Crisis climática: expertos lanzan reflexiones urgentes frente a modelos productivos que están acabando con la naturaleza
La Región
En un contexto de crisis climática provocada por incendios forestales, deforestación y pérdida de bosques, expertos de la región reflexionaron sobre los modelos de desarrollo productivos basados en la extracción de recursos naturales. Así, especialistas en diferentes ramas de las ciencias sociales se reunieron en Santa Cruz, el pasado 14 de octubre, en ocasión del Foro Sudamericano “Disputas por la tierra-territorio y la sostenibilidad de la vida”, donde expusieron los problemas que están llevando al planeta a un punto de no retorno, y alternativas frente a esa realidad.
Luis Rojas Villagra, economista de Paraguay e investigador del Centro de Estudios Heñói, se refirió al agronegocio soyero, su impacto en la sociedad y las posibilidades para los derechos territoriales campesinos e indígenas. Explicó que, en su país, las políticas son favorables a la agroexportación y el agronegocio, modelos sostenidos por “un poder oligárquico encargado de privatizar tierras públicas, formar grandes estancias de latifundios y promover la narrativa del desarrollo e inversión de capitales externos para el Paraguay, como medida económica”.
Para el investigador, dicho modelo tuvo un ajuste en los años 60, con la famosa “revolución verde”, que propuso un desarrollo de tecnología agropecuaria para la agricultura, mecanización a gran escala y el uso de insumos agrícolas como: agrotóxicos, herbicidas, insecticidas y semillas transgénicas. La promesa de desarrollo, sin embargo, benefició únicamente “a las élites agroexportadoras, terratenientes, intermediarias, financistas y proveedoras de insumos. No así la masa campesina, indígena y pequeños productores”.
Según datos presentados durante su exposición, en la década del 70 en Paraguay había 100 mil hectáreas de soya, mientras que para 2024, se llegó a 3.5 millones, convirtiendo al país en un escenario de monocultivo. Para Rojas, el Estado ha sido funcional al desarrollo de ese modelo agroexportador, que no favorece la diversificación de producción indígena y campesina; por el contrario, prioriza a la empresa privada como actor predominante.
Frente a esa realidad, el experto ve que las respuestas a la crisis económica, de empleo, energética y ambiental, está en las comunidades rurales, campesinas, tradicionales, indígenas, con sus conocimientos y prácticas han demostrado, por miles de años, formas sostenibles de producción y de vida.
La avanzada minera y las resistencias en Ecuador
Por su parte, Nataly Torres, economista ecuatoriana e investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) se refirió a los conflictos socioambientales de la minería metálica y las posibilidades de resistencia frente a la violencia e inseguridad vinculadas a un modelo de desarrollo que ha profundizado múltiples crisis; entre ellas, la pobreza, la dependencia a un solo producto y la profundización de las desigualdades sociales y económicas.
Para la investigadora, la minería metálica a gran escala se posiciona como un proyecto estratégico del Estado, de las élites empresariales y también del poder político. Todo ello legitimado a través de la estabilidad macroeconómica y generación de divisas, que buscan pasar a Ecuador de un país petrolero a un país minero.
“En la actualidad, cerca de dos millones de hectáreas han sido concesionadas para exploración minera y dos proyectos se encuentran ahora en la fase de explotación, de oro y de cobre”, reveló.
La respuesta son resistencias organizadas desde los territorios. Una de ellas, una consulta popular llamada “Quito sin Minería” realizada el 2023, donde más del 80% de la población del Distrito Metropolitano de la capital ecuatoriana prohibió el desarrollo de actividades mineras en un bosque de transición de la sierra a la costa. Lo propio sucedió con el proceso contra una entidad petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
En este caso, más del 70% de la población determinó dejar el petróleo crudo de este parque en el subsuelo como medida de compensación ambiental.
Crisis climática frente a los hidrocarburos
Durante la jornada, el sociólogo venezolano y doctor en economía ecológica, Emiliano Terán analizó la ecología política del potencial hidrocarburífero y minero en Sudamérica. “La crisis climática actual se ve reflejada a consecuencia, en parte, por los conflictos extractivistas que se intensifican día a día”, dijo. Bajo su perspectiva, los minerales críticos como: cobre, litio, tierras raras y níquel, entre otros, son fundamentales para la transición energética, de los combustibles fósiles a otras alternativas.
El experto está convencido de que explotaciones como la del litio son biológicamente más complicadas y, por tanto, generan más impactos ambientales, usan más energía, más agua y suelen ser más caras, por lo tanto, son más frágiles en temas de precios de las materias vivas.
Durante su participación afirmó que existen 593 proyectos mineros activos liderados en términos de inversiones por Chile, Brasil y Argentina, en diversas fases, de los cuales la mayoría son inestables. Otro factor importante es la minería ilegal de oro en la Amazonia, un proceso de extracción se dio de forma transfronteriza y es uno de los motivos de disputa entre China y Estados Unidos, para capturar esos elementos.
Incendios en la Amazonia boliviana: un desastre nacional
En tanto, Natasha Morales Escoffier economista boliviana, especialista en Política Social, invitó a reflexionar sobre la temática: “A Fuego y Mercurio: Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia”, un informe presentado recientemente por Oxfam Bolivia.
“Nos encontramos en un momento crítico para nuestro país, en el que ha sido oficialmente declarado como situación de desastre. Hemos perdido alrededor de diez millones de hectáreas a causa de los incendios este año. Estamos frente a un desencadenamiento de cambios irreversibles y el colapso implica una enorme amenaza para los pueblos indígenas y las comunidades naturales”, lamentó.
Reveló que en los últimos tres años hubo un promedio de 470 afectaciones climáticas por año, especialmente en Santa Cruz y Beni, y la tasa de pérdida de bosques ha superado las 450.000 hectáreas anuales. “El 87% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Bolivia provienen de la deforestación”, sentenció. Se estima que la expansión agrícola y pecuaria han sido responsables del 97% de la deforestación entre los años 2018 y 2022. La minería también provoca deforestación y alteración de los cursos de ríos y afecta por supuesto a la biodiversidad.
Para la economista, la contaminación no solamente afecta el bienestar físico de las personas, sino también erosiona su bienestar emocional y mental. En ese contexto, las mujeres identifican con claridad los impactos de este deterioro ambiental, sus efectos sobre la salud y las amenazas en los modos de vida tradicionales.
Básicamente —aseguró— la crisis ecológica es un problema de justicia social y de desigualdades. Las élites económicas impulsadas por un modelo de desarrollo extractivista continúan acumulando riqueza a expensas de las comunidades rurales indígenas. En consecuencia, el cambio climático ha obligado a las personas a abandonar sus hogares y buscar empleo en otras zonas, con frecuencia dando lugar a condiciones laborales inestables y al aumento de las diferencias sociales existentes.
Y precisamente son las comunidades quienes claman por la mejora de servicios básicos, el desarrollo de infraestructura, el acceso a la educación, a la salud, la creación de empleos, el apoyo a la producción agroforestal y la transformación de frutos del bosque. “El extractivismo es un muy mal negocio para el país porque amplía las brechas sociales, económicas y ambientales”, finalizó.
Descarga aquí el informe de Oxfam “A Fuego y Mercurio: Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia”