AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Un reportaje de Jimena Mercado y Adriana Gutiérrez

Las mujeres indígenas de la Amazonía se abrieron senda en medio de las resistencias desde sus territorios frente al avance del extractivismo y al machismo al interior de sus comunidades, que amenazó en más de una ocasión en invisibilizar su participación. Su doble lucha se ha traducido en estrategias individuales y colectivas que han cobrado fuerza en una coyuntura de mayor riesgo para las defensoras y defensores del medioambiente.

Para Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), oriunda de la comunidad San José de Uchupiamonas, la conexión con la naturaleza es indivisible y su compromiso por la defensa del medioambiente supera cualquier cálculo respecto a su propia seguridad y su vida.

“Las mujeres somos las pioneras de la resistencia, las defensoras del medioambiente, somos las discriminadas y las perseguidas porque nos ven como personas que les estorban en el camino. Pedimos garantías para seguir defendiendo la vida, el agua, la naturaleza y el medioambiente”, expresa desde el municipio de San Buenaventura.

La lideresa indígena, víctima de la brutal represión en Chaparina a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina (2011), conoce sobre la responsabilidad de vivir dentro del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo, por lo que no deja de denunciar los impactos de la minería del oro.

Sin embargo asegura que es doblemente difícil ponerse del lado de la defensa del medioambiente cuando se es mujer e indígena.

“He sufrido mucho porque mi marido no aceptó (mi dirigencia) y segundo, porque he tenido que lidiar con mis tres hijos, pero mi madre y mis hermanos me dieron una mano porque no podía salir a las representaciones, estoy donde estoy por el apoyo a las hermanas y se tiene que responder a quienes te respaldan”, afirma.

A pesar de las dificultades, la lideresa ni siquiera consideró en abandonar la lucha. “Sufrimos muchos atropellos, persecución, cuando hacen algún convenio (los hombres) nos echan de las asambleas, tenemos que pasar hambre y sed, porque para defender el territorio no tenemos ayuda ni siquiera de las ONG (…). Cuando se trata de mujeres no hay recursos”, lamenta.

Pariamo confiesa sentirse muy preocupada porque a pesar de las denuncias insistentes contra la minería aurífera, que tomó la cabecera del río Tuichi que atraviesa la comunidad de San José de Uchupiamonas, las operaciones continúan.

“Las empresas mineras de Guanay que se han trasladado a la cabecera del río Tuichi, al igual que las empresas en Apolo y Pelechuco han terminado por contaminar el río, hemos pedido al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y al Gobierno que puedan paralizar esos trabajos pero lamentablemente no nos escuchan”, afirma.

Como Uchupiamonas afirma que mujeres y hombres sacaron sendas resoluciones de defensa del territorio y denunciaron la inacción de los niveles del Estado, ya que la preocupación es muy grande al saber que tanta gente está contaminada con mercurio en su sangre.

“Estamos viendo cómo la crisis climática nos está afectando, se están secando los ojos de agua, se están secando los arroyos. ¿Qué va a ser de nosotros si el río más cristalino que teníamos como es el Tuichi ahora está siendo contaminado porque están explotando oro de los cerros de donde viene el agua?”, cuestiona.

Las estrategias de lucha no se limitaron en sendos comunicados públicos de denuncia, pues también se conformó el Tribunal de la Naturaleza integrado por mujeres.

“Aparte de ser dirigentas, somos madres, velamos por el bienestar de nuestros hijos, estamos en la resistencia por todos los atropellos que están haciendo los grandes empresarios, los madereros, es un trabajo que hemos estado haciendo desde nuestros antepasados que han estado cuidando el medioambiente y la biodiversidad”, dice.

Pariamo asegura que a pesar de estar enferma, seguirá defendiendo el agua, la conservación y el medioambiente, hasta que Dios le dé vida.

“La articulación entre mujeres, territorios y organizaciones es clave”

Zoila Monasterio de la nación guaraní, responsable de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Cnamib, se trasladó desde el Chaco a la población de Rurrenabaque para participar del Foro Social Panamazónico (FOSPA 2024) y articular con otras lideresas y organizaciones, la defensa de los territorios frente al avance del extractivismo, el agronegocio y los monocultivos para el mal llamado “biocombustible”.

