AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Indignación y serios cuestionamientos despertó en la población boliviana la aprobación por la Cámara de Diputados a los contratos para la explotación de litio en el salar de Uyuni, en ese sentido una marcha de activistas ambientales recorrió desde Plaza San Francisco hacia Plaza Murillo, donde no pudieron ingresar debido a la vigilancia policial.

Encabezando la marcha y a tiempo de reivindicar el derecho a la protesta y a la fiscalización, se encontraba la activista Beerseba Sarzuri de Guardianes de la Tierra, quien enfatizó en que el litio no es propiedad del presidente ni de la familia del mandatario, como no lo es de los diputados y demás asambleístas, sino es propiedad de todos los bolivianos. A tal objeto ejemplificó el caso de los contratos de explotación de litio, respecto a los cuales observó que fueron aprobados “entre cuatro paredes”.

“Si ellos (los ciudadanos potosinos), vienen a La Paz, nosotros con mucho gusto los vamos a esperar con las puertas abiertas acá a nuestros hermanos potosinos, del salar y de todos los departamentos que se sumen, los vamos a esperar y vamos a hacer todo lo necesario para que cuando lleguen estén como en su casa y no les falte ni agua ni comida, porque estamos luchando por el derecho a la vida”.

Cierre de la AJAM y el INRA

La activista agregó que iniciarán una fiscalización, una auditoría, realizando una convocatoria a una asamblea magna dirigida a los pueblos indígenas para definir qué destino habrá de darse tanto a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Vamos a hacer esta convocatoria para que se cierren la AJAM y el INRA, es el principal objetivo, porque estos dos lo único que han hecho ha sido apoyar a un sector social que son el sector minero y el sector intercultural, y decirles a nuestras autoridades que dejen de dar ministerios, direcciones, alcaldías, etc. a los movimientos sociales…”

La semana pasada la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley referente al contrato entre Bolivia y una empresa china, para la producción de carbonato de litio, se trata de la Empresa Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Hong Kong CBC Investment Limited, Sucursal Bolivia.

Paralelamente, otros movimientos ambientales también se declararon en alerta por la situación, tal es el caso de Lucha por la Amazonía, instancia que convocó a movilizaciones similares tanto en la sede de Gobierno como en otras capitales (Cochabamba), orientándose a concienciar a la población sobre las implicaciones de los contratos para explotar litio.

También en la ciudad de Potosí se registraron al menos dos marchas de protesta en defensa de las reservas de litio de ese departamento (el Salar de Uyuni), tanto académicos de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), como del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contestatario, solicitando los primeros más información sobre los contratos de explotación, en tanto que los segundos se declararon en estado de emergencia, a tiempo de observar que en cuanto a regalías, dichos contratos solo contemplan el 5%.

(v. “Potosinos se movilizan en defensa del litio y cuestionan los contratos, Erbol, 10/02/25 “Más de 20 comunidades serán afectadas por los contratos para explotar litio en el Salar de Uyuni”, ANA, 08/02/25; “Contratos sobre litio no consideran consulta previa ni consecuencias del consumo de agua”, ANA 06/02/25; “Alertan que contratos de litio solo favorecerán a empresas de China y Rusia”, ANA, 04/02/25). (VLM)