AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

De Chaco a Tres Marías, los testimonios de las víctimas de vulneración de sus derechos por parte de mineros ilegales del oro, dan cuenta que los casos de avasallamientos, amenazas, agresiones físicas e intimidación persisten en el municipio de Yanacachi, donde la penetración de cooperativas auríferas a sus territorios se da a través de la creación de comunidades ficticias creadas en tiempo récord y solicitudes de extensas superficies de áreas mineras.

“A mi hija menor de edad me la han tocado, me la han agredido, han salido y le han atropellado, le han destrozado hasta sus lentes, estas personas no deben saber respetar ni a su mujer. ¿Dónde están las leyes? (…). Nos amenazan, quiero poner en conocimiento”, denuncia con voz entrecortada Isaac Catacora, secretario general de Tres Marías.

En medio de una asamblea de emergencia de la comunidad, hace conocer que los mineros ilegales lo amenazaron con hacerlo desaparecer. “Me dicen: si te metes estarás afectado, tenemos organizaciones en otras partes”, dice.

“Abiertamente digo a la prensa, que escuchen las autoridades, en ninguna parte han querido hacernos caso, el derecho a la mujer falla, en esta comunidad nos sentimos solos”, lamenta en la sede de la comunidad, colmada de mujeres y hombres del campo.

Desde la testera asegura el líder comunario que los mineros ilegales le advirtieron que si lo vuelven a ver en el río, se irá a la cárcel. “No se trata de una comunidad, sino de una cooperativa, y hasta se está haciendo malversación de los fondos del Estado porque la Alcaldesa de Coroico visita a esa cooperativa, por eso quiero que se llegue hasta la Contraloría”, señala.

Catacora dice que no contentos con haber «ultrajado a su hija menor», los mineros ilegales se dieron a la tarea de amenazar con hacer desaparecer a cualquier comunario que cuestione la presencia minera en la zona.

“No quiero que quede esto impune, hay dirigentes que se prestan a eso, sí pasa algo con esta comunidad será responsable la Alcaldesa de Coroico, estamos luchando la comunidad Tres Marías que está en la cabecera del municipio de Yanacachi, Irupana y Chulumani, si algo pasa con mi persona, mi familia y la comunidad van a ser responsables ellos”, alerta.

Situación similar ocurrió el año pasado cuando comunarios de Chaco fueron emboscados por mineros con pasamontañas, que intentaron secuestrar a una joven para abusar de ella y dejaron varias personas heridas, según las denuncias de las víctimas.

Kioto Ticona lamenta que Tres Marías esté siendo afectada por riñas y peleas por culpa del municipio de Coroico, la Central de Cooperativas Cotapata y la propia Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar autorizaciones de áreas mineras en zonas de producción agrícola y de flores.

“Pedimos garantías; ya hemos sufrido amenazas de muerte, amenazas de procesos. Ya no se puede dormir con los ojos cerrados, hay que dormir con un ojo abierto por tantas cosas que pasan. A nuestros niños no hay cómo enviarles solos al colegio, hay que estar mirándolos”, afirma.

El comunario dice que lo que pase en la comunidad será responsabilidad de la Alcaldesa del municipio de Coroico, por estar “incitando a la violencia, a la pelea y a la explotación del oro en Yanacachi”.

“Hemos sufrido amenazas de muerte, avasallamientos. Si pasa algo será responsable la AJAM; la Central de Cooperativas Cotapata, como dijo don Isaac, no debe llamarse comunidad Ñequehauira porque es una cooperativa, bien claro hay que decir que vienen concejales, la Alcaldesa, el Sub Gobernador del Norte (de Los Yungas), la Federación de Campesinos de varones y mujeres, en domingo vinieron hacer reuniones”, cuestiona.

El comunario pregunta ¿con qué atribuciones gente de otros municipios se traslada a Tres Marías. “Si quieren muerte, la comunidad no se va a dejar”, asegura.

