La Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) conjuntamente a la Plataforma de Defensa de Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde, emitieron una urgente denuncia respecto a que organizaciones campesinas de la Provincia Aroma instruyeron a sus afiliados a elaborar planillas de interesados en obtener tierras en Ixiamas, ante la posible dotación de 80 mil hectáreas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En esa línea exigen el cierre de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) por solo estar provocando deforestación e incendios, vigilar a la comisión que ha ido a la sede de gobierno para conseguir cada una de estas demandas que de no conseguirlo continuarán bloqueando a partir de hoy, 21 de agosto.

También exigen al gobierno central que ante la crisis económica se abstenga de conceder exigencias oportunistas de sectores como los empresarios del agronegocio que exigen la aprobación de eventos transgénicos para un supuesto mayor rendimiento, lo cual es falso, y de federaciones de sindicalizados que buscan acaparar tierras para traficar, deforestar y quemar en el Oriente y Amazonía.

Sectores pedirían más áreas para deforestar

Al respecto las organizaciones denunciantes se preguntan qué normativas establecen que se puede conferir esos privilegios para que instancias foráneas tengan tierras en el norte paceño, una región amazónica altamente en riesgo y con áreas protegidas tanto municipales como nacionales, tal es el caso del Parque Madidi. Cuestionan qué normativas pueden sobrepasar el mandato constitucional de preservar la Amazonía que requiere se cuide cada centímetro de bosque.

De igual manera consideran como insólitas las pretensiones de la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (Fespai), Federación Intercultural de Mujeres Productoras de Abel Iturralde (Fesmai) y Federación Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Provincia Iturralde (FUTOC-PAI) en sentido de exigir autorizaciones para proceder a talar más de 200 hectáreas de bosques, “por lo que buscar ampliar planes forestales para sacar madera y deforestar grandes extensiones de bosque”.

De acuerdo al análisis de las organizaciones amazónicas denunciantes, cuando las instancias consideradas como “interculturales” exigen el PDM20, es decir Ampliación de la Frontera Agrícola, definido en el DS2907 hasta 40 ha por beneficiario, para garantizar la “seguridad alimentaria” y la liberación de las importaciones del país, en realidad usan el concepto de “seguridad alimentaria” para enmascarar el desmonte de los bosques amazónicos.

Los interculturales estarían exigiendo además la regularización de desmontes ilegales de los usuarios del bosque, lo que a la luz del análisis de Contiocap, “No es concebible que estas organizaciones de forma impune, exijan que los desmontes ilegales, que afectan los bosques amazónicos, sean legalizados. Esta demanda respalda lo anteriormente mencionando en este manifiesto, y de concretarse generaría responsabilidad en las autoridades que legalizan lo ilegal.

Pedir anulación de procesos por quemas es reconocer su culpa

Y lo más asombroso sería que Fespai y las demás organizaciones afines están solicitando a las autoridades anular todas las multas por reincidencia por desmontes y solicitar la amnistía por los desmontes ilegales, lo que equivaldría, siempre de acuerdo al análisis de la denuncia, a reconocer de hecho el haber propiciado los voraces incendios que el pasado 2023 devastaron los bosques del norte paceño, incluidas la afectación a áreas protegidas, así como a la vida silvestre.

“No necesita más explicación, excepto que esta demanda se constituye en una declaración de participación y responsabilidad de estas organizaciones en los incendios de 2023”.

Inclusive las organizaciones cuestionadas solicitan dejar sin efecto los procesos y multas por desmontes, declarándose amnistía al respecto. “Curiosamente, antes no había incendios en esa magnitud en la amazonia, estas peticiones respaldan la premisa que estos incendios son provocados y “no naturales”; y con estas demandas los autores se auto identifican”.

Otro punto considera que al pedir la prosecución del proyecto de la palma aceitera y las organizaciones que la fomentan como Easba y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa),  se pide que una empresa deficitaria siga operando a pérdida, “Porque tanto la caña de azúcar, como el maíz transgénico y sus agrotóxicos, junto a la palma africana significa mayor deforestación de la Amazonía, incrementando las graves consecuencias de contaminación, sequías y endeudamiento de los pueblos indígenas de la región.

También observan que a similitud de lo que ocurre con el agronegocio cruceño, entre otros, piden se les atienda con sistemas de riego “que también requiere de gasto a fondo perdido, agravando la crisis económica, luego de que ellos mismos provocan sequías con su deforestación, tal cual ocurre con el agronegocio cruceño”, así como la exigencia de apertura de carreteras en el sector, lo que implicaría atravesar el Parque Madidi.