Considera que el conservar la Amazonía es igual a conservar la vida de los hijos y del mundo entero porque de eso modo se garantiza el agua, el aire y la biodiversidad.

“Como mujeres indígenas hemos articulado con las hermanas de las comunidades, territorios e instituciones que trabajamos para exigir al Gobierno que se respete la Amazonía para la vida, es muy importante esa articulación. Producto de ese trabajo estamos unificándonos”, explica.

Como Confederación asegura que las mujeres indígenas tienen su propia agenda de trabajo. “Las hermanas del territorio están en ese trabajo vinieron desde Yacuiba y están denunciando para paralizar la minería, hemos realizado reuniones, documentos, presentando denuncias nacionales e internacionales y recabando las pruebas para demostrar el asesinato y el genocidio que es real”, asegura. 

Como guaraní que es, explica que Tentaguasu significa “casa grande” y se refiere al territorio que se habita el cual deben tener un ambiente sano que permita a sus pobladores moverse en libertad, pescar, cazar, donde la tierra es vida, es el hijo, es parte del cuerpo y el alma.

“Las mujeres salimos al frente”

Andrea Rodríguez, secretaria de Deportes de la Subcentral de Mujeres Indígenas Movima denuncia que uno de los principales problemas que enfrentan en Santa Ana del Yacuma son las violaciones a niñas y mujeres e incluso casos de feminicidios. “Hay el caso del marido que la pega y la mata a la mujer por celos porque no quiere que participe (de reuniones) y no hay justicia, eso se queda ahí”, asegura.

A los culpables de estos delitos, afirma la lideresa, que se los mete presos dos o tres días y luego salen como si nada de la cárcel.

“Soy casada y mi esposo no dice no, pero sabemos que se molestan (los hombres). Su miedo es que estemos encima, porque sabemos que vamos aprender y llevaremos la voz a otras mujeres, para que no tengan miedo”, señala.

A nivel de directivas asegura que hay maltrato porque solo los dirigentes varones quieren llevar la voz. “Pero cuando hay avasallamientos somos las mujeres las que salimos al frente, porque tenemos más voz, gritamos, salimos a defender”, sostiene.

“El marido dice: no entrés (a la dirigencia) porque cree que buscará a otro hombre, que va a tener otro marido, ese es el machismo que existe en nuestras comunidades donde no les gusta a los hombres que se hagan escuchar las mujeres y se tenga el apoyo”, relata la dirigente al reconocer las dificultades de asumir representatividad.

En ese contexto afirma que es necesario que el Gobierno apoye a las 30 comunidades de Santa Ana del Yacuma a llevar adelante sus emprendimientos.

“Nos avasallan y se llevan a nuestras hijas cuando crecen”

Nilda Canané, presidenta del Subconsejo Tsimane asumió el rol de dirigenta en condiciones muy adversas, ni siquiera cuenta con el respaldo de sus hijos por el hecho de que recién aprendió a leer y escribir. La incertidumbre sobre el destino del territorio de su pueblo la lleva a buscar ayuda de manera desesperada.

“Un poquito hemos podido aprender a leer, ahora estamos luchando por nuestro territorio, hemos sido avasallados, despojados, no nos respetan, somos sufridos, nuestros parientes, nuestros hijos tampoco nos apoyan porque nos discriminan porque nos dicen que no sabemos nada, que no sabemos leer, así nos dicen”, se sincera con voz pausada como quien teme ser escuchada por ajenos.

La precariedad en la que asume su rol de defensora es extrema, tanto que ni el territorio que ocupa el pueblo Tsiman cuenta con titulación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“No tenemos titulación, los Tsimanes no tenemos titulación porque no tenemos esa documentación que nos respalde, por eso no nos respetan, nuestros hijos han sido violados, a nuestras hijas cuando están jóvenes, se los llevan terceros. Nos dicen estos Tsimanes no saben nada”, relata.

Al ser consultada quiénes avasallan el territorio Tsiman, responde que son los madereros. “Los que ponen dinero nomás tienen personería jurídica y nosotros nada, viendo esto como mujer queremos levantarnos y buscar apoyo, nuestros parientes no saben leer ni escribir, quisiéramos ser unidas como mujeres y eso les pediría, que nos apoyen en proyectos, estamos muy lejos de la carretera, no tenemos posta sanitaria ni escuela ni agua, sufrimos de agua”, afirma.

