AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Jimena Mercado

Desde propuestas de ajustes a los créditos productivos, que presentan daños irreparables al medio ambiente, hasta garantizar un marco normativo estricto y de cumplimiento de la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas para que decidan o no, su incursión en los mercados de bonos de carbono, las propuestas en torno a las dinámicas de las finanzas sostenibles son cada vez más desafiantes.

En medio de un modesto crecimiento de las finanzas sostenibles en el sistema financiero nacional, vinculado a compromisos nacionales e internacionales en el área ambiental y social, el mercado de los bonos de carbono, al que ve el Gobierno de Rodrigo Paz como una alternativa para salir de la crisis económica, se abrió paso en los territorios indígenas, con normativa insuficiente, sin información cabal del alcance de los contratos y múltiples riesgos.  

Ajustes a créditos y finanzas sostenibles

La CEO y directora de Innovación de ICR Systems& Management SRL, DraPhD, Lilian María Arzabe, en una respuesta detallada a un cuestionario escrito, señaló que ante la situación descrita en el estudio de Stasiek Czaplicki “Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación”, es necesario implementar varios ajustes a los créditos productivos para que sean más responsables y sostenibles.

El investigador identificó al sector de las oleaginosas, ganadería y caña de azúcar de haber captado un total de 14.142 millones de dólares en préstamos entre el 2012 y 2022, y acentuó en que el sector del agronegocio es responsable de los incendios forestales y la deforestación en el país, junto con otros actores productivos.

Entre las recomendaciones que dio la ejecutiva de la Firma Auditora, especializada en finanzas e inversión para el desarrollo sostenible, destacan:

1. Listas de exclusión de actividades productivas: Que presentan daños irreparables al medio ambiente.

2. Evaluaciones de Impacto Ambiental: Introducir la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental rigurosas antes de la aprobación de cualquier crédito, para asegurar que las actividades financiadas no contribuyan a la deforestación o a otros daños ambientales.

3. Condicionamientos para la sostenibilidad: Establecer criterios claros que obliguen a los prestatarios a adoptar prácticas agrícolas sostenibles, como la agroecología, la reforestación y la conservación de suelos, a cambio de acceder a financiamiento.

4. Tasa de Interés Variable: Implementar tasas de interés que reflejen la sostenibilidad de los proyectos. Proyectos que demuestren prácticas responsables podrían acceder a tasas más bajas, incentivando así comportamientos positivos.

5. Fomento de prácticas agrícolas alternativas: Proporcionar financiamiento adicional para iniciativas que promuevan la economía circular, la diversificación de cultivos y la agricultura regenerativa, reduciendo la dependencia de monocultivos.

6. Monitoreo y reporte continuo: Establecer un sistema de monitoreo y evaluación continua de los proyectos financiados, donde se reporten regularmente los impactos ambientales y se tomen medidas correctivas cuando sea necesario.

7. Educación y capacitación: Implementar programas de capacitación para los productores sobre prácticas agrícolas sostenibles y el uso responsable de recursos naturales, de modo que estén mejor equipados para manejar sus proyectos de manera ecoeficiente.

8. Incentivos para la restauración: Ofrecer créditos o subsidios a aquellos productores que participen en programas de restauración de áreas degradadas o deforestadas, promoviendo la recuperación del ecosistema.

9. Participación comunitaria: Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra y en la gestión de recursos, asegurando que sus intereses y necesidades se vean reflejados en los planes de financiamiento.

“Finanzas sostenibles ganaron protagonismo”

Las finanzas sostenibles en Bolivia desde el año 2020, según el análisis de ICR Systems & Management SRL, han ido ganando protagonismo impulsadas por una creciente conciencia sobre la importancia del desarrollo sostenible y la necesidad de abordar el cambio climático.

Destacó queBolivia ha implementado leyes y políticas que fomentan la sostenibilidad ambiental y la inclusión financiera, como la Ley de la Madre Tierra, que establece principios para la protección del medioambiente y la promoción de un desarrollo sostenible.

También mencionó el desarrollo de iniciativas para promover inversiones en proyectos verdes, como energías renovables, agroecología y conservación de recursos naturales. “Estas iniciativas buscan no solo mejorar la salud del medio ambiente, sino también generar empleo y mejorar la calidad de vida”, dijo.

La especialista citó que algunas instituciones financieras en Bolivia han comenzado a fortalecer el marco estratégico y el marco operativo para ofrecer productos de financiamiento que priorizan aspectos sostenibles, como préstamos para la eficiencia energética y la agricultura sostenible desde la gestión de riesgos. Sin embargo, reconoció que todavía hay confusión con la inclusión financiera.

