AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Con el propósito de crear una base sólida de datos sobre la minería en la Tercera Sección de la provincia Sud Yungas de La Paz y dar a conocer el nivel de ilegalidad para fortalecer a defensoras y defensores de Derechos Humanos, un equipo experimentado se trasladó al municipio de Yanacachi para visitar in situ a varias comunidades y reunirse con diversos actores sociales, económicos y políticos de esta región.

El estudio encomendado por el programa Acceso Público de Fundación Pueblo al experto en temas mineros, Héctor Córdova y a la economista especializada en desarrollo rural, Roxana Liendo, incluye la visita a varias comunidades e incorpora el componente de encuesta a realizarse por los propios comunarios del lugar. En ese propósito se organizó un taller en la comunidad de Santa Rosa.

Durante la capacitación a comunarias y comunarios del municipio, Liendo detalló que el objetivo principal del estudio es construir una sólida base de datos que contemple el nombre del operador minero, el tipo de operador (estatal, privado o cooperativista), el estado de trámite de adquisición de derechos mineros, la fecha de firma del contrato del derecho minero, la fecha de aprobación del contrato en la Asamblea Legislativa, el número y tipo de accionistas o socios, así como el área concedida.

La investigadora explicó que también se determinará en el trabajo, la extensión del área minera con operaciones, así como la fecha de consulta previa, libre e informada, además del tipo de operación: si es de exploración, prospección o explotación, así como la tecnología empleada.

El estudio también verá qué está pasando en las cooperativas mineras en Yanacachi, dijo la investigadora, ya que se cree que más de la mitad de las cooperativas que está operando actualmente en el municipio no es legal; es decir, no tiene los permisos para trabajar.

Marcial Gutiérrez, concejal municipal del Comité de Medio Ambiente en el municipio de Yanacachi informó sobre más de 100 mineras de las cuales solo tres cuentan con autorización otorgada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por lo que solicitó mayor información. Sin embargo no socializó el informe remitido por la Gobernación Departamental de La Paz, tras la realización de un trabajo de inspección.

Liendo señaló que también se identificará qué tipo de conflictos puede generarse a partir de confrontaciones entre mineros y agricultores. “Estamos viendo las confrontaciones que hay, hace poco en Sorata hubo por el tema de la minería y la agricultura, queremos ver cuál latente está en el municipio”, dijo.

Investigación participativa con las comunidades

La investigadora explicó que el objetivo del Programa Acceso Público, es tener una ciudadanía informada y de esa manera contar con defensores del medioambiente, para lo cual necesita un material para proceder a la sensibilización y capacitación de estos actores. La economista destacó que la investigación es participativa, pero también de alta confiabilidad por la información que recogen los comunarios, porque se trata de personas de la comunidad que tienen confianza con sus vecinos y que ven día a día si hay minería o no.

La Fundación Pueblo, con más de 30 años de trabajo en la zona y en varias regiones del país, ha encargado hacer una base de datos de manera integral sobre la presencia de cooperativas mineras en el municipio de Yanacachi, información que servirá también para fortalecer en capacidades y conocimientos a defensoras y defensores de Derechos Humanos frente a la minería ilegal.

“Y si bien ha constatado que hay un auge en la explotación minera, hay una total ilegalidad en su trabajo porque (las cooperativas) no tienen ninguno de los permisos, ya sea ambientales, planes de trabajo aprobados por el Estado, pero tampoco han realizado la consulta previa (a los afectados) que es uno de los requisitos para poder llevar adelante el trabajo y eso es previo”, subrayó Roxana Liendo.

Lamentó que en los últimos cinco años a partir de la situación de crisis económica a nivel mundial por efecto de las guerras y otros factores, el precio del oro no ha parado de aumentar, de manera que ha subido la demanda de este mineral precioso a nivel internacional.

“Como Bolivia tiene tanto yacimiento de oro aluvionales que están siendo invadidas las comunidades, ante la ambición extranjera que viene de la demanda china e india sobre todo. Y también en Sudamericana la presencia colombiana también está muy presente”, dijo.

En este contexto aseguró que la minería aurífera afecta a la seguridad alimentaria de gran parte de las familias campesinas que en la zona de Yanacachi viven de productos agrícolas y flores, ya que al estar contaminado el agua, que es vital para el crecimiento de los cultivos,va quedando zonas desérticas.

“Queremos determinar cuál es el principal ingreso de las familias en esta región además de la coca, además del oro y vemos que venden en cantidades pequeñas cítricos, pero la economía familiar está basada en la coca y donde hay explotación de oro cada vez más en oro y eso afecta no solo al sistema de alimentos sino también a nivel familiar pues se ha constatado otros espacios la desintegración de las familias”, señaló.

El objetivo máximo de este estudio dijo que es empoderar a los que están trabajando como defensoras y defensores de Derechos Humanos, para que pongan límites a los impactos ambientales y sociales.

A su turno, Héctor Córdova mostró el mapa de Yanacachi y cómo se encuentra cuadriculado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativo Minera (AJAM), entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalúrgica que otorga las autorizaciones para las operaciones mineras basándose en la medida de la cuadrícula.

La cuadrícula minera de acuerdo a la Ley 535 es la unidad de medida de la concesión minera que tiene la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra y su límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de 500 metros por lado con una extensión total de 25 hectáreas.

“La minería se ha convertido en la principal actividad económica de Bolivia (…). El oro exporta por un valor superior a 3.000 millones de dólares, ya le ha pasado al gas de lejos y si se junta con el resto de los minerales supera los 7.000 millones de dólares anuales” indicó a modo de dimensionar su incidencia del sector.

En cuanto a las cooperativas dijo que hay más de 140 mil personas legalmente asociadas. “Pero sabemos que contratan de manera ilegal a obreros y eso no pueden hacer, porque si entra como obrero tiene que volverse socio”, dijo.

Encuestadores comunarios

Elizabeth Fernández del Comité de Medioambiente de la Central Santa Rosa, señaló que se motivó ser una de las encuestadoras para el estudio porque no quiere que se afecten los ojos de agua de su comunidad con la minería.

“La motivación ha sido porque nos está invadiendo la empresa Marjcalizfrente a Sauri que no es está afectando a los ojos de agua y también la otra empresa Calepito que está abarcando los ojos de agua de Huajilaya y también Sacahuaya, Santa Rosa, Chaguara hasta Mocori y Puente Villa, ese es el motivo de vernos indefensos y que nadie pueda hablar por nosotros”, expresó.

En ese marco dijo que se animó a trabajar por su comunidad desde el Comité de Medioambiente. “Si no hay nadie que se pronuncie iré, dije. Más bien tenemos a la abogada que nos está apoyando con las cartas de objeción o las oposiciones para hacer frente a estas empresas grandes que nos están invadiendo”, señaló.

La abogada a la que se refirió, María Elena Murillo compartió los mapas que muestran las solicitudes en curso de la Empresa Minera Calepito que requirió a la AJAM 18 cuadrículas (450 hectáreas) en el área de San José para la explotación aurífera, mientras que la Empresa Minera Marjcaliz SRL solicitó 315 cuadrículas (7.875 hectáreas) en el área Apex Gold Santander I para tareas de prospección y exploración.

Víctor Quispe, secretario de Relaciones de la comunidad Chaco destacó el trabajo que se realiza desde la Fundación Pueblo, por precisarla dimensión de la actividad minera en el municipio de Yanacachi.

“Es importante saber, ver qué es lo que está pasando en nuestros municipios, está bien que nos capaciten a nivel federación y a nivel central para el bien de nuestras comunidades, es tan importante para el futuro que viene para todos nosotros, porque si no vamos a pasar estos talleres, la minería nos va afectar mucho peor”, aseguró.

El dirigente dijo que el municipio de Yanacachi “está afectado gravemente” por la minería ilegal y que por esa razón pediría más capacitación para los jóvenes y señoritas para que sepan qué es el medioambiente y cómo defenderlo.

“Chaco está afectada por las empresas Flor de Oro, Trece Curvas, estamos sumamente preocupados por la minería ilegal. Hablando de Chuspipata que afectaron con dinamitas (…). Gracias a que bajaron de la comisión de la Gobernación, eso se ha paralizado”, dijo.

Por su parte, Víctor Cuqui Quisbert, secretario de Relaciones de la comunidad Santa Rosa aseguró que en las comunidades se encuentran muy afligidos porque les llega comunicaciones permanentes de que la AJAM está distribuyendo cuadrículas mineras a las cooperativas mineras auríferas es sus terrenos y ojos de agua de donde consumen.

“Tenemos conocimiento de que la AJAM ha dado cuadrículas a los mineros y esa es la preocupación. Seguramente nuestras aguas van a ser afectadas con los químicos que utilizan para el lavado de oro y todo eso es una preocupación y estamos siendo invadidos por todo lado. Todo nuestro río, la pesca ha sido afectada por ese lado. De Unduavi para abajo todo es minería”, se lamentó.

Confía que desde el directorio de la central agraria harán respetar su comunidad, por lo que llevan reuniones permanentes. De las 35 comunidades del municipio, dijo que al menos unas 12 ya están invadidas por cooperativas mineras.

“Estamos en emergencia toda la comunidad por la arbitrariedad que hay en este momento; desde Unduavi para abajo Yerbani, Florida, Pichu, Sacahuaya, Sirupaya, Chaco y todo están afectando (los mineros) hasta Sacahuaya, Santa Rosa y Chocana”, detalló.

En cuanto al tipo de minería que vio, aseguró que se trata de mecanizada pues se emplea maquinaria. “Todo está mecanizado en el río, hacen explosiones de dinamita. Imagínese toda nuestra fauna, lamentablemente los animalitos han desaparecido, ni para pescar ni cazar, absolutamente no hay nada”, aseguró.

El artículo 93 de la ley minera de 2014 detalla que no se puede otorgar derechos mineros en áreas que afectan a ríos, poblaciones, carreteras, monumentos arqueológicos, entre otros.

Preguntas de la encuesta

La encuesta sobre la situación de las cooperativas mineras en la Tercera Sección Municipal de la provincia Sud Yungas se realizará a 118 personas, de las comunidades de Chaco, Chajhuara, Santa Rosa, Sacahuaya, Mocori, Quisno y Piguaya.

La muestra fue obtenida del total de población por comunidad, donde se ha seleccionado el 10% para dar fiabilidad a las respuestas y el total se ha dividido por representación por sexo, de acuerdo a información censal y la proporcionada por la Fundación.

Entre las preguntas dirigidas a las y los comunarios figuran: ¿cuántas cooperativas mineras están trabajando actualmente en el municipio y en qué comunidad?, ¿conoce qué tipo de maquinaria e insumos utilizan para su explotación?, ¿Conoce los minerales que se explotan y la cantidad?, ¿Qué beneficios generan a la comunidad? entre otras.

Las consultas a las autoridades municipales están referidas a: ¿Cuál es la principal propuesta del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) para el desarrollo del municipio?, ¿qué porcentaje del presupuesto municipal representan las regalías mineras?, ¿qué otro beneficio deja la minería al municipio?

El programa “Fortalecimiento de las defensoras y defensores de Derechos Humanos frente a la minería ilegal” de Fundación Pueblo cuenta con el apoyo de la Embajada de Alemania.