El pueblo Tsimane de Yacuma ha presentado una demanda en contra del Estado, exigiendo el reconocimiento de 54 mil hectáreas de tierras, de las cuales 28 mil hectáreas se encuentran ocupadas por comunidades interculturales que se trasladaron desde las zonas cocaleras del trópico de Cochabamba y el altiplano a las tierras bajas de Beni.

En tanto, el pueblo Tsimane de aproximadamente 17mil habitantes, recolector de naturaleza, cazador y pescador, soporta la embestida de los incendios forestales cada vez más frecuentes en su territorio. Produce maíz, yuca, arroz y plátano para el consumo familiar.

Ocupar el territorio por derecho ancestral

Desde la comunidad indígena de San José de Uchupiamonas en el centro del Parque Nacional Madidi, Ruth Alípaz Cuqui, defensora de su territorio creó el proyecto ecoturístico Sadiri Lodge. A más de 15 años del emprendimiento que fue apropiado por la comunidad, destaca que se logró la conservación y protección del bosque y la serranía frente al avance de los aserraderos. 

“En realidad Sadiri Lodge está en nuestro territorio ancestral de los Uchupiamonas, y la Serranía Sadiri siempre ha sido nuestro límite natural, incluso más abajo en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pero hasta ahí hasta la Serranía Sadiri es nuestro territorio Uchupiamona”, explica la lideresa indígena.

Alípaz Cuqui cuestiona el sistema de mapeo que emplean las instituciones del Estado, porque asegura que cuando no se usaba el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) los pueblos indígenas conocían los límites territoriales.

“Nos respetábamos porque sabíamos los límites, pero cuando nos pusieron puntos nos han generado conflictos con el proceso de saneamiento, que viene a romper esos valores ancestrales de respeto que teníamos”, asegura.

Las amenazas persisten según la lideresa, quien advierte que los madereros reclaman 600 hectáreas de bosques ubicados en Saridi. “Nos vienen amenazando y eso que es nuestro territorio, ayer dijeron en la asamblea: qué importante es que doña Ruth haya puesto Sadiri para ocupar el territorio por derecho ancestral y claro todos sabemos que siempre fue así, crecimos sabiendo que el límite era la serranía Sadiri”, insiste.

Destaca que el científico, docente y defensor de la Amazonía, Daniel Robison, recientemente fallecido en la ciudad de Santa Cruz, fue quien hizo el análisis de suelo para ubicar el lodge de Sadiri. “Afortunadamente era donde se pensaba ubicarlo para sentar ahí nuestra soberanía frente a los avasallamientos de los madereros que ya estaban entrándose”, recuerda.

Sadiri Lodge es un emprendimiento ecoturístico del pueblo indígena San José de Uchupiamonas. Ubicado en el Parque Nacional Madidi, en La Paz, se encuentra en un área protegida de 34 mil hectáreas de bosque y es hogar de más de 430 especies de aves, lo que lo convierte en un sitio ideal para el aviturismo.

Cinco de sus compañeras uchupiamonas unidas en la pandemia lograron gestionar recursos para garantizar agua a la población. “Las mujeres encontramos estrategias de no ser excluidas y provocar acciones”, afirma.

Alípaz Cuqui ha levantado su voz de denuncia en contra del Estado boliviano en foros internacionales. Ella, identifica la vulneración a la soberanía alimentaria, por contaminación de las riberas de los ríos, donde además las comunidades siembran sus cultivos.

La también cofundadora de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) explica que esta organización de defensa de derechos no se atribuye representación alguna ni firma convenios a nombre de los territorios.

“Si los suelos están contaminados, estamos consumiendo frijoles, arroz, plátano, yuca contaminados y las plantas medicinales que utilizamos seguramente que también están contaminadas”, advierte.

Dice, que si bien la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) detuvo los permisos para seguir otorgando permisos para realizar la actividad minera en áreas protegidas, no es por iniciativa de ésta institución, sino por la exigencia de la sociedad civil.

“Es muy paradójico que los cooperativistas auríferos exijan seguridad jurídica (…). Nosotros como Contiocap hemos emitido un pronunciamiento sobre estas demandas que están haciendo las cooperativas que sitian y bloquean a la ciudad de La Paz cada que deciden llevar sus movilizaciones a la sede de gobierno (…). ¿Más seguridad jurídica, para qué?”, cuestiona la defensora.