En cuanto a los proyectos internacionales señaló que Bolivia ha participado en proyectos financiados por organismos internacionales que apoyan la sostenibilidad, incluyendo programas de adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad.

Hay un aumento en la conciencia social sobre la importancia de las finanzas sostenibles, impulsando tanto a ciudadanos como a empresas a considerar el impacto ambiental en sus decisiones financieras.

“Con iniciativas como el Sistema de Medición de Impacto al Desarrollo Sostenible (SIMIDES) de ASOBAN que está marcando el camino hacia una banca sostenible en Bolivia basada en impactos e indicadores de desempeño verificables”, destacó.

 A medida que el país continúa evolucionando en esta área inclusive con mesas de trabajo sectoriales como la Mesa de Finanzas Sostenibles (Pacto Global de Naciones Unidas) entre otras iniciativas aún aisladas como Red de Desarrollo Sostenible, se espera, según la especialista, que las finanzas sostenibles sigan desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Bolivia en el ecosistema financiero de Bolivia.

Video: Director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas

El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, en entrevista con ANA señaló que en un análisis institucional, tras la determinación del Gobierno de Luis Arce (MAS) de realizar un viraje en 2024, en la política estatal en relación a los mercados de carbono al levantar algunas prohibiciones en relación a la no mercantilización de los bienes comunes, de los servicios ecosistémicos, tuvo un impacto en la situación de los pueblos indígenas.

“Esta posición ha tenido como un primer hito la decisión del Tribunal Constitucional, que es una posición totalmente pragmática que no repara en evaluar, en analizar los impactos, el nivel de incidencia que puede tener este viraje en la política para con los pueblos indígenas, no solamente con sus territorios y su entorno, sino también con sus formas propias de organización, su institucionalidad, y que es totalmente contradictoria a la no mercantilización de los servicios ecosistémicos, contrarios al Acuerdo de París y al derecho que tenemos todas y todos bolivianos a vivir en un medioambiente sano”, explicó.

Los bonos de carbono son certificados que representan la reducción o remoción de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) o su equivalente de gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera, actuando como una divisa ambiental para incentivar proyectos sostenibles y compensar emisiones, beneficiando a empresas y gobiernos en la lucha contra el cambio climático. Funcionan como un instrumento financiero dentro de los mercados de carbono.

A partir de ese hito, dijo el especialista que se aprobó el Decreto Supremo 5264 del 30 de octubre de 2024, el cual permite el desarrollo de proyectos vinculados a los mercados de carbono.

“Paralelamente, un poquito de manera anticipada, el Presupuesto General del Estado del año 2025, mediante ley aprobó un presupuesto para aspectos vinculados a los mercados de carbono (…). Entonces, el Estado ha puesto un paraguas ya institucional para que se pueda implementar esto. Está el Registro Nacional de Proyectos y en ese contexto nosotros hemos visto que, si bien el gobierno ha dado un paso para que esto se pueda implementar, aún hay aspectos que se tienen que profundizar”, señaló.

Según Vargas, no existe información suficiente hacia las comunidades indígenas respecto a, más allá de los aparentes beneficios que pueden traer los mercados de carbono, cuáles son los perjuicios que puede generar esta dinámica.

“El Gobierno abre los mercados de carbono en función de que se permita al gobierno central, en representación del Estado, gestionar proyectos en el marco de los mercados de carbono jurisdiccionales, mercados de carbono obligatorios, que son compromisos que asumen los Estados y que tienen la obligación de reducir sus emisiones y para esto compensan esa reducción a partir de la compra de algunos bonos”, indicó.

En ese marco, dijo que Bolivia desde el 2022 empezó gestiones con algunos proyectos, y que en ese marco avanzó de manera importante en relación a su implementación en Pando y en Charagua (Santa Cruz), con los Fondos LIFE» (Fondo para el Medio Ambiente y la Acción Climática.

“De lo que se trata con estos proyectos es de poder acceder a los fondos pero a partir del cumplimiento de resultados, entre los que se encuentra el disminuir los niveles de deforestación y eso es realmente un reto importante porque Bolivia en los últimos años se ha caracterizado por ser líder en la deforestación, no solamente a nivel regional, sino global”, explicó.

Con el gobierno de Rodrigo Paz -dijo Vargas- la dinámica continuó, pues desde su campaña electoral asumió la posibilidad de acceder a recursos por conservación o por la venta de bonos de carbono como una buena posibilidad para que el Estado central acceda a recursos.