Cooperativas crean comunidades ficticias

Isaac Catacora, quien hace varios años perdió a sus padres en un trágico deslizamiento de cerro, ocasionado por movimientos de tierra por maquinaria minera, asegura que en un inicio hicieron saber que la empresa denominada CCMINING es la que se asentó de manera supuestamente ilegal en el río, aunque otras comunarios mencionaron otros nombres de cooperativas como El Gran Dorado, Beta Dorada y hasta Trueno 3.

“Todos ellos en vista de que no había avance y que el municipio de Yanacachi no les daba el visto a sus operaciones mineras por el tema de la contaminación, deciden crear una comunidad Ñequehauira Cotapata, que es ficticia. Los mineros se van al municipio de Coroico, donde la Alcaldesa que les da una certificación de uso de suelo sin consultar con la comunidad afectada que pertenece al municipio de Yanacachi”, asegura Fanny Catacora.

Ante esa situación dice que los comunarios salieron a marchar y protagonizar bloqueos en contra de la minería, pero solos unas cuantas personas apoyaron por temor a las represalias.

“Estas personas como dicen ser empresa llevan a una mujer a la cabeza, a Sonia R. Ch. y Elvis C.C., los dos organizan y llaman a otras cooperativas asentadas en Tres Marías y les hacen parte de un directorio de esta comunidad ficticia y luego quieren sacar personería jurídica, a lo que la comunidad ha hecho conocer su oposición”, asegura.

La comunaria de base afirma que Elvis C.C. utiliza los antecedentes agrarios de la comunidad que datan de 1963 y 1988 para hacerse pasar por dueño de la comunidad ficticia.

“No sé cuál es el apetito personal, se ríen en nuestras caras. No es capaz de hablar con nosotros la Alcaldesa, y en lugar de eso nombra a dos señoras que dicen ser comunarias pero que nunca han vivido acá como son Sonia R. y Miriam R., siempre están caminando con ellos, siempre están avasallándonos y no viven aquí, ni siquiera tienen una flor”, afirma.

“Muestran a las cooperativas que están en la cabecera como San Rafael, Salvadora, Yerbani, Beta Dorada, Exaltación y 13 Curvas, y Elvis CC empieza a autorizar porque se hace pasar por dueño de esa comunidad ficticia para que hacer la apertura comunal y pide acciones comunales para una sede, que supuestamente la Alcaldía de Coroico había otorgado a esta empresa CCMINNIG”, sostiene.

Los intentos de ANA por conversar con la alcaldesa de Coroico, Elizabeth Mamani fueron vanos, la autoridad municipal aludida por las y los comunarios de Tres Marías, no respondió a las llamadas a su celular. El responsable de comunicación de la Alcaldía de Coroico, más conocido como “Vico” respondió que gestionaría la entrevista, pero luego cambió de versión: “Dice que no está con tiempo por el momento, le di su número para que se comunique”.

La Alcaldía de Coroico informa principalmente de sus actividades a través de una cuenta en Facebook, por donde difunde actividades de promoción de la capacidad productiva agrícola, apícola, avicultura, deportes y turismo, además de convenios interinstitucionales y gestión municipal que cumple la Alcaldesa. 

“Me tuvieron de rehén, no parecen personas normales”

Entre llantos, una de las mujeres mayores de la comunidad reclama por la falta de seguridad en la zona, como consecuencia de la llegada de los mineros auríferos.

“Ya no tenemos seguridad en Tres Marías, el domingo nos han avasallado tanta gente, mineros, ninguno era gente del lugar, son personas desconocidas. En esta comunidad hay niños y corren peligro, no tienen seguridad, para nosotras mamás solas, papás solos vivimos, vamos al chaco a cultivar flores, pero ya no tenemos seguridad”, lamenta.

Otra comunaria, Roxana Quispe, mujer dedicada a la floricultura denuncia haber sido de víctima de un intento de secuestro por parte de los mineros.

“Esas personas que han venido no parecen normales, me han agarrado a chicotazos, me han llevado casi hasta Unduavi, de dónde estábamos en la reunión me han llevado como rehén, me ha tenido con ellos, mi esposo que agarró del cuello para meterme a la movilidad, sino no sé qué hubiese pasado conmigo y al rescatar lo han hecho caer al compañero, ahí lo han golpeado”, recuerda todavía confusa y asustada.