Menciona que la Ley minera 535 de 2014 (Gobierno de Evo Morales), no solo otorga un sinfín de privilegios para el sector cooperativista aurífero, al que se le ha quitado la obligación de consultar a los pueblos indígenas para extraer oro, sino que también les reconoce “derechos preconstituidos” incluso, dentro de áreas protegidas.

“Los pueblos indígenas somos los únicos que no tenemos seguridad jurídica en nuestros propios territorios que ya han sido titulados, pero que han sido avasallados por la minería, por el agronegocio, por operaciones petroleras, etcétera, etcétera”, denuncia.

Convencida de que grandes capitales de empresas extrajeras utilizan a comunidades locales y/o grupos de cooperativas pequeñas para no pagar impuestos, explotar oro a gran escala como si se tratase de una minería sin fines de lucro, sino de bien social, Alípaz Cuqui ve protección estatal detrás de estos intereses.

Al momento de hablar sobre la vocería al interior de las comunidades indígenas, prefiere no hablar de machismo, pues considera que hombres y mujeres se hacen falta mutuamente para hacerle frente a las luchas desde los territorios. “Somos tan pocos, que si nos dividimos entre nosotros será mejor para los perpetradores”, señala.

Mujeres indígenas de la Panamazonía hermanando luchas

Fabiola Yaun Edmundo llegó a Bolivia desde la Amazonía peruana; representa a la Federación Regional Indígenade Alto Mayo (FERIAAM) y se ha destacado como una defensora de su bosque y su cultura. Entiende que más allá de la compleja realidad particular de cada pueblo, hay varias coincidencias que unifican la lucha contra el extractivismo.

“Como pueblos indígenas peruanos compartimos las problemáticas; de alguna manera tenemos las mismas dificultades y las mismas adversidades, se trata de unir fuerzas y que el Gobierno nos escuche y tome conciencia y nuestras acciones como reforestar nuestros territorios, buscar economías sostenibles -porque debemos cubrir nuestras necesidades- no signifique destruir el bosque”, destaca.

La lideresa se preguntó si las mujeres no eran también parte importante del territorio, y fue que decidió representar los derechos de las mujeres awajún de su comunidad y las de Alto Mayo.

“Estamos trabajando en la gobernanza y defensa dentro de nuestro territorio donde nos tenemos que sumar todos, estamos involucrando a los jóvenes para que puedan prepararse y puedan defender sus territorios y a los pueblos indígenas, tenemos derecho a vivir como pueblos indígenas y no extinguirnos y mantener nuestras culturas vivas, es una gran riqueza tener estos saberes y enseñar nuestra cultura viva”, asegura la joven madre.

Tras renunciar a la docencia como profesora se dedicó a defender a su pueblo al ver llegar a su territorio empresas extractivas. “Hay mujeres puede hablar en su idioma pero salir al frente tienen mucho duda porque como mujeres no hemos vivido esa libertad de hablar, de expresar, siempre hemos sido muy respetuosas de decir, el hombre debe hablar, pero mi marido me ha motivado”, relata.

Se cuestionó ¿quién hablaría por las mujeres?, lo que le motivó al activismo y aunque conversó con las demás mujeres de su comunidad dice que tienen recelo en participar, pero que su postura es defender el territorio. “Desde las bases venimos, desde las familias venimos, vengo de mi organización y he tenido la oportunidad de hacer vocería”, explica.

Claudia Yadira Caballero del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras de México considera al FOSPA un proceso necesario de hermanamiento de luchas desde los territorios, que busca cambiar la manera de cómo se quiere habitar el mundo.

“En México hay muchas comunidades indígenas que se están organizando para defender las selvas, los valles y desiertos, hay una fuerte organización de defensoras y defensores del territorio que igual que ustedes vemos las mismas problemáticas los mismos retos, tenemos a los mismos culpables de esta extracción: las mineras, las grandes compañías a cargo de megaproyectos que están transformando la geopolítica del país”, señala.

En ese marco reflexiona sobre la necesidad de hermanar los esfuerzos entre quienes hacen una defensa frontal de los territorios y quienes buscan alternativas reales para encontrar otra forma de vivir. “¿Hay que retomar formas tradicionales de producción, a nuestras plantas medicinales?”, pregunta.

