AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Bajo las premisas de fortalecer la defensa del territorio y el ejercicio de derechos ambientales, así como mantener comunicación y apoyo entre defensoras, la ciudad de La Paz fue escenario de la conformación de una alianza regional de mujeres defensoras ambientales bajo el paraguas del curso regional presencial “Género y ejercicio de derechos en el marco del Acuerdo de Escazú”.

El evento reunió por dos días consecutivos aproximadamente a veinte defensoras ambientales, especialmente del área rural de diferentes regiones y municipios de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, como ser comunarias de Palos Blancos, Sapecho y Zongo en La Paz; Poopó en Oruro o Huanuni y Cala Cala en Potosí quienes denunciaron las amenazas y agresiones que se viven en sus regiones contra el agua, la salud y el medio ambiente.

“Mujeres por Escazú en Bolivia, Defensoras indígenas y rurales por la Igualdad de Género y la Justicia Ambiental” fue desarrollado gracias a un proyecto conjunto de Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (Semta), ONU Mujeres, Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) y el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo con el objetivo de capacitar y equipar de conocimientos a las defensoras ambientales sobre el Acuerdo de Escazú, así como a qué instancias jurídicas pueden acudir.

Aprobar a las cooperativas mineras afectaría al medio ambiente

Entre las participantes destacó la voz de María Isabel Quisbert, amauta de la jurisdicción de Zongo quien hizo referencia a lo trascendente de la participación de las mujeres en la defensa ambiental, así como en la unidad de todas ellas en la defensa de la vida y el medio ambiente.

““Zongo es el pulmón de la ciudad de La Paz, sin embargo, hasta el momento está siendo afectado. En el 2010 era una sola empresa minera, en este momento hay más de quinientas cooperativas en trámite, si esto se da, entonces el medio ambiente totalmente va afectar a la ciudad de La Paz, ésa es una de las preocupaciones más fuertes de mi persona”, advirtió la dirigente de Zongo, distrito rural dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

“El pozo Mayaya es un monstruo y no hubo consulta previa”

Por su parte, Daily Endara Pacheco, vicepresidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la TCO Mosetén (Tierra Comunitaria de Origen) – Palos Blancos, destacó el carácter agroecológico del Municipio de Palos Blancos, su producción de café, cacao, cítricos, yuca y otros varios remarcando su lucha contra la minería, pues ese municipio es, conjuntamente con el de Alto Beni, uno de los que se ha declarado libre de esa actividad depredadora.

Sin embargo, la vicepresidenta de esa TCO Mosetén advirtió sobre la gravedad de otras amenazas, como la del pozo Mayaya, cuya explotación generaría graves consecuencias ambientales en la región.

«Ahora, el monstruo se nos viene grande, es el tema del pozo Mayaya, sumamente preocupante para nosotros como pueblo indígena, ya que estamos ahí y somos un municipio agroecológico, pero vemos también que no hubo la consulta previa con los pueblos indígenas y aquí también vamos a ser parte afectada con este tema de Mayaya”, observó preocupada la representante indígena, quien comparó la situación con el caso Tariquía (ver “Masiva marcha en Tarija dio 72 horas de plazo para que Petrobras salga de la Reserva de Tariquía”, ANA Bolivia, 08/01/26).

«La minería está activa en el centro de la ciudad de Oruro»

Otra defensora ambiental es Vilma Rocabado, ella representa al Comité Intersectorial de Mujeres-Oruro y destacó las particularidades del encuentro de capacitación, su énfasis en los derechos de quienes defienden al medio ambiente, la importancia de la unidad, el conocimiento del Acuerdo de Escazú y el hacer efectivo su cumplimiento.

“Hemos venido a este encuentro de capacitación, sobre todo de los derechos de las mujeres y asuntos de medio ambiente. Estamos en un evento de tres departamentos: Potosí, La Paz y Oruro en el que estamos analizando como defensoras del medio ambiente, para ver cómo podemos hacer para unirnos y llenar algunos vacíos que tenemos porque lamentablemente el Estado no nos conoce como defensoras del medio ambiente”, dijo.