“El tema es que no es un proceso sencillo; la estructura, el andamiaje en el cual se ha incorporado Bolivia plantea que estos proyectos van a tener resultados en tanto y en cuanto el Estado nacional cumpla con algunas metas, con algunos resultados (…). Y el problema es que al incentivar proyectos más jurisdiccionales, obligatorios le llamamos, al abrir esta puerta ha significado abrir también las ventanas del Estado, asumiendo que es una casa y por las ventanas claro han entrado un número es muy difícil de cuantificar, de empresas, fundaciones que están dentro de los mercados voluntarios que están influyendo de manera directa en las comunidades”, sostuvo.

En ese marco señaló que las comunidades indígenas se encuentren en una situación de desventaja, puesto que el nivel de conversación, de negociación entre las empresas y los líderes se caracteriza por ser una discusión altamente técnica, pero además con serias restricciones para el acceso a la información en relación a las características de los proyectos.

“Nosotros hemos revisado por lo menos dos contratos de varios que están por ahí, de los contratos que ya se han firmado y llaman bastante la atención porque en realidad una primera conclusión que podemos dar es que no se tratan de proyectos que se van a instalar ya, sino se trata de empresas están haciendo una especie de identificación, de cuantificación de superficies, de repartir la estructura territorial de los territorios indígenas”, señaló.

Uno de los casos más relevantes dijo que es el del Territorio Indígena Originario Campesino (TCO) Monte Verde en la Chiquitanía que involucra una superficie de casi un millón de hectáreas. “Esta empresa ha firmado un contrato, este contrato no te dice qué características va a tener el proyecto, sino lo que establece es que la empresa con este contrato asume el control de este millón de hectáreas”, apuntó.

En esa línea advirtió que las comunidades indígenas les dan la posibilidad a las empresas a ir a un mercado más grande, un mercado internacional para ofrecer estos espacios territoriales para que desarrolladoras se animen a implementar proyectos dentro de los mercados de carbón. “Ésta dinámica, lo que lleva en realidad, lo que busca es fortalecer, nutrir el mercado especulativo del carbón a nivel internacional”, dijo.

Observó también que estas empresas que especulan en los mercados de carbono se caracterizan lamentablemente por no ser muy transparentes.

“La administración de Rodrigo Paz está apostando fuertemente por consolidar este modelo, pero sin considerar las posibles amenazas que pueden existir a los territorios indígenas y a los sistemas de vida de las comunidades. Entonces, esperemos que se pueda gestionar esto de una manera más crítica garantizando el ejercicio de la soberanía territorial de los pueblos”, expresó.

A pesar que el DS estableció la creación del Registro Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP), Vargas enfatizó que este tiene falencias, porque varios de los convenios se habrían firmados de manera contraria a la ley y a las prohibiciones y tampoco hay información oficial sobre cuántos territorios indígenas están comprometidos en el marco de los mercados de carbón.

“Lo que nosotros sabemos, por información de algunas autoridades indígenas y por la revisión e investigación que estamos haciendo, es que, por lo menos ocho territorios han firmado contratos con una de estas empresas o fundaciones; estamos hablando del TIPNIS, de Monteverde, Lomerío, del TIM II en la Amazonía Norte, Charagua Norte, Isoso Alto y Bajo. Entonces, este número seguramente va a ir aumentando”, detalló.

Un ejemplo de ello es el acuerdo denominado “Proyecto de reducción de las emisiones debido a la deforestación y la degradación”, fechado el 4 de octubre de 2022, en el cual se declara que la empresa Green Carbon y las autoridades de Monte Verde desarrollaron “proyectos de conservación” desde el 1 de enero de 2017. Una situación similar se observa en el contrato firmado entre la Fundación Hecker y una parte de la dirigencia del TIM II, mediante el acuerdo titulado “Contrato de cooperación y desarrollo para la cesión de servicios para la emisión de activos”, suscrito el 15 de diciembre de 2023.

“Ambos documentos no solo carecen de legitimidad, ya que las empresas involucradas promovieron la introducción de actividades ajenas a las dinámicas y demandas propias de los territorios indígenas de las tierras bajas, aprovechando la necesidad de las comunidades”, señala el estudio realizado por Miguel Vargas y Kristina von Stach, plasmado en la revista Kaa ipo sobre Cambio Climático y Pueblos Indígenas.

Es evidente que el modelo de negocio verde, basado en la captura y comercialización de carbono, constituye una de las principales amenazas para el ejercicio efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada, concluyen en su estudio “Mercados de carbono y territorios indígena: Riesgos y amenazas ante un cambio de paradigma en Bolivia”.