“Ellas expulsaron a los mineros, demostraron tener más pantalones”

El corregidor de Puerto Yumani del municipio de Rurrenabaque, Benito Chao señala que su comunidad rechaza la minería porque quiere pensar en un mejor futuro para sus hijos, a pesar de las amenazas que han recibido de parte de mineros que llegaron a la zona desde otros municipios devastados por la extracción del oro como son Guanay y Mapiri.

“Se asentaron en la playa del río Beni sabiendo que es jurisdicción de la comunidad, y nosotros no podemos permitir esos atropellos a la comunidad, hemos insistido, hasta que nos amenazaron de que si íbamos a seguir insistiendo iban a pasar otras cosas peores”, afirma.

Sin desmerecer a nadie, asegura que quienes lideraron a resistencia y se pusieron a la cabeza del rechazo a la minería fueron las mujeres. “Las mujeres demostraron tener más cinturones; hay que valorar y respetar, porque cuando hay problemas la mujer tiene más peso y más fuerza, las señoras empujaron para que vayamos a enfrentar a estos mineros”, recuerda.

Según el corregidor, el traslado de mineros hacia Beni se debe a que los municipios de La Paz ya quedaron devastados por la explotación del oro, en tanto la comunidad Puerto Yumani vive de la pesca, por lo que no se puede permitir minería en el río.

“Los peces ya salen contaminados, pedirles, hacer reflexionar a estas personas que tienen empresas, que están causando problemas. El oro lo único que da es dinero para beneficio personal, no piensa en la comunidad”, afirma.

Cinthia Yumani Cartagena, presidenta del Consejo Educativo y nieta del cofundador de la comunidaden el Puerto Yumani afirma que la mayor preocupación es contar con agua para el consumo humano, ya que el agua llega en cisterna desde Rurrenabaque, pero cuando no hay deben consumir de los pozos o la noria que fueron construidos por Soluciones Prácticas.

“Antes teníamos lagos que se han secado, a veces no tenemos agua para bañarnos o para lavar ropa; consumimos de este pozo de la noria a pesar de las enfermedades que nos da como el vómito y la diarrea, a veces alergia, ¿pero qué más podemos hacer si no hay de dónde tomar?”, cuestiona.

Al ver llegar la cisterna de agua afirma que la última vez que llegó a repartir el líquido elemento entre las 49 familias de la comunidad fue hace dos meses.

“El tema de la minería nos afecta en la inundación porque hay un codo, van cavando y  cavando a orillas del río y en épocas de lluvia el agua se viene hacia este lado, también por la contaminación del mercurio ya que vivimos de la pesca”, menciona.

Ante la falta de un centro de salud afirma que deben acudir a la medicina tradicional para curarse, pero como oriunda del lugar no iba a permitir que se asentaran los mineros.

“Mi papá fue fundador y la comunidad lleva mi apellido: Yumani, y me siento orgullosa, si voy a morir voy a morir defendiendo mi comunidad y a mi gente, amo a mi comunidad. Yo organicé a las mujeres, ya que no hacían caso al corregidor, había amenazas de que nos iban a matar, vinieron acá, entonces fuimos las mujeres, cruzamos el río y se le hizo frente”, relata la defensora.

Una vez cara a cara con los mineros, recuerda que les exigió desalojar la orilla del río. “Las mujeres estamos unidas, conocemos más a fondo como actuar”, asegura la también madre de tres niños.

Sin embargo ella dice ser una especie de madre de 33 hijos, pues debe velar por todos los niños y adolescentes de la comunidad.

Victoria Yumani, una de las más ancianas de la comunidad y cofundadora señala queson sujeto de presiones de comunarios de los alrededores para que ingresen a la actividad minera.

“Me dicen por qué se mezquinan tanto, nos dicen que estamos perdiendo plata (…). El otro día vinieron hombres con armas, hemos encontrado que llevaban una camionera y llevaban armas, dijeron que iban a venir para esperarnos, pero como no fuimos retornaron. Le dijeron al corregidor, que nos quieren matar si los seguimos molestando”, relata.

Sin embargo admite que su hijo y su nuera fueron a probar suerte a unas balsas auríferas. “Mi nuera dijo que se saca nomás oro por gramo”, relata.

