Fuente: ANA

Tras el compromiso asumido por el Gobierno con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin RL) de 19 puntos, bajo la presión de dinamitazos en la ciudad de La Paz, el especialista en minería ilegal, Jaime Cuellar advirtió que este sector representa a la nueva oligarquía extractiva y logró en los hechos el permiso del Estado para cometer el saqueo de los recursos no renovables y el ecocidio a costa del interés del país.

“El levantamiento de las reservas fiscales en el Salar de Uyuni y el Precámbrico en favor de las cooperativas mineras, en un contexto donde el litio y las tierras raras se perfilan como recursos clave del siglo XXI, constituye una cesión implícita de soberanía”, afirmó en entrevista a ANA.

El especialista afirmó que los acuerdos con las cooperativas mineras, donde se alzan los discursos de desarrollo económico, se esconde una verdad incuestionable: “Bolivia ya no es dueña de su subsuelo ni de su destino”.

Lamentó que bajo presión, el uso de marchas con dinamitazos y la toma de las principales calles de la sede de Gobierno, el Ejecutivo cedió a favor de un sector en contra de los intereses del propio Estado y la sociedad.

Detrás de los titulares y la pompa mediática, dijo que se consumó una de las mayores entregas de soberanía que la historia reciente haya presenciado, en momentos en que el país enfrenta una crisis de reservas internacionales y las cooperativas actúan como canales para la fuga de divisas.

Las cooperativas, en su génesis símbolo de lucha popular, han mutado en una “oligarquía extractiva”, amparada por decretos, resoluciones y firmas de actas que ya no reflejan el ejercicio del poder soberano, sino la rendición a intereses privados.

Bajo la fachada de la “economía social comunitaria” dijo que un nuevo orden de “barones criollos” se alza, no como un simple sistema económico, sino como una estructura de dominación que infiltra las instituciones del Estado, despojándolas de su función reguladora para sustituirlas por una cooptación total.

Nuevas áreas mineras: un saqueo anunciado

Cuellar señaló que la ampliación indiscriminada de áreas de trabajo minero para las cooperativas refleja un principio inmutable, que quien controla la tierra, controla el poder. Sin embargo, dijo detrás de estas cooperativas se encuentran potentes capitales extranjeros que, bajo la apariencia de trabajo comunal, despliegan una maquinaria extractiva de proporciones globales.

“Las cooperativas ya no son simples agrupaciones de mineros independientes, sino vehículos para la penetración de intereses extranjeros que buscan adueñarse del corazón mismo de los recursos naturales del país”, dijo.

Licencias ambientales: la legalización del ecocidio

En cuando a la flexibilización de las normas a favor de las cooperativas mineras, el jurista señaló que la desregulación ambiental que se ha dado a favor de este sector en los hechos es la legalización del ecocidio. “Lo que antes se consideraba un deber del Estado —proteger sus riquezas naturales— ha sido sustituido por la aceptación tácita de la destrucción masiva”, dijo en relación a la destrucción de los ecosistemas.

Bajo el discurso de la “economía popular”, señaló que se entregaron licencias para dinamitar montañas, contaminar ríos y transformar valles fértiles en desiertos tóxicos, todo ello sin el menor control ni fiscalización, mientras los responsables de la destrucción operan impunemente.

“Los ecosistemas que alguna vez definieron el corazón de Bolivia serán arrasados en nombre de una falsa prosperidad, dejando un rastro de contaminación, despojo y desolación”, aseveró.

Fencomin RL: El monopolio dorado

El reconocimiento de la Fencomin RL como única federación de cooperativas mineras de Bolivia no es una simple formalidad o gesto de buena voluntad estatal dijo Cuéllar- sino el acta de capitulación ante una corporación que ha logrado consolidarse como un poder paralelo, una estructura que controla, desde la asignación de permisos, designación

“En lugar de ser una federación que respete la pluralidad y los intereses nacionales, se ha erigido como un supra-ministerio que, bajo la sombra de la minería cooperativa, desmantela cualquier intento de fiscalización y fomenta un sistema monopolístico”, observó.

En este escenario, dijo que los intereses de los cooperativistas, al igual que los de los poderes fácticos que se esconden tras ellos, superan el interés general, configurando una nueva oligarquía extractiva que opera a su antojo.

Combustibles y explosivos: la logística de un ejército paralelo

El aseguramiento prioritario de combustibles y explosivos para las cooperativas, mientras las demás formas de minería, ya sea estatal o privada, luchan por acceder a estos recursos, establece un sistema dual dentro del Estado. Un país de reglas para algunos y de excepciones para otros.

