AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES 

A tan solo dos días de las pre-sesiones del cuarto periodo del Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia ante las Naciones Unidas, la sociedad civil ha dado cuenta de la relevancia de este espacio internacional para ejercer presión al Estado boliviano para que cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y ambientales.

Para conocer la relevancia de la participación de la sociedad civil boliviana en Ginebra se conversó con Franco Albarracín, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), institución que forma parte de la coalición Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA), que reúne a más de 60 organizaciones nacionales e internacionales, defensoras y defensores de DDHH, medioambiente y sus territorios.

El también especialista en Derecho Internacional, advierte que no puede concebirse un derecho al medioambiente sano, Derecho a los Pueblos Indígenas, al territorio, a la integridad personal y salud, si no se cuenta con un Estado saludable, una democracia saludable, si no se tiene independencia de poderes que puedan en algún momento otorgar ya sea una reparación integral o justicia para las víctimas.    

Franco sabemos que eres parte de esta delegación de la sociedad civil que se hará presente en las pre-sesiones del Examen Periódico Universidad en Ginebra ante Naciones Unidas, si nos puedes explicar por qué es tan importante la participación de la sociedad en estas instancias internacionales.

F.A: El Examen Periódico Universal es uno de los procesos más importantes del Concejo de Derechos Humanos, donde prácticamente el Estado se pone en el banquillo del evaluado y el conjunto de Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos hacen un examen de su desempeño de los últimos cinco años en materia de Derechos Humanos, es por eso que la organizaciones de la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, periodistas y organizaciones no gubernamentales deben hacer incidencia con los otros Estados.

En tu calidad de experto en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos estás contribuyendo en la presentación y defensa de todos estos informes relativos a Derechos Humanos, a democracia, institucionalidad democrática, Estado de Derecho entre otros aspectos, ¿si nos puedes señalar algunos tópicos fuertes que el CEDIB va a plantear en las pre-sesiones del EPU de Bolivia en Ginebra?

F.A: El CEDIB junto con la coalición de organizaciones que es la Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA) entre las cuales se encuentra una gran cantidad de comunidades indígenas. Se presentaron cinco informes: primero, relacionado con la estabilidad democrática, el Estado de Derecho, la independencia de poderes, la situación de la justicia, segundo, por la contaminación por mercurio y el impacto en pueblos indígenas, el tercero por contaminación por mercurio y el impacto en mujeres indígenas, el cuarto tema es de los incendios y los impactos en el medioambiente y el último sobre la situación de defensores de Derechos Humanos y de Medioambiente.

¿Qué fuerza puede tener la sociedad civil de presionar al Estado boliviano de cumplir sus compromisos nacionales e internacionales en estos espacios en materia de Derechos Humanos y ambientales, considerando además que habrá una interacción con otros Estados que dan recomendaciones, lo mismo que el Consejo de Derechos Humanos?

F.A: El rol de la sociedad civil es fundamental pues se inicia un proceso de incidencia en uno de los escenarios más importantes en el mundo para los Derechos Humanos que es Naciones Unidas y que también es Ginebra donde se encuentran organizaciones, los organismos más importantes que trabajan justamente con los Derechos Humanos. La sociedad civil puede hacer incidencia y también presión en los Estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos para que estos hagan y emitan recomendaciones contundentes y específicas hacia el Estado boliviano.

¿Qué tan urgente es que el Estado boliviano asuma su responsabilidad de garantizar la independencia de los poderes del Estado en transparencia en la justicia, el fortalecimiento de la debilitada institucionalidad democrática y del Estado de Derecho en el país, para que a su vez pueda contener los otros derechos?

F.A: Tenemos un informe que aborda justamente esta cuestión sobre la problemática en la falta de institucionalidad, falta de independencia de poderes y su impacto en los Derechos Humanos, existe una relación directa entre Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los Derechos Humanos, justamente porque son interdependientes. No puede haber un derecho al medioambiente sano, Derecho a los Pueblos Indígenas, al territorio, a la integridad personal, salud, sino tenemos un Estado saludable, una democracia saludable, sino existe independencia de poderes que puedan en algún momento otorgar ya sea una reparación integral o justicia para las víctimas.    

¿Cómo se puede evidenciar esta relación entre la salud del Estado y el cumplimiento de Derechos y cuál la percepción de los organismos internacionales sobre lo que sucede en el país?

F.A: No es una afirmación arbitraria; implica una acumulación de recomendaciones, sentencias, estudios y puntos críticos de distintos organismos internacionales (…). El Sistema Universal de Naciones Unidas ha establecido que la independencia judicial se ve bastante afectada en Bolivia, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la secretaría de la CIDH, pero también a través de sentencias de la CIDH queda bastante establecido que el Estado boliviano vive una situación de crisis de Estado de derecho y de democracia.

Bolivia tiene una Constitución muy avanzada y progresista, ha firmado el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales, pero la falta de institucionalidad y debilidad democrática tienen un impacto serio en el medioambiente, en los Derechos Humanos.

Actualmente se vive una especie de un mundo al revés, donde los defensores del medioambiente, de DDHH que están protegiendo su territorio son criminalizados, son los enjuiciados, y aquellos que están destruyendo el territorio y el medioambiente son los que están siendo beneficiados por jueces, fiscales y el propio Gobierno.

/ANA/