La mujer asegura sentirse asustada porque le contaron que cuando se asientan los mineros de Mapiri, Apolo y Guanay en estas zonas amazónicas comienzan a practicar sus propios rituales para sacar oro.

“Da miedo lo que dicen, que hay que pagar, hay que matar gente, hay que enterrar para que le vaya bien (con el oro). El abuelo de mi nuera dijo eso, que es de ese lado, de Mayaya, de Mapiri es”, comenta mientras se frota las manos.

Situación de las defensoras y defensores

El año pasado en Bolivia se registraron 743 violaciones a los derechos, donde la categoría más afectada es la institucionalidad democrática con 379 casos, seguida de la libertad de prensa con 143, las libertades de reunión y protesta 68, de asociación 61, de derechos de los defensores 51 y de expresión 41, según el Informe de Situación 2023 de la Red Unitas.

Y las cifras en rojo sobre el contexto en el que se da el agravamiento de la situación de las y los defensores del medioambiente coloca al país en el tercer lugar en la lista de las naciones con más pérdida de bosque primario, de acuerdo con el informe anual realizado por la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW), además de constituirse en el principal importador de mercurio para la minería aurífera, con más de 200 toneladas anuales, según estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia.

El estudio “Defensoras: experiencias de defensoras ambientales y territorio en Bolivia en contextos de resistencia al extractivismo” del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) concluye que las mujeres defensoras de los derechos humanos, territoriales y ambientales en Bolivia desarrollan sus actividades en un contexto altamente adverso y riesgoso.

De acuerdo al mapa de ataques a defensoras ambientales, el Cedib ha levantado una base de datos desde el 2017 de 250 casos de ataques, identificó a 225 perpetradores y a 90 víctimas entre individuales y colectivas.

Eje de la resistencia de las mujeres en defensa de sus cuerpos y territorios

El eje cuarto del FOSPA sobre la resistencia de las mujeres en defensa de sus cuerpos y territorios reunido, tras un largo trabajo de gabinete concluyó en una serie de denuncias, demandas y propuestas que se hicieron públicas el 15 de mayo.

Denuncia:

1. La invisibilización de nuestras resistencias, luchas y propuestas en defensa de nuestros territorios, bienes de la naturaleza y cuerpos frente al extractivismo, agroexportación y agronegocios que vulneran nuestros derechos, cuerpos y territorios.
2. Las afectaciones, impactos diferenciados, violaciones, que genera este CRIMEN (crisis) climático y produce sobrecarga en la economía del cuidado y pone en riesgo la seguridad, la soberanía alimentaria y salud de los pueblos.
3. A las economías legales e ilegales que profundizan la violencia estructural, que reduce el ejercicio pleno de nuestros derechos a los espacios seguros y libres de violencias, para silenciar, desconocer y deslegitimar nuestras voces y liderazgos en nuestros territorios y organizaciones.
4. La intromisión y ruptura del tejido social de los pueblos y organizaciones sociales que viven en el territorio de la Amazonía a través de la manipulación y dominación económica usada por estados, gobiernos, empresas y terceros, que ponen en peligro la subsistencia y la vida de las mujeres, impidiendo nuestra participación y nos ponen en riesgo como defensoras y lideresas.
5. La persecución, criminalización, judicialización, asesinatos y feminicidios a defensoras de derechos, por parte de Estados, gobiernos, empresas y terceros para mantener su complicidad y relaciones de poder.
6. La falta de atención y acceso a la justicia por abusos y violencia sexual, trata y tráfico de niñas y jóvenes de pueblos indígenas y amazónicos. Los embarazos de nuestras niñas y adolescentes nos duelen, porque son crímenes irreparables. Sufrimos el hambre y el abandono de los que los niños son parte por este sistema económico generador de marginalidades.
7. La falta de acceso a la información oportuna y veraz sobre asuntos que afectan y atentan a nuestras formas de vida, naturaleza, territorios y cuerpos, para seguir sosteniendo las economías extractivistas insostenibles.
8. Vulneración de nuestras autonomías, autogobiernos y autodeterminación por la falta de consulta previa, libre e informada, amparada como un derecho humano de los pueblos indígenas, disfrazada de consulta pública para invalidar nuestros procesos propios de consulta y toma de decisiones.
9. El despojo de nuestros territorios y sus recursos naturales, por economías legales e ilegales y avasallamientos, que ponen en riego nuestra subsistencia y la permanencia en nuestros territorios.
10. Las falsas soluciones, los bonos de carbono y los bonos basados en la naturaleza que se disfrazan de modelos de desarrollo y economías basadas en los recursos de la naturaleza.

Exige:

1. Desarrollar y fortalecer las iniciativas económicas desde nosotras en los territorios de la panamazonía, respetando nuestra ancestralidad e identidad cultural, promoviendo liderazgos para enfrentar nuevos retos políticos y económicos a partir de nuestros saberes.
2. Garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas originarios de la Amazonía, especialmente de las mujeres, en acciones de tutela en defensa y cuidado de la Amazonía para reducir los impactos del cambio climático.
3. Promover espacios libres de violencias en nuestros territorios, de megaproyectos que violentan nuestros cuerpos, nuestros territorios y agudizan la crisis climática.
4. Garantizar el ejercicio y exigibilidad de los derechos de mujeres indígenas originarias andinas amazónicas de los pueblos que defendemos los bienes de la naturaleza.
5. Garantizar la salud integral de las mujeres y niñas, con énfasis en su salud sexual y salud reproductiva brindando información oportuna y clara; la recuperación de sabidurías ancestrales (médicos/as tradicionales, parteras, entre otros).
6. La no mercantilización de la amazonia. La financiación verde y mega proyectos no pueden ser usados como mecanismos que justifiquen que empresas sigan explotando, contaminando, causando la crisis climática y poniendo a los pueblos indígenas originarios como mano de obra en forma de nuevas esclavitudes, y proveedores de materias primas enriqueciéndose a nuestra costa.
7. El libre acceso al Agua de calidad y en cantidades suficientes para la supervivencia, como derecho fundamental para la vida; las mujeres somos la más afectadas por la sequía de nuestros ojos de agua, y de nuestros ríos. Las reservas de aguas que riegan nuestros territorios están contaminadas por el mercurio, por los agroquímicos y desechos tóxicos de las empresas.
8. La seguridad jurídica de nuestros territorios. Respeto por los territorios titulados y que se cumplan las demandas territoriales de los pueblos indígenas y originarios de la panamazonía.
9. Exigimos a los Estados, gobiernos, empresas, y terceros a responsabilizarse por daños y pérdidas causadas por actividades extractivistas, agronegocio, agroexportación que afectan nuestros cuerpos y nuestros territorios.

Propone:

1. Revalorizar y recuperar las identidades culturales indígenas originaras en la práctica reforzando vínculos entre sabios/as y jóvenes para la transmisión cultural. Promover profesores/as nativos y hablantes del idioma, para favorecer la educación en lengua materna y en la propia comunidad, que no lleve a la migración forzada de jóvenes. Garantizar el acceso real a la educación inclusiva en todos sus niveles con currículos regionalizados que respondan a las necesidades reales del territorio, la cultura y la espiritualidad. Promover el acceso a la educación tecnológica y el acceso a nuevas tecnologías para articularse y hacer gestión territorial.
2. Fortalecer las luchas para eliminar la violencia en nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras comunidades, comprometiendo a los compañeros en este desafío para alcanzar el buen vivir en igualdad.
3. Trabajar en normativas internas y gubernamentales que favorezcan el ejercicio real y seguro de la participación política de las mujeres, garantizando la alternancia en equidad efectiva entre varones y mujeres.
4. Avanzar hacia una transición energética justa, con garantías de participación de las mujeres que habitamos en los territorios indígenas amazónicos y que se las tenga en cuenta como protagonistas de las consultas previas, libres e informadas.
5. Crear una red de articulación entre las organizaciones de mujeres de los pueblos indígenas originarios panamazónicos para generar una agenda común, un plan de vida, y un protocolo estandarizado de consulta previa libre e informada.
6. Hacer seguimiento a los casos presentados en el tribunal ético en defensa de los cuerpos, y de la discriminación de la que ha sido víctima una lideresa indígena; no podemos quedar indiferentes debemos acompañar, visibilizar y continuar procesos.

La presente investigación fue realizada en el marco del «Fondo Corcursable de periodismo de Investigación sobre la Amazonía boliviana y justicia climática» organizado por el IPDRS, con apoyo de OXFAM y ASDI.