A dos años de que el Gobierno lanzara el Plan Nacional de Acción del Mercurio, el investigador Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), afirmó que el mismo no tuvo avances importantes en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata, pues se limitó a generar un registro de importadores y comercializadores, y no así a realizar acciones concretas que vayan a reducir el uso de la sustancia tóxica en la minería del oro.

“Es importante mencionar que las dos acciones han sido asumidas por el Estado a presión de la sociedad civil y organismos internacionales de Derechos Humanos (…). Sobre el Plan de Acción el Gobierno tenía financiamiento por donación hace tres años y el registro de importadores fue una propuesta de decreto que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que rechazado por más de tres años por el Gabinete, antes de ser puesto en vigencia”, afirmó.

Puntualizó que el registro de importadoras y comercializadoras ha sido una medida interesante que la adoptaron muchos otros países, pero insuficiente, ya que en el caso boliviano se limita a contar con la lista de importadores, pero no hay una prohibición progresiva como lo hizo Colombia que prohibió el uso y comercialización de la sustancia tóxica en el marco de un plan.

“En el caso de Bolivia no hay restricción ni prohibición de comercialización del mercurio, sobre la implementación del registro no se conocen nada (…). Hay la denuncia de comercializadores del mercurio de Perú, que operan en Bolivia y algunos con procesos, no se ha dicho nada al respecto”, señaló.

Sobre el plan de acción nacional y plan de mercurio y salud dijo que fue una iniciativa muy interesante pero que no llegó a concretarse en su versión final. “Se lanzó con mucha pompa, hubo capacitación, medidas que hubiesen sido interesantes en toxicología pero hasta donde tenemos conocimiento hubo algún material informativo y algunos talleres pero no hay ninguna medida concreta”, dijo.

Campanini afirmó que hasta donde se conoció se contrató a una empresa consultora que avanzó todo lo que pudo en el diagnóstico de la minería del oro y el uso del mercurio, pero los resultados fueron reservados por el sector minero, para luego ser puestos en revisión. Mientras que las siguientes fases que pretenden ser más participativas tanto del sector minero como de afectados se quedaron trancadas.

“Estamos en contacto con personal médico de salud de algunas zonas afectadas por la minería y dicen que no hay grandes medidas por parte del nivel central para desarrollar este plan de mercurio y salud y el plan de acción nacional que se enmarca en el Convenio de Minamata, que arrancó y no ha tenido mayor avance”, aseveró.

De acuerdo al análisis del investigador, el Gobierno no encaró la problemática del mercurio de manera estructural ya que la minería ilegal del oro avanza junto con la vulneración de derechos.

Consultado por qué no fueron más contundentes en sus recomendaciones en el marco del EPU el 21 de enero de este año países vecinos como Brasil o Perú, respondió que hay preocupación de varios países de la región por la inacción de Bolivia, pero que en espacios más políticos no lo expresan.

“Hasta donde tengo conocimiento, hay una preocupación de los Estados vecinos, probablemente no se manifieste en los planos políticos que tienen otros elementos que dinamizan esas relaciones bilaterales, pero en el plano técnico es un tema de preocupación, sobre todo por Perú y Brasil y tiene que ver con el comercio ilegal del mercurio, el narcotráfico, tráfico de combustibles y otros ilícitos donde el Gobierno no toma las acciones esperadas a nivel nacional e internacional”, aseveró.

Campanini señaló que los países de la región no pueden obviar el rol de Bolivia no sólo en América Latina, sino en el mundo, sabiendo que se cuenta con una extensa Amazonía, cada vez más impactada por las actividades extractivas.

“En el caso del mercurio es interesante mostrar lo que sucedió por la importancia que tienen países como Bolivia, que es el principal importador en todo el mundo (…). En algunos años importó la cuarta parte de lo que circuló en el mundo, que no solo fue para uso para la minería del oro en Bolivia, sino para países vecinos y está siendo exportado de manera ilegal”, señaló.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, señaló a Bolivia el año 2021 como el país centro de tráfico ilegal del mercurio en la región, y que ante la gravedad del comercio y el uso indiscriminado de este elemento peligroso, visibilizaría esta situación en foros internacionales, así como el incumplimiento del Estado frente al Convenio de Minamata.

Para entonces el CEDIB y el Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena de Colombia, realizaron un estudio en varias comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía en coordinación con la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), para determinar los niveles de mercurio en los organismos de comunidades indígenas ribereñas de la Amazonía boliviana.

Los resultados dieron cuenta de niveles promedio de mercurio entre 10 y 20 partes por millón (ppm) cuando lo máximo permitido es de 1pp, según estándares internacionales de salud.

En ese marco, Campanini afirmó que Bolivia no sólo está perjudicando los esfuerzos internacionales por reducir el uso del mercurio a nivel de América Latina, sino a nivel global, por tanto ha cumplido un rol negativo respecto a las disminuciones de emisiones y controles del mercurio. Mencionó que el Observatorio de la Comunidad Andina de Naciones también tiene la tarea de observar el tema.

Consideró en esa línea que el EPU es un importante escenario internacional para llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo en Bolivia en materia de Derechos Humanos.

El Relator Especial para Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas, Marcos Orellana mencionó que el Convenio de Minamatra logró importantes avances en controlar la expansión, uso y disposición de este tóxico excepto en la minería aurífera

Plan nacional de acción del mercurio

El Gobierno presentó hace dos años, y sin la participación de las comunidades indígenas impactadas por el mercurio, dos planes para la reducción gradual del uso de esta sustancia tóxica en la minería aurífera aluvial y se preveía resultados en los siguientes dos y cinco años.

El plan nacional de acción entró en vigencia a partir del 17 de enero de 2023 forma parte del Convenio de Minamata, del cual el país se hizo signatario el 2003 y ratificó el 2015, con el propósito de reducir la sustancia tóxica de la actividad minera, hasta su eliminación.

El plan de mercurio tiene un objetivo general, establecer líneas estratégicas para orientar las acciones del sector salud a la reducción de los riesgos y efectos resultantes de la exposición al mercurio en la población boliviana. 

Campanini mencionó que se conoció que el Gobierno contrató a una empresa consultora que avanzó en el diagnóstico del sector minero y el uso de mercurio, y se prevé que las siguientes fases sean más participativas, tanto de actores mineros como de las comunidades afectadas.

En el EPU, personeros del Gobierno a nombre del Estado señalaron que se aprobó el Plan de Mercurio y Salud y en cumplimiento al Convenio de Minamata están vigentes el Registro Único de Mercurio para minimizar el impacto ambiental y proteger la salud humana, y los Reglamentos para el Registro Único de Mercurio (RUM) para la autorización previa a la importación o exportación de mercurio y para actividades con sustancias peligrosas.

Fuente: ANA