El nuevo presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (ABOLAC), Marcos Uzquiano,  afirmó al referirse a los cooperativistas mineros que “desde hace tiempo vienen tocando las áreas protegidas y no se logra entender ¿dónde más quieren ingresar?, porque ahora están dentro del Madidi o ¿quieren vulnerar aún más la zona de protección estricta o la zona núcleo vulnerando totalmente la normativa ambiental?”.

La pasada semana los cooperativistas mineros auríferos bloquearon y marcharon en la ciudad de La Paz y atentaron contra instituciones estatales y contra funcionarios públicos, en un intento de imponer un pliego petitorio que, entre otros temas, exigía la formalización de la explotación de oro al interior de las áreas protegidas.

Sin embargo, el Ministerio de Minería y Metalurgia difundió una posición al asegurar que se respetarán las normas de creación de las áreas protegidas y no se viabilizará solicitudes nuevas para actividades mineras al interior de las mismas.

“Las áreas protegidas sufren un acecho permanente por diferentes clases de actividades extractivas, una de ellas es la minería que tristemente se está volviendo cada vez más violenta, no sólo en contra de las áreas y sus valores de conservación,incluso para las comunidades, esto se ve más complejo, si se suman los incendios forestales (que se reavivaron en el norte de La Paz), la tala de bosques o los avasallamientos para asentamientos humanos irregulares”, informó Uzquiano.

Aseveró que reciben amenazas y agresiones, y tienen en su contra procesos judiciales que caprichosamente les están siguiendo.

Otro enjuiciado 

Actualmente Marcos Uzquiano junto con Raúl Santa Cruz, guardaparque del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, están siendo enjuiciados por un conocido operador minero de Apolo.

El pasado 30 de marzo, Raúl Santa Cruz cumplía su trabajo en el puesto de control denominado  Santa Cruz del Valle Ameno en el municipio de Apolo, uno de los principales ingresos al Madidi. En el lugar los guardaparques evidenciaron que una caravana de movilidades y maquinaria pesada (cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas de combustible), pretendía ingresar al área protegida con destino a la comunidad Virgen de Rosario, previsiblemente, para realizar actividades de explotación minera ilegal en las riberas del río Tuichi.

Ese día Santa Cruz intentó sin éxitoevitar el paso de la caravana y, por el contrario, fue agredido y amenazado por Ramiro Cuevas Echave, conocido en Apolo por dedicarse a la actividad minera dentro del Madidi. 

Frente a los hechos violentos, el guardaparque envió un mensaje a su colega Uzquiano, que se encontraba en otro lugar, para pedir ayuda difundiendo esta amenaza recibida y, por ese motivo, ambos tienen un proceso penal por los delitos de difamación y calumnias, instaurado por Ramiro Cuevas Echave.

El Presidente de ABOLAC calificó el juicio como una persecución judicial y el resultado de una ostentación de poder económico y de incidencia política local, incluso de una capacidad de convocatoria social que tienen las cooperativas y que conlleva a ciertas autoridades judiciales, como el juez de Apolo, que fue capaz de dar viabilidad a un proceso que no tiene sustento legal.

Uzquiano considera que el juez de Apolo tiene la oportunidad de reconducir el proceso en el marco que corresponde. “No estoy pidiendo anulación, ni ningún favoritismo, simplemente, que se cumpla el procedimiento establecido para las notificaciones a mi persona. Es un proceso sin ningún incidente, por lo que ningún juez  de Bolivia debería admitirlo como un proceso judicial”. 

El Juez de Caranavi, en suplencia legal del Juez de Apolo, programó la audiencia de juicio oral para el 15 de noviembre de este año. El proceso demanda el actuar delosguardaparques, aduciendo que se habría dañado la reputación y el honor del operador minero que declara ser un agricultor de la tercera edad.

El Cuerpo de Protección de las Áreas Protegidas presentó una denuncia de los ataques, amenazas e intimidaciones que atraviesa, al Primer Mandatario de Bolivia, al que le solicita una audiencia para la entrega de la documentación que corrobora los extremos referidos. (Comité Pro Defensa de los Guardaparques de Bolivia)