AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su relator y comisionados cuestionaron en audiencia pública, la criminalización a defensoras y defensores ambientales en Bolivia y la falta de mecanismos de protección desde el Estado para garantizar el ejercicio a la protesta en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos, basados en los informes de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya emitió un duro pronunciamiento, en el que confirmó la criminalización a defensoras y defensores de Derechos en asuntos ambientales por parte de agentes estatales, tanto de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía como de otros contextos, frente el avance extractivo. También observó la falta de transparencia por parte de YPFB a la hora de proporcionar información sobre proyectos hidrocarburíferos, así como un inadecuado proceso de consulta que no garantiza los estándares internacionales de ser previa, libre e informada.

“La información que hemos recibido en esta audiencia sobre patrones de persecución judicial en contra de liderazgos comunitarios e indígenas que ejercen el derecho a la defensa del medioambiente, no solo vulnera su derecho a la libre expresión y protesta, sino que también puede obstaculizar el acceso a recursos naturales”, afirmó el relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Javier Palummo, durante la audiencia difundida vía virtual.

El Relator señaló que los relatos de las y los defensores medioambientales y líderes indígenas, dan cuenta de circunstancias de vulneración de derechos fundamentales, de Derechos Humanos, libertad de expresión, protesta y desprotección del medioambiente.

“¿Qué medidas se han implementado para que el derecho penal no sea utilizado indebidamente en contra de personas defensoras del medioambiente, y si existe un enfoque especializado para abordar estas temáticas por autoridades judiciales”, cuestionó, tras escuchar la reincidencia con la que se lleva a defensoras y defensores a la justicia ordinaria para criminalizar sus acciones de resistencia.

Durante la audiencia concedida a defensoras y defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía a solicitud de la Sub Central de Chiquiacá, la Coordinadora de Defensa Nacional de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la CIDH realizó varias recomendaciones al Estado.

El Estado boliviano estuvo representado por Héctor Arce Zaconeta, presidente del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ejecutivos de la estatal petrolera YPFB y el Defensor del Pueblo.

La lideresa de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Tuichi, Beni y Quiquibey y cofundadora de la Contiocap, Ruth Alípaz informó sobre los casos de persecución penal que sufren defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios.

“Lo que menciona el Estado, es que hacen consultas para recibir recomendaciones y sugerencias. No, es para ejecutar. Acá no se están tomando en cuenta, al igual que las recomendaciones del Defensor Pueblo, menos harán caso a los documentos, resoluciones y acciones concretas de rechazo a estas actividades (petroleras). Estas actividades van afectar no sólo al área protegida, incluso llegarían a afectar hasta Argentina, y sí, ha entrado maquinaria hasta Cajones”, explicó.

Ante la descalificación que hizo la gerente general de YPFB, Julia Gonzáles a las y los defensores de Tariquía, Alípaz respondió “Nos preocupe de cómo el Estado cataloga a quienes defendemos derechos en Bolivia, y es el hecho del desprecio, de decir que son grupos autodenominados activistas o se declaran como defensores (…). Estamos defendiendo la vida no solo de nosotros, sino de otro tipo de vida y fuentes de agua para la sociedad civil ¿qué más debemos demostrar que hacemos cumplimiento a ese rol?”.

Mencionó el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde 29 defensores fueron denunciados penalmente por oponerse a las operaciones petroleras en el área protegida y sus alrededores; también citó a la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi, donde un productor de flores y otros cinco comunarios, defensores del medioambiente tienen órdenes de aprehensión y hasta estuvieron en clandestinidad, a simple denuncia de cooperativistas mineros. Del ayllu Acre Antequera, dijo que comunarios fueron judicializados por una empresa minera.

El abogado Róger Ibarra, representante legal de 25 de los 29 procesados de Tariquía lamentó que aun siga abierto un proceso que no tiene pies ni cabeza, pues a pesar del rechazo que hizo la Fiscalía de Entre Ríos, la Fiscalía Departamental revocó el rechazo a la denuncia interpuesta por YPFB bajo el argumento de que faltan actos procesales, como el desfile identificativo de los denunciados. Observó que supuestas víctimas también figuren como testigos.

Recomendaciones y cuestionamientos

El comisionado sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Airf Bulkan recordó que los pueblos indígenas y sus comunidades indígenas han sufrido las consecuencias de la extracción y el desarrollo. “No es ingenuo decir que sus intereses y necesidades se deberían priorizar”, dijo.

