AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Jimena Mercado

Ante la expansión de la minería ilegal del oro en América Latina, así como el tráfico del mercurio, el embajador de Ecuador en Bolivia, Jaime Augusto Barberis afirmó que el incremento de la minería ilegal constituye una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad regional, y atribuyó que la circulación de la sustancia se inserta en redes clandestinas complejas que involucran intermediarios regionales.

“El mercurio continúa siendo un insumo crítico para las actividades auríferas ilícitas, cuya circulación se inserta en redes clandestinas complejas que involucran intermediarios regionales, operadores logísticos informales y múltiples puntos vulnerables de control, tanto internos como transfronterizos, representando un factor de alto riesgo desde la perspectiva de seguridad ambiental y del control de economías ilícitas”, afirma el diplomático en una amplia respuesta al cuestionario presentado.

El relator Especial de Lucha contra las Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas, Marcos Orellana advirtió en 2021, que Bolivia se convirtió en el centro del tráfico de mercurio de la región, por lo que no solo fomenta la minería ilegal en territorio boliviano, sino también en países vecinos, donde hubo avances importantes en la prohibición del uso de este metal tóxico y el cumplimiento del Convenio de Minamata.

Su posición fue dada, tras conocer los resultados del estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) sobre el comercio del mercurio, que sitúa a Bolivia como el segundo mayor importador de esta sustancia tóxica a nivel mundial, en promedio 200 toneladas año, sin justificar el uso de los volúmenes ingresados.

“Constituye una amenaza para la seguridad”

“Se reconoce que el incremento de la minería ilegal en Ecuador constituye una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad regional debido a su estrecha vinculación con economías ilícitas transnacionales, redes de crimen organizado y el deterioro ambiental acelerado, particularmente, en zonas amazónicas y andinas. Frente a esta problemática esta Cartera de Estado ha ejecutado diversas acciones orientadas a combatir la extracción ilegal de los recursos mineros”, señala la respuesta escrita.

En un país, como Ecuador, donde su Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería publicada en el Registro Oficial 37 del 16 de julio de 2013 establece de manera expresa la prohibición del uso del mercurio en operaciones mineras en el país, señala que su inobservancia será sancionada con la revocatoria del derecho minero, sin perjuicio de las sanciones de orden penal a las que hubiere lugar, el diplomático ecuatoriano respondió un amplio cuestionario.

“Un insumo crítico para las actividades auríferas”

Por otra parte, al considerar que la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es una actividad históricamente presente en Ecuador, Barberis señala que es preciso que el uso del mercurio en esta actividad se encuentre legalmente prohibido desde julio de 2025.

En ese marco, el Embajador afirma que, una vez realizadas las consultas al Ministerio de Ambiente y Energía del Ecuador, ese evidenció el fortalecimiento del marco institucional y normativo para el control ambiental y la gestión de la actividad minera, sustentándose en una base legal consolidada que incluye, entre otros instrumentos, la Ley de Minería, el Código Orgánico del Ambiente, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), así como la creación del Comité Nacional Interinstitucional contra la Minería Ilegal (CONIM). 

“Estas herramientas han permitido avanzar en el análisis de la cadena de valor del oro y en el fortalecimiento de las capacidades estables de control”, se lee en el documento.

Del mismo modo destaca que, mediante Acuerdo Ejecutivo 435, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín dispuso la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM) con carácter permanente, como instancia encargada de la coordinación interinstitucional para la evaluación nacional de riesgos y oportunidades del sector minero, así como para la ejecución de acciones destinadas a contrarrestar las actividades ilícitas relacionadas con recursos mineros y sus efectos, instancia de la cual el Ministerio de Ambiente y Energía forma parte.

“En este sentido las áreas técnicas han identificado consideraciones estratégicas orientadas a fortalecer la coordinación política y técnica con los países de la región a través del fortalecimiento del diálogo bilateral, la articulación de agendas comunes en foros regionales y multilaterales, el impulso de mecanismos de cooperación interinstitucional y la alineación de esfuerzos con las estructuras nacionales de coordinación existentes”, sostiene en el marco de la Decisión 774 de la Comunidad Andina.

La Decisión 774 de la Comunidad Andina (CAN), aprobada en 2012, establece la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. Su objetivo principal es proteger el medio ambiente, la salud de la población y los recursos naturales mediante la coordinación de acciones legislativas, administrativas y operativas entre los Países Miembros.

En cuanto a la estructura institucional del sector, el Ministerio del Ambiente y Energía del país vecino cuenta con el Viceministerio de Minas y el Viceministerio de Ambiente y Marino Costero a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

Adicionalmente la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) de conformidad con la Ley de Minería y su normativa conexa constituye el organismo técnico encargado de la regulación, control y fiscalización de las actividades mineras dentro del territorio nacional en los ámbitos administrativo, técnico y operativo.

Respecto al Acuerdo de Escazú, el diplomático afirma que Ecuador ha colaborado activamente con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) en su calidad de Secretaría del Acuerdo, participando en la Conferencia de Partes COP 1 (2022, Santiago de Chile), COP2 (2023, Buenos Aires) y COP3 (2024, Santiago de Chile).

“Cabe destacar que el Ecuador fue el primer país en presentar su Hoja de Ruta de Implementación del Acuerdo y organizó el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y El Caribe realizado en Quito 2022”, subraya.

Por el contrario, en el caso boliviano, el abogado Jaime Cuellar, especializado en minería ilegal, denunció al Estado boliviano ante la Comunidad Andina (CAN), por incumplimiento de normas comunitarias y la Decisión 774 referidas a la lucha contra la minería ilegal y otros delitos conexos, la colaboración a nivel regional entre Estados miembros y otras tareas inherentes. Sin emargo, la organización regional declaró inadmisible la denuncia porque el reclamante «no acreditó su condición de afectado en sus derechos«.

Bolivia y su respuesta insuficiente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia a cargo del nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, tras casi un mes desde del ingreso de solicitud de información a ventanilla respondió que, el país ratificó el Convenio de Minamata y elabora en Plan de Acción Nacional del Mercurio.

Sin embargo, no se respondió al amplio cuestionario, ni se desarrolló qué acciones realiza el Estado contra la minería ilegal y el tráfico del mercurio, ni respondió si la importación de la sustancia tóxica seguirá siendo legal en el país. Tampoco mencionó que acciones realizó en el marco de la Decisión 774 de la CAN.

La respuesta escrita fue dada el 19 de diciembre de 2025, por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, a una carta dejada en ventanilla el 21 de noviembre, en un contexto de mayor profundización y expansión del extractivismo y la minería ilegal del oro en el país, tras dos décadas del régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder (Evo Morales 2006-2019; Luis Arce 2020-2025).

“Al respecto, la Máxima Autoridad Ejecutiva de este Ministerio lamenta no poder atender la entrevista requerida por razones de agenda. Con relación a la información solicitada, en cuanto corresponde a esta cartera de Estado, se comunica que Bolivia ratificó el Convenio de Minamata el 18 de noviembre de 2015 y desde entonces participa activamente en su implementación a través de la coordinación permanente con la Secretaría del Convenio, cumpliendo con los mecanismos formales de reportes establecidos”, señala partes salientes de la escueta nota.

También se resalta que el país se encuentra en construcción el Plan de Acción Nacional orientado a reducir y eliminar progresivamente el uso de mercurio.