“Sin regulación ni reglas claras”

El economista ambiental Stasiek Czaplicki advierte que en Bolivia no hay regulaciones claras para los mercados de carbono.

Stasiek Czaplicki Cabezas señaló queel presidente Rodrigo Paz, en tres momentos diferentes diera cifras distintas, que oscilan entre 30 mil millones de dólares y15 mil millones de dólares, como estimados a captar por la venta de bonos de carbono.

“Cifras fluctúan como cualquier cosa, pero en los hechos concretos, los mercados a los cuales Bolivia tiene acceso son mucho menores. Entonces, habla de sumas astronómicas que no corresponden a la realidad de Bolivia”, observó.

En la misma línea cuestionó que el ministro Óscar Justiniano, al día siguiente de asumir la cartera de Medio Ambiente y Agua en una entrevista con un medio escrito dijo que Brasil recibía 10% de su producto Interno Bruto (PIB) de los mercados de carbono. “Nada más falso, las cifras que se manejan en Brasil son del equivalente a 0,1% del PIB de los mercados rurales de Brasil”, aclaró.

Lamentó que, desde el Gobierno, sin tener experiencia en el tema, se esté impartiendo capacitaciones para que la gente del agro, en Santa Cruz, pueda y sepa cómo entrar al mercado voluntario, a sabiendas de que no hay reglamentación todavía.

“En otras palabras, ante el vacío de regulación, el Gobierno actual está promocionando que sigan adelante las iniciativas privadas no reguladas. Y sin reglas claras, sin pago de impuestos, sin registro, nada de nada.

Consultado si las instituciones públicas y privadas están listas para encarar las dinámicas de los bonos de carbono respondió: “Las instituciones en Bolivia, mercados, bancos, no tienen por qué estar preparadas (…). El mercado de carbono es una transacción en pocas; si yo soy un narco y vendo droga, me pagan, lo pongo a mi banco. Si mi banco no me pregunta de dónde vino, eso es. No es más que eso. No hay certificaciones, no hay estándares internacionales que tengan que seguir”.

Czaplicki advirtió que no hay garantías que proporcionen los mercados de carbono, en cuanto a gobernanzas y salvaguardas. “Si algo te pasa o se te estafan, ¿a dónde vas? No, no existe nada de eso. Y, por lo tanto, es extremadamente preocupante”, señaló.

Contratos voluntarios vulnerables a “entidades piratas”

El economista ambiental explicó que en el caso de Bolivia, los contratos se están realizando de manera voluntaria, en un marco no regulado, y por tanto, quienes llegan son los actores de menor credibilidad, incluso acusados de estafa en otros lugares.

“Pues en esas condiciones, vienen a tu país las entidades que son las más piratas. ¿Por qué? porque en países donde tienes reglamentaciones estrictas, si no se cumple la norma se va a ir a sancionar a la certificadora y muchas más cosas, pues que lleguen al país no van a entrar cualquier actor, ¿verdad? porque van a tener miedo, van a tener que demostrar que están haciendo bien las cosas”, señaló.

Lo que es preocupante-dijo el investigador– son las certificadoras en el mundo, que ya han certificado bonos de carbono en Bolivia antes del cambio de la normativa y dichos certificados han sido vendidos.

“Cuando uno consulta a expertos que trabajan en el área de los mercados de carbono específicos a esas certificadoras, pues ellos te lo dicen, la certificadora no tiene por qué cumplir la norma del país de donde está certificando”, acotó.

En cuanto a las certificadoras más serias del mercado, advirtió que exigen el cumplimiento de la consulta previa libre e informada con el consentimiento de las organizaciones indígenas implicadas en el territorio, caso contrario no firmará contratos.

“El segundo elemento es que los mercados de carbón no te pagan por conservar algo que ibas a conservar de todas formas y que has estado conservando hasta ahora”, explicó.

“El alquiler de tierras colectivas es inconstitucional”

 

El investigador de Fundación TIERRA, Gonzalo Colqueadvirtió que el alquiler de tierras colectivas a empresas o grupos no está permitido por la Constitución Política del Estado, lo cual requeriría de modificaciones en la carta magna si se pretende entrar en ese tipo de contratos en el marco de los mercados de carbono.

