La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), de acuerdo a requerimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), “está haciendo respetar los decretos supremos de creación de cada una de las áreas protegidas de Bolivia, donde no debe existir ninguna actividad minera”, afirmó la pasada semana la analista legal Lourdes Tarqui, cuando se conoció la existencia de unas 40 operaciones mineras ilegales al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

Explicó que junto con el SERNAP “precautelan las áreas protegidas y hacen respetar las normas de creación que tiene cada una (Ley o Decreto Supremo)”.

En Bolivia existen 23 áreas protegidas nacionales que administra el SERNAP y que representan el 16 por ciento de la superficie del territorio nacional y más de 130 áreas protegidas subnacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, que representan un 10 por ciento más. El Parque Nacional Sajama fue la primera área protegida que se estableció en 1939.

La jurista de la AJAM enfatizó que su institución cumple con el control de las actividades mineras como lo establece la Ley Nº 535 y lo hace de manera conjunta con el Ministerio de Minería y Metalurgia a través del Viceministerio de Política Minera y Fiscalización. 

“Vamos a aclarar que el control que se realiza (a las actividades mineras) está dentro del marco de este nuevo régimen diseñado por la Ley Nº 535 que se cumple con el seguimiento de un plan de trabajo que es presentado por el operador minero y que se incluye con la solicitud de contrato de administración minera”, aseveró Tarqui en el programa De Primera Mano.

La pasada semana se conoció públicamente que al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, el área protegida con mayor biodiversidad del planeta, se encuentran unas 40 actividades mineras auríferas ilegales que explotan oro, principalmente, en la cabecera y el curso del río Tuichi. Sin embargo, no se pudo obtener respuesta alguna de la AJAM ni de SERNAP respecto de estas operaciones mineras ilegales al interior del Madidi y se desconoce todavía, si cuentan con algún plan dirigido a intervenir estas actividades mineras ilegales.

Se conoció también que el SERNAP inició procesos administrativos que establecieron multas y notificaciones de paralización de actividades por apertura de caminos y minería mecanizada, pero las operaciones mineras hicieron caso omiso a lo que establece la norma legal.

Los miembros del cuerpo de protección del Madidi confirmaron que en otras operaciones mineras ni siquiera es posible realizar la verificación en el lugar, porque tienen instaladas trancas y cuentan con acuerdos con las comunidades locales para evitar el ingreso de las autoridades, además persiste la amenaza constante a la integridad física y seguridad de los guardaparques que asumen el riesgo por cumplir con su trabajo de defensa ambiental.
Minería ilegal, un delito penal 

La analista legal de la AJAM enfatizó que “la minería ilegal se sanciona como un tipo penal por el rango de la Ley Nº 367 del 1 de mayo de 2013 y que se sanciona a quien explota de forma ilegal y sin la autorización emitida por el Estado”. 
Tarqui, que no se refirió a las 40 operaciones mineras ilegales dentro del Madidi, en una entrevista en un medio radial de la ciudad de La Paz, argumentó que la ilegalidad se registra cuando no han logrado obtener las autorizaciones por parte del Estado a través de la suscripción de un contrato administrativo minero que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa o por un proceso de adecuación que efectúa la propia AJAM.

Con información del Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia