AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

En ausencia de la representación oficial de la administración de Luis Arce, la sociedad civil boliviana organizada expuso ante las Naciones Unidas en Ginebra, sus informes alternativos sobre la vulneración de Derechos Humanos y Ambientales, Derechos a Pueblos Indígenas y el deteriorado Estado de Derecho en Bolivia, entre otros temas relevantes, en el marco de la pre-sesión rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) a celebrarse en enero del próximo año.

“Más allá de las recomendaciones que logremos es que se sepa cómo está Bolivia en materia de Derechos Humanos. ¿El Estado boliviano estaba obligado a estar el día de hoy?, no, pero como Gobierno, como cara del país si tendría que estar, hasta por diplomacia saber que hay delegaciones de Bolivia para asistir y saber qué son las preocupaciones, qué estamos diciendo aquí que tal vez no lo están escuchando”, señaló desde Ginebra la lideresa indígena Ruth Alípaz.

La también representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y de la Amazonía boliviana, afirmó en conferencia de prensa vía virtual, que las pre-sesión del EPU se constituye en el espacio donde la sociedad civil tiene la oportunidad de presentar informes alternativos y hacer conocer cómo están los Derechos Humanos en Bolivia.

“Esto se hace cada cuatro años, debemos entender que en cuatro años hay cambios de las misiones en Naciones Unidas y puede ser que quienes hicieron recomendaciones el 2019 ya no están y hay un desconocimiento de lo que sucede en Bolivia y un predominante discurso del Gobierno, que ciertamente se está cayendo”, afirmó la coordinadora de la Coordinadora Nacional para la Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

En ese marco enfatizó en la importancia de llevar información desde la sociedad civil a estos espacios internacionales. “El objetivo de poner el nombre de Bolivia en estos espacios internacionales con las misiones, es la única oportunidad de llegar a diferentes Estados y estamos hablando de los 193 Estados miembros, es poner en conocimiento global de la situación del país en materia de Derechos”, subrayó.

“La sanción es más de carácter diplomático”

Por su parte, Franco Albarracín experto de Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) lamentó que en un evento de tanta relevancia como fue la pre-sesión del EPU, donde Alípaz Cuqui llamó la atención de todas las misiones, se haya notado la ausencia del Estado boliviano, “que sea de los pocos Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que haya faltado”.

El jurista dijo que se hizo notar la ausencia del Estado en las presiones del EPU, porque se trataba no solo de uno de los eventos más importantes de los últimos cinco años en relación a la evaluación de Derechos Humanos a Bolivia, sino también era la oportunidad para tener un acercamiento con los otros Estados.

“Era importante conocer la contraparte del Estado boliviano, que el mismo Estado pueda preguntar sobre la situación de Derechos Humanos y hubo una ausencia y los demás Estados miembros y Naciones Unidas lo han podido notar”, dijo.

Albarracín explicó que la sanción para Bolivia es más de carácter diplomático, porque la ausencia del Estado a estos espacios relevantes de evaluación de DDHH deja la imagen del Estado bastante dañada, sobre todo con sus pares no solo en el escenario de Naciones Unidas.

“También en otros escenarios internacionales, parece alejarse de todos los compromisos internacionales, en Estado boliviano en los cuales supuestamente en años anteriores lideraba en algunas temáticas como medioambiente, protección de la naturaleza, defensores de Derechos Humanos de pueblos indígenas, la imagen que David Choquehuanca y Evo Morales proyectaban, esa máscara ha terminado por caerse al piso”, aseguró.

Con este tipo de acciones señaló, que el partido oficialista ha demostrado que el “Estado es enemigo de los pueblos indígenas, del medioambiente y de la naturaleza”.

Durante las pre-sesiones, Ruth Alípaz expuso un resumen de cinco informes elaborados por la coalición Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA), liderado por el CEDIB y la Contiocap sobre la situación de defensores de DDHH y medioambiente, la contaminación por mercurio en Pueblos Indígenas y su impacto diferenciado en mujeres, la situación e la deforestación e incendios forestales, así como el Estado de Derecho.

“Se trata de cinco informes sobre cómo estamos los defensores y el Estado de Derecho y cómo el deterioro del Estado de Derecho se vincula a la violación de Derechos Humanos en Bolivia, cómo está coincidiendo con el extractivismo, el acceso a la justicia, cómo en Bolivia no es posible acceder a la justicia debido a que no hay independencia de poderes”, señaló Albarracín.

Dijo que se trató de un esfuerzo muy grande de la coalición por estar presente en la sede de Naciones Unidas, donde otras alianzas de la sociedad civil también llevaron sus aportes para ser presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, con el propósito de mostrar los patrones de vulneración a DDHH que tienen un vínculo muy estricto al daño al medioambiente en el contexto de los extractivismos.

Por su parte, Álex Villca líder indígena de las resistencias desde la Amazonía y portavoz de la Contiocap señaló que las reacciones y resultados que se han ido logrando con los representantes diplomáticos de los diferentes países miembros, han sido de gran relevancia en Ginebra, y que la exposición de Alípaz Cuqui estuvo muy concurrida.

“Hoy en el espacio de Naciones Unidas estuvo totalmente lleno el auditorio, pero no con el Estado y eso será juzgado por las misiones permanentes, pero hay una repercusión favorable y se ha logrado una treintena de recomendaciones y en ese afán continuaremos con más reuniones. Tendremos reunión con los miembros de la Unión Europea”, informó.

En esa línea, la lideresa indígena dijo que es importante que no quede impune toda la problemática de contaminación. “Ya hemos visibilizado el tema de la contaminación a nivel nacional e internacional del Consejo de Derechos Humanos porque el Relator Especial para Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana ha expuesto esta problemática de Bolivia, entre ellos que Bolivia es el primer importador de mercurio y del tráfico y contrabando hacia otros países de Sudamérica”, señaló.

Siendo una problemática de la región, dijo que es problema vergonzoso para Bolivia y que los otros países sepan que están siendo afectados es también hacerles saber su responsabilidad.

Incumplimiento del Estado a las recomendaciones

En el Tercer Ciclo del EPU 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre medioambiente y derechos de pueblos indígenas, recibió y aceptó siete recomendaciones sobre la protección del agua, preservación de reservas naturales; y eliminación de sustancias tóxicas en minería y actividad agrícola; 14 recomendaciones sobre protección de territorios de Pueblos Indígenas y derecho a la consulta previa libre e informada; protección ante incendios y; ajustes al marco jurídico del sector minería e hidrocarburos.

“El Estado boliviano ha incumplido todas estas recomendaciones, pero además ha incrementado normas inconstitucionales favorables para la minería, hidrocarburos, ganadería y monocultivos en territorios indígenas y áreas protegidas”, concluye el informe sobre el anterior periodo de EPU.