AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Se suman las organizaciones que rechazan la introducción de más transgénicos en Bolivia, así como la mercantilización de las funciones ambientales, tal es el caso de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) que en las últimas horas emitió un pronunciamiento en ese sentido, donde además se propone a la agroecología como alternativa para producir alimentos saludables frente a los monocultivos generados por los biocombustibles.

La agroecología es entendida como la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles, lo cual puede ser entendido como el cultivar y producir alimentos en armonía con la naturaleza, esto es sin dañarla, no desecándola ni agotando la riqueza y biodiversidad de sus suelos, pues esos males le provocarían los monocultivos, de carácter intensivo y a gran escala.

Sentencia que mercantiliza las funciones ambientales

La sentencia 0040/2024 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declara inconstitucional la frase del Artículo 32.5 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N° 300 la cual establece que los planes de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán orientados a la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra.

Dicha sentencia es categóricamente rechazada por la PBFCC en su pronunciamiento, pues arguye que ello conlleva a violar la Constitución Política del Estado (CPE) que en su Art. 357 indica que ninguna instancia extranjera inscribirá como propiedad suya los recursos naturales bolivianos, además que se vulnera a los derechos de la Madre Tierra.

“…da vía libre a la privatización de las funciones ambientales como la polinización, filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico, el reciclado de nutrientes, formación de suelos, la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), y otras. Siendo que los recursos naturales (materiales e inmateriales) son de propiedad del pueblo boliviano”.

Los bonos de carbono consisten en un permiso de emisión de una cierta cantidad de dióxido de carbono (CO2) u otros Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es así que por cada bono de carbono se puede liberar a la atmósfera una tonelada métrica de CO2 o una cantidad semejante de GEI. Y, si bien ello además equivale a mercantilizar una función ambiental, beneficiaría a las grandes empresas que sí pueden pagar para contaminar ya sea con CO2 o GEI y continuar con su negocio en detrimento de la naturaleza.

En consecuencia, todo ello estaría estrechamente relacionado a la ética y la eficacia de neutralizar las emisiones mediante la compra de bonos de carbono.

“…ojalá pueda haber una reconsideración, estamos en tiempos muy críticos porque hay la crisis económica, la falta de dólares, y pareciera que no solo el gobierno nacional, sino también estos órganos como el órgano judicial quieren ver de dónde vengan recursos, aunque tengamos que rifar nuestros recursos naturales, y eso nos parece un retroceso y creo que la sociedad civil tiene que tomar una posición firme frente a esto”, estimó Juan Carlos Alarcón (PBFCC).

El pronunciamiento de la organización fue firmado por los más de cincuenta miembros a los que agrupa la PBFCC, como el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Cáritas Bolivia, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de la Soberanía y la Dignidad (Codepanal), Fundación Jubileo y Red Polinizar, entre otros.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo mediante otro pronunciamiento exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional que desestime inmediatamente las observaciones a la Sentencia Constitucional 0040/2024, observando la posibilidad de que para dicha sentencia no se haya analizado todo el marco normativo y contextual pertinente.

“La Defensoría del Pueblo reafirma su convicción y compromiso de defender los derechos ambientales y de la Madre Tierra. En ese sentido, llama a los diferentes actores a reflexionar sobre este tema, debido a que podría tener efectos que contravengan los derechos humanos y de la Madre Tierra”, finaliza el referido documento.

Falsa solución

Así se califica a la biotecnología, la cual, además de los biocombustibles estaría promoviendo el empleo de agrotóxicos, fertilizantes químicos y semillas transgénicas, en ese sentido el manifiesto de la organización ambiental rechaza su implementación al considerar que en vez de evitar que continúe la importación de combustibles y la enorme erogación en dólares que implica, solo agudizará la depredación de la naturaleza al introducir especies foráneas como la palma africana y alterar los ecosistemas nativos.

“Rechazamos la aprobación y uso de transgénicos, como los eventos HB4 en soya y trigo, porque son una amenaza a la soberanía alimentaria creando dependencia de semillas y tecnologías de empresas multinacionales, en desmedro de los agricultores y productores locales. Son una amenaza para la agricultura tradicional y variedad de cultivos propios, afectando a la cultura e identidad de nuestros pueblos. La capacidad de estos de soportar agrotóxicos potentes, representan un riesgo a la salud de productores consumidores y una afectación clara al medio ambiente”.

“Pero están intentando incorporar otros eventos con el pretexto de que va ser mucho más resistente a la sequía y a otros eventos climáticos, sin embargo experiencias de los países vecinos han mostrado que no es así, incrementa en pequeñas proporciones, pero no es sostenible, sino, más bien tiene efectos devastadores sobre la naturaleza principalmente, sobre los suelos, el agua, la biodiversidad y principalmente sobre los bosques, pero también tiene impactos sobre los pueblos indígenas originario campesinos, sobre los territorios indígenas. Entonces creemos que es una falsa solución, no es viable para el país…”, explicó Freddy Villarroel (CIPCA Altiplano).

También el Movimiento Agroecológico Boliviano emitió un pronunciamiento en el que se opone a la legalización de nuevos transgénicos como la soya y el trigo HB4, considerando que no solucionan la crisis económica ni mejoran la productividad, señalando que el uso del Glufosinato de amonio que viene con ellas es tóxico poniendo en riesgo la salud humana así como el medio ambiente, por lo que exigen la suspensión inmediata de cualquier evaluación o aprobación de esas sustancias, al no contar con respaldo legal ni estudios científicos suficientes.

“Tampoco soluciona el problema de la productividad ni los bajos rendimientos de cultivos y solo tiene rendimientos positivos cuando la sequía es moderada. El evento HB4, implica el uso del herbicida Glufosinato de amonio que abarata costos de producción de la agroindustria, ya que lo importaron sin carga aduanera. Este herbicida tiene nexos con enfermedades crónicas como el cáncer”.