Quispe, quien llora la contaminación de la vertiente de agua que pasaba por el medio de sus cultivos de flores asegura que los mineros, no solo les amenazaron por reclamar en contra de la minería, sino que luego les hicieron buscar en las flotas que salían de Yanacachi.

“Han pensado que nos hemos escapado en las flotas, han hecho parar las flotas y aquí en los videos van a ver, y aquí está la foto donde ella, la Alcaldesa lleva sus reuniones, ella encabeza, ella es mujer, pero no siente cómo nos pegan, cómo nos atropellan, la dinamita ha explotado a nuestro lado”, relata.

La productora de flores dice que no todo el tiempo pueden movilizarse en carro, por lo que caminar por la comunidad se ha convertido en una actividad peligrosa. “No podemos caminar en nuestros terrenos, no podemos recorrer en movilidad todo el tiempo, debemos volvemos a pie y ya da miedo porque esta gente no respeta”, lamenta.

Denuncia que los trabajos de las cooperativas no se limitan el río, sino que van a las partes altas de los cultivos para afectar ojos de agua y vertientes para sus operaciones mineras con lo que provocan deslizamientos de grandes cantidades de tierra al camino.

«Han venido autoridades pero no han hecho nada, es el camino de Sud Yungas, no sé por qué no hacemos respetar, si esto se derrumba no pasamos, como hace años han fallecido mis familiares y no había paso y han tenido que dar la vuelta”, señala.

Estrategia aurífera de penetración

Al momento de señalar a los “traidores de la comunidad”, las y los comunarios coinciden que son Gastón M, Elvis C. y Jhonatan Q. quienes han llevado los problemas a Tres Marías de la mano de la minería ilegal promovida por el municipio vecino. “No sé qué solución podemos dar a estos tres compañeros”, analizan.

La estrategia de penetración de las cooperativas mineras al municipio precolombino de Yanacachi ha sido frontal y ha empleado un esquema de articulación y acción rápida, basada en la movilización de gente, maquinaria, recursos y aliados estratégicos.

A través del instructivo 03/2023 de septiembre del año pasado, el secretario general de la denominada “comunidad agraria” Ñequehauira Cotapata, Elvis Castro Condo convoca a todos los comunarios que tienen sus predios definidos “para que puedan empezar sus construcciones de viviendas desde el día lunes 11 de septiembre del año en curso hasta el viernes 15 de septiembre del año en curso, deberían empezar de manera urgente e impostergable”.

A pesar que la denominada comunidad agraria Ñequehauira usa papeles membretados de pertenencia a Nor Yungas, en los hechos se ha trasladado a Tres Marías, comunidad del municipio de Yanacachi, capital de la Tercera Sección de Sud Yungas.

La Cooperativa Minera Aurífera Jesús Del Gran Poder RL en una carta del 10 de marzo de 2023, dirigida la secretaria general de la misma comunidad Ñeque Hauira, Sonia Rondo Choque, presenta solicitud de permiso para comenzar trabajos de minería.

“La Cooperativa Minera Aurífera Jesús del Gran Poder RL nos dirigimos para solicitarle nos otorgue el permiso para poder realizar trabajos mineros de socavones ya que nuestro límite está ubicado cerca al sector de la Cooperativa Yerbani dentro del territorio de la comunidad”, se solicita en la nota firmada por Edwin Borras y Roberto Yupanqui.

En una carta del 21 de agosto de este año, dirigida al presidente de Administración y Directorio de la Cooperativa Minera Veta Dorada San Rafael, la supuesta comunidad agraria “Ñequejahuira-Cotapata” de la provincia Nor Yungas, tal como lo establece su papel membretado convoca a una asamblea general.

Con el mismo tenor, Castro convoca al directorio de la Cooperativa Minera Trece Curvas y al 100 por ciento de sus bases a una asamblea general.