De cara a la criminalización de los pueblos indígenas, recalcó que en el rango de los estándares del Derecho Internacional, la criminalización de los defensores trastoca todo el sistema de derechos como el Derecho de los pueblos indígenas a sus derechos y a sus territorios, el cual atraviesa todos los sistemas, el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, el de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) dijo que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es cuestión de sobrevivencia, no solo es el lugar donde viven, tiene que ver con sus supervivencia física y cultural, porque depende de sus alimentos, su agua”, recalcó al hacer referencia a un fallo internacional.

En ese marco hizo referencia a la opinión consultiva de 2017 donde se destacó la vulnerabilidad en la que viven los pueblos indígenas y la obligación del Estado a garantizar una vida decente y digna, ya que el uso de su territorio no es un privilegio y no puede ser quitado por terceros, como las industrias extractivas.

La comisionada de Defensoras de Derechos Humanos, Roberta Clarke agradeció los hallazgos que compartió el Defensor del Pueblo a partir de su evaluación sobre la situación de las comunidades y los líderes indígenas y la vulneración de sus derechos que están sufriendo, asociados al derecho que tienen al consentimiento a la consulta previa, libre e informada que no siempre se respeta.

Lanzó una serie de cuestionamientos al Estado: “¿Cómo se les escucha a las comunidades indígenas y cómo se garantiza su plena participación en la planificación de sus proyectos?, ¿qué investigaciones si las hay, se están realizando para investigar las acusaciones de vulneración de Derechos por parte de las empresas?, ¿cómo se protegen a las comunidades del hostigamiento y amenazas?, ¿qué estructura existe en el Estado para realizar la obligación para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada e independiente?”.

Defensor del Pueblo confirma criminalización a defensores

A su turno el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya ofreció una relación cronológica de las acciones que realizó la entidad a su cargo para lograr información por parte del YPFB, que fue insuficiente, así como su participación activa en procesos de consulta donde evidenció el rechazo a la expansión petrolera en la reserva natural de flora y fauna de carácter nacional.

Respecto a la criminalización y represión dijo que las y los defensores ambientales de Tariquía han sido objeto de hostigamiento y violencia por parte de agentes estatales y grupos vinculados a intereses extractivos, donde se han instaurado procesos penales infundados, violando el derecho a la libertad de expresión y asociación, además se han registrado testimonios de amenazas y agresiones a quienes se oponen a la expansión de estas actividades.

En cuanto a la consulta previa, libre e informada, afirmó que el Estado no ha cumplido su obligación de garantizar la consulta previa a las comunidades afectadas al no establecer un proceso transparente y adecuado para informar y recabar el consentimiento de las poblaciones involucradas.

Respecto a los impactos ambientales y sociales observó que a la fecha el Estado no ha proporcionado información suficiente sobre los efectos del proyecto en los ecosistemas y la biodiversidad de la región, comprometiendo el acceso al agua, la seguridad alimentaria y el modo de vida de las comunidades, no se ha informado el grado de afectación a la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, un área protegida de carácter nacional.

“La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el ambiente de intimidación que enfrentan las y los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales de Tariquía y en otros casos de otros lugares del país, que se ha dado en diferentes lugares del país”, subrayó.

De manera constante dijo que se exhortado al Estado a cumplir sus compromisos internacionales, en particular, el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información veraz, oportuna y transparente en materia ambiental, así como el respeto a los defensores en temas ambientales así como los protocolos de consulta previa, libre e informada.

“Reafirmamos el derecho de los pueblos a defensor su territorio y el medioambiente sin temor a represalias, que debe ser garantizado por el Estado boliviano”, enfatizó.

Tras la exposición de Callisaya, el comisionado José Luis Caballero hizo referencia al Defensor del Pueblo, quien hizo varias observaciones al Gobierno y que no tuvo respuesta, como la información sobre el impacto del ecosistemas, las actuaciones en la reserva Tariquía o respecto al incumplimiento del Acuerdo de Escazú.

En esa línea preguntó: “¿Qué valor está teniendo para la consideración del Estado las recomendaciones y pronunciamientos del Defensor del Pueblo?, ¿qué está faltando para que haya una debida comunicación y atención?”.

“El derecho penal debe ser utilizado cuando se agotaron otras vías”

A pesar de las recomendaciones y la contundencia de la Defensoría del Pueblo sobre la vulneración de DDHH a defensores, Arce Zaconeta, presidente del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la OEA dijo que “el derecho penal debe ser utilizado cuando se agotaron las otras vías”.

“Muchas veces en Bolivia, y hay hechos de violencia que a título de organizaciones sociales pueden llegar a conflictuar la situación de sobrevivencia, en esos casos extremos no quisiéramos recurrir al derecho penal, pero cuando se habla de temas de violencia muchas veces es necesario, lo digo en términos generales y no en absoluto a los temas que se hablaron”, acotó a modo de justificar la acción estatal.