“No estamos ante una política de fomento a la minería cooperativa, sino ante la creación de una estructura logística de guerra económica, donde las cooperativas, armadas hasta los dientes, tienen el poder de dinamitar no solo montañas, sino cualquier resistencia social o política que amenace sus dominios”, cuestionó.

En este contexto, afirmó que el Estado ya no actúa como árbitro de los intereses nacionales, sino como un proveedor de recursos, más dispuesto a facilitar que a regular.

Dólares al instante: la fuga de soberanía

El acceso irrestricto a dólares por parte de las cooperativas, especialmente a través de la venta de minerales, pone al descubierto una de las debilidades más profundas de la economía boliviana, según el investigador.

“En un país que enfrenta una crisis de reservas internacionales, las cooperativas actúan como canales para la fuga de divisas y el lavado de capitales, mientras intereses extranjeros se benefician de un sistema que debería ser un baluarte de la soberanía nacional”, sostuvo.

El Estado al no poseer las capacidades, no regula, ni fiscaliza este flujo, sino que se convierte en un “cómplice silencioso” que facilita la evasión y el contrabando económico, según el entrevistado.

Decapitaciones institucionales: la purga a la carta

La destitución forzada de autoridades en instituciones clave como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), entre otras; no es meramente una purga administrativa, sino una estrategia sistemática para reemplazar a los funcionarios “comprometidos con la ley” por aquellos dispuestos a someterse a la voluntad de las cooperativas.

“No se trata de reformas administrativas, sino de una guerra de posiciones para asegurarse que los organismos públicos devengan en sucursales de este nuevo corporativismo minero”, sostuvo.

Este proceso, señaló que es comparable a las purgas históricas, revela la lucha interna por capturar el aparato estatal, desmantelando el Estado de Derecho en favor de un corporativismo minero que actúa como dueño del poder, no como un regulado de la misma.

Contratos administrativos mineros: legalización del abuso

Los contratos administrativos reconocidos tácitamente y al margen de la Ley 535 a favor de las cooperativas, y sin tomar en cuenta las salvaguardas ambientales necesarias, son una clara muestra de cómo la legalidad se ha convertido en una fachada vacía.

Lejos de regular la minería de forma responsable, estos acuerdos se han transformado en instrumentos de captura, diseñados para beneficiar a intereses particulares, disfrazados bajo el manto de la legalidad. En este contexto, el contrato administrativo ya no es un acto de gobernanza, sino una práctica que perpetúa un sistema de abuso y despojo, sin que el Estado se oponga de manera efectiva.

Prognosis: el ocaso anunciado

Si el Estado de Bolivia persiste en su papel de “cómplice pasivo” de la usurpación de sus recursos estratégicos, la nación se precipitará hacia un colapso económico, social y ambiental de proporciones catastróficas.

“La cesión de control sobre todos sus recursos minerales, entre ellos los críticos como el litio y las tierras raras, no es solo una pérdida de soberanía, sino un debilitamiento directo de las estructuras fundamentales de la economía nacional”, aseveró.

La fuga de capitales, acelerada por un entorno económico cada vez más incierto y desregulado, exacerbada por la incapacidad del Estado para defender sus propios intereses, llevará a una crisis fiscal irreversible.

Señaló que la explotación desmedida de los recursos naturales sin un control regulatorio adecuado no solo llevará a la pérdida de riqueza económica, sino que provocará una devastación ecológica que no podrá ser revertida.

«Socialmente, la consolidación de un sistema extractivo y profundamente desigual reforzará las tensiones internas, erigiendo una estructura de poder que ya no representará los intereses de la población, sino los de una elite corporativa que se ha infiltrado en las instituciones del Estado», manifestó.

En este nuevo orden, el Estado ya no será un protector de los ciudadanos, según el jurista, sino una mera fachada de una plutocracia extractiva donde los intereses extranjeros y las élites locales dictarán el destino del país.

Sin un giro radical en las políticas, Bolivia estará condenada a convertirse en una colonia de sus propios recursos. El país necesita urgentemente recuperar la soberanía sobre su tierra y sus minerales, no solo a través de un marco legal robusto que regule eficazmente la minería, sino también fortalezca sus instituciones y que además protejan su medio ambiente. Un sistema que garantice transparencia, justicia y sostenibilidad es la única salida ante la amenaza inminente de la desintegración.

Si Bolivia no implementa estas reformas, el camino hacia la colonización extractiva no solo será inevitable, sino irreversible, advirtió.

Aquellos que controlan los recursos naturales —ya sean actores internos o externos— se erigirán como los nuevos dueños del país, y la población quedará relegada a una posición subordinada, acotó