El alcalde de Yanacachi, Víctor Fernández (MAS) consultado por este medio para una entrevista para conversar sobre la situación de la minería ilegal del oro en el municipio y los conflictos de avasallamiento respondió: “Cuando esté en la ciudad de La Paz le llamaré, para esto sugiero una conferencia de prensa total”. No se concretó la entrevista.

El 20 de noviembre nuevamente se produjeron hechos de violencia en contra de comunarios que se pararon frente a las maquinarias de las cooperativas mineras, a las que exigieron retirarse de la comunidad Tres Marías.

 

Los mineros de la Cooperativa La Salvadora, llegaron al lugar junto con efectivos policiales, presuntamente trasladados desde el municipio de Coroico, de acuerdo a las denuncias que compartieron por videos que grabaron desde el lugar, con el propósito de avasallar nuevamente a la comunidad.

Concejo ve conversión a comunidades agromineras

El Concejo Municipal debate la situación de la minería del oro en el municipio y al interior hay voces que aseguran que ante la realidad que se vive con la minería, es mejor que las cooperativas dejen regalías para Yanacachi y se formalicen, en lugar de continuar contaminando ríos y el medioambiente a cambio de nada.   

“El municipio se caracteriza por sus 35 comunidades, entre ellas tenemos diversas y el Concejo trabaja por el bien de las comunidades. A denuncia de las comunidades de Tres Marías, Yerbani, Chaco, hubo denuncia de que hubo avasallamiento con actividad minera y que entraron empresas con maquinaria pesada como a Chuspipata, a todos esos sectores” señala el concejal Marcial Gutiérrez del área de medioambiente.

Fue cuando el Concejo Municipal en coordinación con el Ejecutivo denunciaron a la minería ilegal ante la Comisión de Madre Tierra de la Asamblea Legislativa Departamental, que envió una comisión conformada con representación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Se hizo la gestión y a raíz de eso salió una resolución, bajaron las comisiones y hemos ido a Chuspipata y se evidenciaron asentamientos mineros ilegales, ese informe está en la Gobernación y tenemos una copia que se ha emanado”, indica. Sin embargo cuando se le solicita una copia de la resolución, señala que el documento está en su casa.

En la resolución, dice el concejal, se confirma el incumpliendo de normas estándares medioambientales por parte de las operadoras mineras, que el agua de bocamina en lugar de tener algún tratamiento de purificación se va directamente al río, además de una vasta deforestación, aperturas de caminos no autorizadas, entre otros aspectos. “En nuestro municipio son más de 100 cooperativas pero no aportan con regalías mineras y en otros municipios que tienen menos cooperativas tienen regalías más altas, eso debe analizarse”, afirma el concejal.

La Asamblea Departamental ha verificado la minería mecanizada sin respetar la naturaleza, que provoca desmontes y echa al río los escombros.  “La misma comisión ha enviado su informe y la Asamblea ha dado recomendaciones, esperemos reunirnos con las comunidades afectadas y sacar una resolución en favor de la población”, dice.

El concejal Hernán Laura asegura que en un principio se vio bastante gente de las cooperativas que no eran del municipio, sin embargo señala que en el último tiempo, personas de las comunidades se han convertido a la minería.

“Se están incentivando ser cooperativas agromineras, muchas comunidades veo también por el precio de la coca (que ha bajado) como la flor, automáticamente los pobladores están viendo esa la situación que se está viviendo (…). La gente está bajando a los ríos a barranquillar, para hacer minería artesanal, es lo que se ve. La necesidad los está motivando”, afirma.

En cuanto a la minería mecanizada afirma que se ha paralizado aquella que ingresó al sector de Chuspipata, Chaco, Yerbani y Picho. “Al frente se han paralizado, se han detenido maquinarias y esperemos que ahí se pare. No se quiere que ingresen y afecte a la población”, menciona.

Laura afirma que lo del oro es momentáneo y que los buscadores se van luego de sacar algo del metal. “Para coexistir con las cooperativas no podemos tapar el sol con el dedo, hay cooperativas pero pedimos que se trabaje en el marco de la ley, hay que respetar la Ley 535, que debemos respetar y también los usos y costumbres de las cooperativas para que la minería sea en rédito de los municipios”, explica.

