no llega el agua potable afirma que las comunidades colocan de manera manual su toma de agua y sus cañerías para captar agua sin ningún tipo de purificación. “Ellos tomen el agua que baja de los cerros pero no hay tratamiento”, afirma.

“Como comunidades indígenas estamos muy preocupadas, hemos descubierto que no hay buen tratamiento de agua (…). En una comunidad hubo una señora que murió de dolor de estómago y me pongo a pensar: ¿no será el agua que está haciendo mal a las personas?”, manifiesta.

Velasco, quien se ganó el respeto de las comunidades por su trabajo y liderazgo, señala que ha exigido a nombre de las comunidades una ley  de gestión de riesgos que vaya atender las necesidades de agua de todas las comunidades que están abandonadas.

“Ya van dos años como cacique y ya me gané un montón de enemigos solo por el hecho de observar que estamos mal (…). Estamos despertando de una tragedia que está pasando”, dice.

Detalla que actualmente en la jurisdicción de Roboré hay 20 comunidades, en cada una hay aproximadamente 300 familias, con excepción de una que tiene solo 18 familias. “La mayoría de las comunidades están sobre la carretera Bioceánica, solo contamos con cinco comunidades que no están cerca de la carretera. No hay pretextos para no ser atendidas”, reclama.

En cuanto a electricidad dijo que hay una comunidad con más de 100 años que está sobre la carretera y no cuenta con electricidad, aunque no precisó su nombre.

“En el tema de salud lo que se ha visto es que por la pandemia están visitando las comunidades y están apareciendo brigadas solidarias que llegan al municipio a brindar servicios, pero deberían venir del Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que velen por el agua en las comunidades”, sugiere la cacique.

Por su parte, Sofía Mamani, secretaria de Género de Cichar asegura que en su comunidad Limoncito solo hay agua día por medio porque deben compartir la toma de agua con otra comunidad vecina de nombre Lisoto.

“El agua viene de un cerro y de ahí sale el agua y está almacenada en un tanque, nosotros instalamos el tubo y la comunidad tiene un grifo. No es agua potable, pero su calidad se mantiene con tabletas, pero nunca nos ha hecho mal esa agua, en cambio el agua de Roboré nos ha hecho doler el estómago”, asegura.

Sin embargo explica que la cantidad de agua depende de las lluvias, y estas cada vez son menos recurrentes por la pérdida de bosque que se está dando. “Hemos solicitado pozo, hemos hecho cavar 86 metros y no salió nada, y hemos invertido a la tontería”, dice.

Limoncito está a 16 kilómetros del pueblo de Roboré y cuenta con 76 familias. “El problema actual es que hay poca agua y aumentaron los comunarios”, afirma.

“En época seca tenemos agua día por medio”

Marina Justiniano, vicepresidenta de la organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas-Roboré que vive en Lisoto, afirma que cuando llueve hay agua. Pareciera algo muy lógico, pero en su situación dice que no, porque está latente la destrucción del bosque.

“Tenemos una sola toma con la comunidad de Limones, desde la comunidad Lisoto compartimos, viene el agua de nuestra comunidad y la pasamos a Limones. Y cuando hay época de seca compartimos día por medio”, señala

Sin embargo dice que en época seca ya saben cómo almacenar agua en vasijas, tanques, baldes. “Nos acumulamos para tomar y cocinar y para los animales, y lavamos ropa cuando sabemos que habrá agua”, dice.

“Nos pasará lo de San José si no cuidamos nuestros ríos”

Daniel Arias, señala que en un congreso celebrado el octubre del año pasado, en el municipio de San José de Chiquitos, varias comunidades se declararon en emergencia. “Hablamos de qué está ocasionando la pérdida de nuestras cuencas, como la escasez de agua, porque nuestros hermanos josesanos no tienen ríos, el 70% se abastece de los pozos”, señala.

El joven líder está consciente que si los roboreños no cuidan sus bosques sufrirán de la escasez de agua, al igual que sus vecinos de San José de Chiquitos.

“Va a pasar lo mismo aquí si no cuidamos, si no le damos buen uso de nuestros ríos, tenemos la bendición de tener agua dulce, por eso en la cumbre llegamos a la conclusión de hacer la elaboración de una ley para proteger el agua, para cuidar nuestras fuentes de agua, nuestra cuenca”, afirma.

De ese modo, los pueblos chiquitanos se declararon en emergencia, hasta el punto que rechazaron de manera unánime el intento de una empresa minera de ingresar a la zona.

“Quería explotar minerales y toda la población se fue en contra de la minería, porque sabemos que nos volverán más pobres, y destruiremos a un municipio amplios potenciales turísticos”, expresa.

Daniel se declara guardián de los ríos y las cuencas de aguas dulces. “Nos sentimos muy apenamos por las altas temperaturas que estamos sufriendo y por eso mismo estamos perdiendo el caudal, antes gozábamos de ríos con grandes caudales que ya no se ven”, afirma.

La Fundación Tierra afirma que entre el 2013 y 2019 se han contabilizado 1.400 nuevos asentamientos en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, la gran mayoría en tierras fiscales y otras en áreas en proceso de saneamiento solicitadas por comunidades indígenas. El INRA reconoció más de 900 nuevas autorizaciones en ese periodo.

Este reportaje ha sido producido con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia