AGENCIA DE NOTICIA AMBIENTALES

Mediante una carta abierta dirigida en las últimas horas a los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, Amnistía internacional hizo énfasis en cuatro aspectos que deben ser prioridad urgente como las causas estructurales de los incendios forestales, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, la protección a los defensores del medio ambiente de ataques, hostigamientos y asesinatos, así como adoptar medidas inmediatas para combatir la deforestación y extinguir los incendios forestales.

La llamada de atención nace luego de un análisis de la gravedad de la situación medioambiental que viven los países de la región considerando inicialmente que “en agosto y septiembre de 2024 se ha registrado un récord de incendios en Suramérica con varios millones de hectáreas ardiendo no solo en las selvas tropicales de la cuenca amazónica, sino también en diversos ecosistemas que se extienden por países enteros”.

Además de enfatizar en el severo carácter de las sequías registradas en el área, el documento de la organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos refiere el enorme impacto de los incendios forestales en Bolivia que registraría el segundo lugar (11.2 %) del total después de Brasil (71.9%).

“Las autoridades han informado a la prensa que se han quemado al menos cuatro millones de hectáreas que se extienden por una buena parte del país, cuya afectación territorial sería mucho mayor a la de los incendios en Brasil, dada la extensión territorial menor de Bolivia. El gobierno de Bolivia declaró emergencia nacional el 7 de septiembre, solo después de reiterados exhortos de observadores de derechos humanos y comunidades que pedían la declaratoria desde varias semanas antes”.

Víctimas de intereses económicos y de poder

Uno de los cuatro puntos hace hincapié en que los gobiernos de los países implicados deben “proteger urgentemente a las personas defensoras del medioambiente de ataques, hostigamientos y asesinatos”, subrayando que los Estados, que en algunos casos inclusive los atacan, no están protegiendo a los activistas por la justicia climática y la defensa de la naturaleza, quienes se opinen a la producción y el uso de combustibles fósiles, peor aún si esas actividades confrontan los intereses de empresas y de los mismos gobiernos.

Y si bien Bolivia ha suscrito y ratificado el Acuerdo de Escazú que establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental como el ser consultadas para la toma de decisiones ambientales, “A pesar de ser el primer acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre las personas defensoras del medio ambiente, seis años después de su adopción, no ha sido ratificado por Brasil, Paraguay y Perú.

La misiva menciona que organizaciones internacionales han manifestado en varias ocasiones que “América Latina es la región más mortífera del mundo para las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente”. Sin embargo, muchos países de la región no tienen políticas ni mecanismos efectivos para quienes luchan por la vida y contra la depredación, ya sea en comunidades indígenas, en áreas protegidas, en sectores rurales o en las mismas ciudades.