En esa línea plantea sentarse cooperativas, municipio y organizaciones sociales. “No tenemos ingresos propios y eso significa hablar con las cooperativas para que puedan tomar conciencia que con las mismas regalías se podría hacer aportar se puede hacer trabajos”, dice.

Explica que los ingresos para el 2024 fueron de 5.4 millones de bolivianos, más recursos propios que oscilan en 800 mil. “Pero también hay que considerar que desde arriba nos están apretando los cinturones para que generemos nuestros propios recursos por la caída del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y peor estará la situación porque Argentina ya no compra el gas de Bolivia porque ya tiene sus propios megacampos petroleros”, dice.

En comparación a Guanay, dice que es un municipio que tiene un presupuesto bajo en relación a sus regalías mineras. “Ellos esperan las regalías y casi no toman en cuenta al presupuesto que envía el Gobierno, por eso digo que es un municipio muy bendecido”, dice.

La presidenta del Concejo Municipal de Yanacachi, Wilma Calle señala que se ha considerado llamar a la Central de Cooperativas para que sean conscientes con el municipio y paguen las regalías correspondientes al oro que están extrayendo.

“Se ha ido varias veces a la AJAM, al Ministerio de Minería, a la Secretaría de la Madre Tierra, a Puente Villa y a Tres Marías, dicen que tiene papeles legales y que cumplen, lo hemos hecho con los dirigentes de las comunidades. Incluso sacaron una resolución en contra de esas cooperativas”, señala.

Calle afirma que el impacto de la minería en el medioambiente es evidente, pues comunidades como Mocori, productora de cítricos como naranjas y mandarinas hoy está seca.

“Yo pienso que es del agua que está bajando de la mina Chojlla, todo se ha sacado y pienso que es por el agua de la minería que está penetrando por dentro, ya no hay frutas, todo se ha sacado”, lamenta.

En cuanto a los proyectos productivos que ofrecen desde el Gobierno central afirma que muchas veces las comunidades no están en condiciones de asumir técnica ni financieramente.

“De haber proyectos, hay, pero el problema es que dan plazo, se tiene que cerrar el proyecto de café y paltas hasta el 31 de diciembre, pero los beneficiarios no cumplen, nos dicen que si no cerramos el proyecto nos harán el débito, por eso mismo las comunidades ya no quieren entrar al proyecto”,  explica.

En su calidad de mujer y madre afirma que la contaminación de la minería es preocupante, ya que los niños que están creciendo y sufrirán más las consecuencias. “Cuando era niña el agua era limpio, ahí te ibas a lavar tu ropa, te ibas a bañar, ahora cuando hace sol rebaja el agua, antes íbamos como en día de campo, pero ahora nuestros hijos ya no pueden, el agua está todo contaminado”, lamenta.

 

Solo tres operan de manera legal

Desde sus oficinas instaladas en el edificio de la Alcaldía, el secretario municipal de Yanacachi, Javier Cáceres destaca que el APRABM- Serranías del Mururata figuran en el Atlas de Áreas Protegidas Municipales de Bolivia publicado el 2022 por el Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

“En el Área Protegida no debería haber actividad minera, el problema es que, como podrán ver, de acuerdo al reglamento que tienen las empresas y las cooperativas que están en Yanacachi, hay un sector afectado, debe haber una batalla para que esto sea suspendido”, señala la autoridad municipal, sin precisar si se trata de “derechos preconstituidos mineros” o solicitudes nuevas.

De acuerdo a datos con los que cuenta la Alcaldía hasta el 2023, hay 93 empresas registradas en el municipio, de las cuales solo tres tienen sus licencias en funcionamiento, dos cooperativas y el grupo International Mining Company Sociedad Anónima (IMCO) que opera hace más de 100 años en la mina Chojlla.

