Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

La investigación sobre los delitos medioambientales fue realizada en cinco países amazónicos: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam.

La Paz, noviembre (ANA).- Dado que la deforestación ilegal no respeta fronteras, InSight Crime y el Instituto Igarapé han puesto en marcha una investigación sobre los delitos medioambientales en cinco países amazónicos: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam.

El territorio de estos cinco países representa alrededor del 20% de la cuenca del Amazonas, y en conjunto han perdido 10 millones de hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, una superficie equivalente a la de Portugal. En Bolivia, el aumento de la tala y la quema de tierras ha avivado los incendios forestales, que han consumido grandes extensiones.

Estos incendios provocados por el hombre suelen ser provocados por colonos que arrasan ilegalmente los árboles para cultivar soja y criar ganado. Según la investigación, gran parte de la deforestación beneficia a las grandes empresas agrícolas vinculadas al gobierno.

Asimismo, decenas de miles de hectáreas de la Amazonia ecuatoriana han sido invadidas para sembrar palma de aceite. Los traficantes de madera también están robando valiosas maderas duras y balsa, utilizadas en las aspas de las turbinas eólicas, para abastecer la demanda de China. En el corazón de la Amazonía venezolana, los ríos y los bosques están siendo contaminados con mercurio procedente de la extracción ilegal de oro gestionada por bandas criminales y grupos armados colombianos.

Nuestra investigación traza un mapa de estos grupos, entre los que se encuentran la banda venezolana Sindicato del Perú, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y unidades de la fuerza rebelde marxista colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Gran parte del oro termina en las bóvedas del banco central de Venezuela, para ser vendido para sostener al presidente Nicolás Maduro.

El oro ilegal venezolano, valorado en millones de dólares, también se traslada a Guyana, país amazónico vecino, donde se suma a la producción de esta nación, lo que también perjudica a los bosques. Guyana cuenta con menos de una docena de inspectores para más de 9.000 explotaciones mineras. Los abusos son galopantes. La vecina Surinam también sirve de centro de blanqueo del oro ilegal procedente de Venezuela, Guyana y la Guayana Francesa, el cual se camufla entre su depredadora producción de oro.

Los traficantes de animales salvajes también han puestos sus garras en estos países. En Guyana, Bolivia, y Surinam, matan jaguares y los transforman en una pasta muy apetecida en los países asiáticos. Los loros y los pájaros cantores son atrapados y vendidos en los mercados internacionales por miles de dólares. Este comercio ilícito es transfronterizo. Nuestra investigación muestra que estos países amazónicos suelen responder de forma aislada, lo que les permite a los delincuentes aprovechar las lagunas legislativas y policiales. El coste de esta deforestación masiva ya se está notando. Algunas zonas del Amazonas han pasado de ser sumideros de carbono a emisores de carbono. Pero no todo está perdido. Nuestro informe también presenta oportunidades de intervención, incluidas las posibilidades de colaboración transfronteriza. Sin embargo, hay que abordar la corrupción endémica. Le invitamos a leer nuestra investigación completa, que ofrece información detallada sobre la deforestación y los delitos medioambientales en estas extensiones de la Amazonia, a menudo ignoradas.

ANA