VERDADES OCULTAS

En una entrevista reciente de Fabrizio Uscamayta ( coordinador del proyecto Semilla Ecosocial de la ONG Les Ningunes) reflexionó junto a Rita Saavedra (Movimiento Agroecológico Boliviano) un tema candente que ha pasado desapercibido en el debate público: la reciente aprobación de la soya intacta en Bolivia y su implicación para la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la salud de la población. La discusión buscó aclarar las confusiones en torno al uso de transgénicos, los procesos, la biotecnología y el impacto en los sistemas de cultivo en Bolivia a partir de leyes, abrogaciones y acciones que han estado ejecutando los diferentes gobiernos bolivianos.

Se destacó la importancia de entender los distintos tipos de semillas: agroecológicas , ancestrales y criollas , en contraposición a las transgénicas e híbridas , cuyo impacto y dependencia de grandes empresas altera profundamente los sistemas agrícolas tradicionales. En Bolivia, la producción agroecológica y el uso de semillas nativas, como el maíz, contribuyen a la biodiversidad y preservación cultural; sin embargo, las semillas transgénicas presentan un daño irreversible hacia la Madre Tierra.

Las semillas transgénicas, alteradas en laboratorio para resistir condiciones adversas como el uso de herbicidas, fueron el centro de la entrevista. Estas semillas, modificadas con genes de otras especies, han sido aprobadas para su uso en monocultivos en Bolivia, lo cual implica un riesgo de deforestación, pérdida de biodiversidad y dependencia de herbicidas como el glifosato, cuyo uso intensivo es preocupante por su relación con problemas de salud.

Rita Saavedra explicó que la historia de los transgénicos en Bolivia comenzó en el año 2000, cuando los primeros cultivos modificados genéticamente ingresaron al país a través de donaciones y contrabando. “La primera semilla transgénica aprobada formalmente fue la soya RR (resistente al glifosato) en 2005, bajo el gobierno de Carlos Mesa”. Esta medida impulsó la expansión de la agroindustria y que “La población Boliviana no estaba de acuerdo con la aprobación de la introducción de los transgénicos ya que somos un centro de origen de alimentos y diversificación que hemos dado al mundo”, aclaró Rita.

El gobierno de transición de Jeanine Áñez, que asumió en 2019, marcó un giro hacia políticas más favorables a los transgénicos. Mediante decretos supremos, se agilizaron los procesos de aprobación de eventos transgénicos, incluyendo nuevas semillas de maíz y soya. Este enfoque fue criticado por organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, quienes denunciaron que las decisiones se tomaron sin una consulta adecuada y sin estudios de impacto ambiental profundo.

Los defensores de estas medidas argumentaron que el uso de transgénicos permitiría aumentar la productividad agrícola y reducir la dependencia de importaciones. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil sostienen que esta política respondía principalmente a intereses de la agroindustria, dejando de lado los posibles efectos negativos para la salud pública y el medio ambiente.

Con la llegada de Luis Arce al poder en 2020, existían expectativas de que las políticas de flexibilización impulsadas por Áñez se revertirían. Sin embargo, el gobierno de Arce se ha enfrentado a presiones tanto del sector agroindustrial como de movimientos sociales, resultando en una postura ambigua respecto a los transgénicos, a pesar de que al inicio de su candidatura mostraba un rechazo inamovible. En 2023, el gobierno aprobó la soya intacta, una variedad transgénica previamente retirada en Argentina debido a problemas de bioseguridad, mediante un proceso que, según estudios, no cumplió con los estándares exigidos por el Protocolo de Cartagena.

Bolivia es centro de origen de importantes cultivos como el maíz y la papa, cuya biodiversidad es única. La aprobación de semillas transgénicas compromete esta diversidad genética, y el protocolo de Cartagena establece procedimientos estrictos que, según Rita, no han sido respetados en la aprobación de la soya intacta. Este evento transgénico ha sido retirado en Argentina por no cumplir con los estándares de seguridad, lo cual plantea dudas sobre su idoneidad en el contexto boliviano.

Asimismo, Rita en representación de la sociedad civil, enfatizó que Bolivia está siendo sometida a una "colonización tóxica alimentaria", donde el uso de transgénicos amenaza con desplazar las prácticas agrícolas tradicionales y reducir la diversidad de cultivos nativos. A su vez, denunció la falta de transparencia y los procesos abreviados en la aprobación de transgénicos, que no cumplen con el debido rigor científico.

Ante el panorama actual, la sociedad civil ha solicitado una mayor transparencia y cumplimiento de los estándares de bioseguridad. En una carta abierta, exigieron que se presentaran las bases científicas para la aprobación de la soya intacta en Bolivia y un control riguroso del uso de glifosato y otros agroquímicos que afectan a la población. Además, el principio de precaución se mantiene como un llamado a detener la aprobación de transgénicos hasta que se demuestre que no afecta negativamente.

Cerrando la entrevista, Fabrizio sintetiza y afirma que la problemática ambiental empeorará tras la aprobación de la soya intacta, tanto a nivel ambiental como de salud pública. Ante esto, Rita responde: “El gobierno promete que solo será para el uso de biocombustible pero ellos mismos han demostrado a lo largo de estos 17 años de transgénicos en Bolivia, que no se controla el uso de estos y mucho menos, a partir del contrabando. Debemos tener una mirada más amplia y no solo pedir la abrogación de las leyes incendiarias; también debemos estar pendientes de que no se nos envenene. La nueva colonización es precisamente alimentaria, que se nos está haciendo a los países del sur y eso es lo que no debemos dejar que prospere”.