“El resto está en trámite, haciendo sus papeles, pero ya se encuentran trabajando y no hay quién controle, el municipio no tiene la tuición para poder ir y parar las operaciones, mientras que la AJAM no tiene la batería para hacer el control efectivo (…). Ni bien empiezan a hacer su trámite medioambiental empiezan a operar”, afirma.

Reconoce que se tiene conocimiento de la solicitud de cuadrículas mineras al interior de la reserva natural. “Pero también hay que considerar que se está trabajando el Plan de Manejo del Área Protegida y mientras se siga trabajando es una forma de frenar la minería”, afirma.

Al referirse al modus operandi de las operadoras mineras ilegales, sobre todo auríferas, afirma que estas ingresan al municipio a operar sin tener el contrato con la AJAM.

“Lo hacen de manera muy perversa porque no les interesa quién viva ahí, qué depredan, empiezan a deforestar, hacen caminos en sectores sin tomar en cuenta el entorno, hay comunidades que están siendo afectadas, van a aplanar comunidades y hay sectores que están empezando a ser afectados”, denuncia.

“La AJAM otorga permisos sin cumplir con la consulta previa”

El experto en Minería, Héctor Córdova quien realiza un estudio sobre la minería en el municipio de Yanacachi en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la lucha contra la minería ilegal” de Fundación Pueblo ha advertido, que si permiten el ingreso de la explotación del oro, las comunidades tendrán que pensarlo muy bien. 

“Ése ingreso va a destruir el medioambiente, la cultura, la legalidad vigente y toda su tradición y proyectos agroforestales, todo va a desaparecer, porque la explotación aurífera genera recursos inmediatos de gran envergadura, pero al margen de la norma”, asegura.

Área Protegida en riesgo

Las comunidades guardianas del Área Protegida y Reserva de Agua y Bosques (APRABM- Serranías del Mururata) del municipio de Yanacachi en Sud Yungas del departamento de La Paz están en emergencia; el coloso natural se encuentra en riesgo debido a la actividad minera que ingresó al área a pesar de las restricciones y se teme mayor impactos con las nuevas solicitudes mineras en curso.

“Tenemos conocimiento que una empresa pretende adjudicarse la parte alta del Área Protegida, pero esperemos que no suceda eso y se respete la vida, el derecho al agua”, afirma Elizabeth Farfán, presidenta de Gestión del Área Protegida y Reserva de Agua y Bosques Montañosos Serranías del Mururata.

La defensora del área protegida afirma que aunque la Alcaldía pidió incluir un acápite sobre minería al interior de las Serranías de Mururata, no está de acuerdo con ello “porque sería una ventana que aprovecharían para ingresar los mineros”.

Farfán dejó notas advirtiendo de la situación en la Defensoría del Pueblo que a su vez habría solicitado informes a la Alcaldía de Yanacachi.

“Sin embargo hice presentación de mi pedido para respetar la Ley Municipal al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y al Senado, principalmente solicitando apoyo y pronunciamiento para que no haya minería en el Área Protegida, por lo menos en toda la parte alta donde están los polígonos”, explica desde la principal plaza del pueblo. La representante afirma estar consciente de que las actividades mineras envenenan el agua, degradan el suelo y la tierra, las mismas que no vuelven a su estado natural, salvo –dice- que estas empresas y cooperativas tengan planes de reforestación o compromiso de no dañar el medioambiente con químicos.

Sin disimular su preocupación, la oriunda de Yanacachi advierte que la parte alta de la montaña tiene bofedales, bosques productores de agua. “Estos ojos de agua son los que alimentan a las comunidades guardianas, como que han apostado a cuidar el área protegida y trabajar con actividades agrícolas y ecológicas y también con el tema de turismo”, afirma.

Sí las empresas mineras se instalan en la parte alta del área protegida, Farfán advierte que sería un gravísimo daño para todo el municipio y un gran perjuicio para quienes han emprendido la tarea de preservar las Serranías del Mururata.

En una coyuntura compleja de precios altos del oro, que han marcado un nuevo pico en el mercado internacional de 2.609 dólares la onza troy y un contexto de debilitamiento institucional del Estado, la situación del municipio de Yanacachi se complejiza.