AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Un pronunciamiento de la Plataforma de Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde, en el norte del departamento de La Paz y que fue emitido en las últimas horas, conmina a las autoridades estatales a la adopción de medidas efectivas contra las acciones que violan las leyes nacionales, los recursos hídricos y el equilibrio ecológico, apoyándose en las normativas vigentes que amparan las áreas protegidas de avasallamientos y actividades mineras.

Además de llamar a las autoridades competentes a actuar contra esas acciones, se insta a la sociedad civil a unirse para defender el patrimonio natural en lo que viene a ser un llamado ya no solo a la concientización, sino a la acción, al anunciar que ya no permitirán avasallamientos y minería con las secuelas de destrucción que ello deja.

El manifiesto que cuenta con el apoyo y la solidaridad de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), expresa su profunda preocupación por los avasallamientos y asentamientos mineros en áreas protegidas situadas en Ixiamas.

Denuncias constantes contra el ecocidio

De acuerdo a investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)  la explotación minera, específicamente aurífera, se hizo más intensa a partir de 2016 en los ríos y afluentes del sector como los ríos Beni y Kaka, y en este 2024 fue denunciada en repetidas ocasiones por su presencia tanto en el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Madidi como en el área protegida municipal Tudaray, tanto por la prensa, organizaciones indígenas como colectivos ambientales (v. “Colegios de biólogos enjuiciarán a mineros asentados en Parque Madidi”, ANA, 20 /03/24).

También el Centro de Documentación e Información – Bolivia (Cedib), viene realizando un permanente estudio e investigación sobre actividades que dañan a las áreas protegidas, al medio ambiente y a los pueblos indígenas, en este caso en la Amazonía boliviana, con estudios publicados en diferentes medios periodísticos (“Auríferos con poder político y económico se “disfrazan” de cooperativas para atentar contra los DDHH”, noticias Fides. Com; “La explotación irracional del oro en Bolivia tiene dos amparos legales”, El Deber.com)

Inclusive pobladores del municipio de Ixiamas, capital de la provincia Abel Iturralde, recientemente se declararon en emergencia frente al ingreso de personas que estarían asentándose en el sector y predisponiéndose a la realización de actividades mineras, asimismo condenaron a sus autoridades municipales por favorecer la estancia en áreas protegidas de gente que daña los ecosistemas (v. “Comunidades de Ixiamas denuncian asentamientos masivos e intenciones de actividad minera en área protegida”, ANF, 20/10/24).

En ese sentido, el documento emitido por la plataforma, cita a la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, enfatizando que “estas zonas son consideradas patrimonio natural y cultural del Estado, y su protección es un deber ineludible”.

“Establece principios fundamentales para la conservación del medio ambiente, destacando la necesidad de prevenir y mitigar los impactos negativos de actividades humanas. El asentamiento de mineros ilegales genera un impacto devastador, contaminando ríos y suelos y contribuyendo al cambio climático”, continúa el documento que se respalda además en la Ley 1333 del Medio Ambiente.