“Muchas veces estos acuerdos se hacen de manera irregular y al margen de la norma, y ahí es que está en riesgo, porque efectivamente si los pueblos indígenas alquilan o transfieren derechos de uso o explotación económica de estas zonas, en los hechos llegaría a tener ocupación de personas y empresas, y con el tiempo si entregan territorios por 20, 30 ó 50 años como usualmente se pide, básicamente significa que pierden control sobre estos territorios”, observó.

El experto en temas agrarios advirtió también una vez cambie las relaciones de fuerza y las condiciones políticas, también hay el riesgo de que estas empresas puedan privatizar el derecho de propiedad colectiva a estos pueblos.

“Entonces, en ese sentido hay un riesgo de que esto ingrese a un mercado irregular de transacciones y alquileres de compra y venta, de uso y explotación de recursos naturales y con el tiempo se legalice como propiedad privada, ese es el principal riesgo en este tema”, puntualizó a ANA.

Recordó que las industrias de países desarrollados que necesitan justificar la contaminación son las interesadas en comprar bonos de carbono de los países que tienen bosques tropicales como Bolivia, pero no basta con tener bosques que capturan cierta cantidad de carbono.

“Lo que en realidad se tendría que vender es la captura extra o adicional de carbono, lo que significa que cualquier territorio que quiera vender cada vez tendría que ser más forestado, tendría que ser menos deforestado y se tendría que generarse mecanismos de control de mercado que diga que hay esta cantidad de carbono y esta es la plata que corresponde”, explicó.

Aclaró además que, los recursos que se obtienen de los bonos de carbono, no son de libre disponibilidad, sino que es para los pueblos indígenas, para proyectos de sostenibilidad, recuperación y de desarrollo ambiental.

“El problema para nuestro país es que nosotros estamos entrando por el afán de que necesitamos dólares, pero no hay tanta plata. La experiencia más exitosa en la región es Colombia, que en su mejor momento ha captado como 160 millones de dólares para invertir en estos bosques, pero después de años de trabajo”, dijo.

En criterio del investigador, Bolivia se encuentra en “pañales” sobre estas prácticas. “Se necesita un sistema financiero que tenga mecanismos de flujo de ingresos y egresos para el mercado de carbono, necesitamos empresas internacionales que hagan la cuantificación, la contabilización, los trabajos de auditoría, necesitamos certificación internacional para ver dónde vamos a capturar carbono”, mencionó.

Claudia Daza, jefa del Equipo Adjunta Experta en Líneas de Crédito Verde de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), desde su oficina de la zona Sur de La Paz señaló que el sistema financiero se ha recuperado tras la pandemia, pero aún hay una brecha muy grande por cerrar frente a países como Colombia, que es uno de los líderes en taxonomía propia; es decir, el sistema de clasificación que define qué actividades económicas y proyectos son sostenibles desde una perspectiva medioambiental.

“¿Qué podemos destacar?, el impulso más importante es desde el sector privado, los bancos Pymes que forman parte de Asoban, Asofin están haciendo esfuerzos por desarrollar políticas ambientales, políticas de sostenibilidad al interior de sus instituciones, así como también los créditos verdes”, destacó.

Sin embargo dijo que el mayor desafío es el de estandarizar los conceptos y los conocimientos y ver qué pasa, qué pasos son los más coherentes para dar dentro del sector privado y del sector público.

“Hace muchos años se creía que un crédito era verde simplemente porque financiaba un tema agricultura y a partir financiar actividades de mitigación o adaptación al cambio climático, solamente así es considerada verde, y el segundo paso es contar con una taxonomía propia, pero podemos acudir a la taxonomía colombiana o europea”, explicó.

En Bolivia dijo que solamente el BDP ha trabajado con taxonomía propia, pero las instituciones financieras aún no están trabajando en eso. “Nosotros como Pro Resiliente proyecto con el cual trabajo estamos desarrollando junto Banco Pyme EcoFuturo crédito verde para pilotearlo este año, que tiene taxonomía. Son aportes, pero eso nos falta para clarificar cuándo es verde y cuándo no”, indicó. 

“Recordemos que nosotros como país somo parte de la Agenda 30×30, del Acuerdo de París y tenemos unas metas que parecían súper lejanas, pero ya estamos a cuatro años del 2030 y sabemos que tenemos un gran rezago bastante grande en este cumplimiento”, llamó la atención la especialista.

En esa línea dijo que falta desarrollar toda esa mecánica y estructura conceptual. “Tenemos como temas aislados, tenemos los bonos verdes, los bonos sociales, pero todo lo que tenga que ver con la compensación de emisiones tiene que generar una cultural ambiental y sostenible no solo en las instituciones financieras sino también en todas las empresas”, subrayó.