La dirigente subrayó lo que sucede en Oruro respecto a la contaminación que genera el extractivismo minero, la presencia de esta actividad inclusive en el centro citadino, así como en áreas rurales, tales como el municipio de Poopó o inclusive el centro minero de Huanuni, cuyas minas contaminan el río Sora:

“En el caso de Oruro estamos viendo que el extractivismo está desmedido, está contaminando todos los ríos, el lago Poopó, no se está respetando ese sitio Ramsar (humedales y ecosistemas de esa naturaleza), está entrando la minería ilegal a todo, incluso al centro de la ciudad donde está la Virgen del Socavón, por ahí hay una zona que se llama “Socavón”, por ejemplo, hay una mina, minería ilegal, donde si bien se ha intervenido, siguen en la noche explotando”., acotó.

«También contaminan el subsuelo»

La cuestión de la minería y la contaminación que genera en las aguas fue un denominador común para las defensoras ambientales que participaron en el curso de capacitación, tal es el caso de María Luisa Rafael del ayllu Cabeza Primera de Tapacarí, comunidad Querarani de Poopó, Oruro.

«El tema de defensora del medio ambiente fue cuando en mi ayllu me nombraron para hacer la defensa contra la contaminación minera, allá opera la cooperativa El Carmen, también la Mina Candelaria que es privada y que tiene tres concesiones, ahora por temas de intereses económicos de la mina y por intereses de la comunidad que no queremos la contaminación allá, fuimos nombradas y allí empezó mi liderazgo”, dijo.

La líder orureña relievó el carácter trascendente de ser capacitadas en cuanto a los recursos jurídicos a los que pueden apelar, en este caso los comunarios y comunarias, en situación de verse afectados por actividades que provocan daño y contaminación a la naturaleza, a las aguas y desde luego, a su salud, así como a sus cultivos, a objeto de que las autoridades gubernamentales actúen de una vez de manera eficiente para acabar con ese mal tan nefasto:

“Ya mucho tiempo hemos estado demandando la contaminación puesto que no hay legalidad, fuera de la Ley 1333 no cumplen los roles que no deberían contaminar nuestras aguas y no solamente nuestras aguas, sino también el subsuelo y eso ocasiona también el deterioro de todo, la desertificación de nuestras tierras y por tanto la gente migra a la ciudad porque no hay producción en las comunidades”.

La minería apela al derecho preconstituido

No podía faltar la voz de las defensoras ambientales de Potosí, en este caso de Olivia Portillo, representante de la comunidad Cala Cala del municipio de Uyuni, quien hizo referencia a la figura jurídica en la que se amparan algunas cooperativas mineras y que son los derechos preconstituidos que las eximen del cumplimiento de la ley si ésta ha sido promulgada luego de haber ellos obtenido su concesión.

“Una cooperativa minera, que actualmente ya es legal, porque ya tiene su licencia ambiental que ha sido otorgada el 2024 y es como el contrato minero ha sido antes de la nueva ley minera, así que es preconstituida, así que nunca vamos a poder indicar que no tiene contrato”.

Acuerdo de Escazú: acceso a la justicia y a la información ambiental

El Acuerdo de Escazú fue suscrito en 2018 el 22 de abril de 2021 en la ciudad costarricense de Escazú por veinticinco países de América Latina y el Caribe, entre ellos Bolivia que se adhirió al convenio y lo ratificó mediante Ley N°1182.

Dicho acuerdo tiene entre sus objetivos garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. (v. “Suscrito y ratificado, Bolivia incumple el Acuerdo de Escazú”, ANA Bolivia, 05/06/24 y “El acceso a la información ambiental está vigente desde este jueves, Día Internacional de la Madre Tierra. ANA Bolivia”, 22 2/04/21).