El Juez de Rurrenabaque (Beni) dictaminó medidas cautelares con la suspensión de la actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, dentro del proceso de Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). 

El anuncio fue hecho por la jurista que representa la CPILAP, Gabriela Sauma, que calificó como un hito histórico la determinación de la autoridad judicial. 

“Se ha visto la necesidad de solicitar medidas cautelares vinculadas con toda actividad minera ilegal que es la que causa el mayor daño a la salud de los pueblos indígenas por el uso indiscriminado del mercurio”, agregó. 

La medida asumida en la Justicia Constitucional, tiene por finalidad que las instituciones estatales desarrollen verdaderos procesos de consulta previa; prohibir la tramitación y otorgación de nuevos Derechos Mineros en las Cuencas Alta y Baja de los Ríos Madre de Dios y Beni y sus afluentes, mientras sus aguas no sean totalmente rehabilitadas. 

La abogada de CPILAP cuestionó la pretensión que había en la audiencia de vincular a terceros interesados (cooperativistas mineros auríferos) en el proceso, como intentaba la autoridad judicial, lo que significaba que tenía que notificarse a miles de cooperativas establecidas en las cuencas de ambos ríos. “Solo para notificarlos hubiéramos tardado más de un año, lo que dilataba el proceso”, añadió. 

El Juez, al final de la audiencia, determinó las medidas cautelares con la suspensión de la actividad minera ilegal en las cuencas de los ríos Madre de Dios y Beni, y sus afluentes. 

La autoridad judicial solicitó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y Beni, junto con el Ministerio de Salud y Deportes coadyuven con mayor información, y pidió al Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) los resultados originales del estudio de las muestras de cabello que se colectó de 305 personas de los pueblos indígenas para la medición de la cantidad de mercurio que tienen en sus organismos. 

El vicepresidente de CPILAP, Lino Ilimuri calificó la determinación del Juez como histórico y recalcó que la autoridad judicial también dictaminó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana tienen que apoyar para el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas. 

“Tenemos que seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas defendiendo las áreas protegidas. Esperamos que la orden judicial se cumpla en los siguientes días hasta la nueva audiencia, programada para el próximo ocho de septiembre”, anunció el dirigente de CPILAP.

(Con información de CPILAP)