Tras la aprobación de una Ordenanza Municipal que levanta la autorización del límite de pisos en la construcción de edificios en diez zonas de La Paz, en el Concejo Municipal afirmaron que detrás de los reclamos existe una pugna entre grupos de poder vinculados a la construcción que se ven afectados o beneficiados por esa disposición.

Mientras la presidenta del Concejo Yelka Maric puso en duda la legalidad en la aprobación de la Ordenanza Municipal de Ajuste Normativo para la Administración Territorial, su colega opositor del MAS-IPSP Pierre Chain dijo que esa norma fue aprobada legalmente porque hubo cinco a favor y cinco abstenciones que no significan rechazos como para que la presidenta pueda dirimir.

Maric afirmó que el 9 de septiembre la concejal Lucía Mamani metió el proyecto con dispensación de trámite, sin informe de la comisión ni firma de la proponente, además que no tuvo el respaldo de la mayoría absoluta de seis votos, sino de cinco concejales, cuatro del oficialismo y uno de la oposición.

Chain dijo que apoyó la Ordenanza por ser una iniciativa coincidente con su oferta de campaña electoral a objeto de ofrecer un incentivo para que muchas empresas constructoras que se fueron, retornen a La Paz.

Explicó que durante la gestión Revilla, algunos grupos empresariales recibieron privilegios de construir edificios hasta de 40 pisos vendiendo entre 1.500 a 2.000 dólares el metro cuadrado y hoy que surgen otros grupos empresariales que ofrecen departamentos a 1.000 o 1.100 dólares el m2, se ven afectados en sus intereses. Según Chain este grupo de afectados salen a cuestionar la Ordenanza por intereses propios.

La presidenta del Concejo anunció que no enviará al Ejecutivo Municipal para su promulgación y, al contrario, devolverá este lunes a la concejal proyectista para que se reencamine el trámite interno.  Para el concejal Chain, no es extraña esa actitud porque ya antes Maric no ha comunicado al alcalde Arias la censura de dos secretarios que debieron ser destituidos por efectos de la abrogada Ley de Fiscalización y, sin embargo, hoy continúa en funciones.

A la pugna por esta normativa, ingresaron los diputados de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca y Ingvar Ellefgsen cuestionando los cambios. Chain les recomendó que mejor trabajen en leyes nacionales en favor de la ciudad, porque cuando hablan de temas municipales ingresan en contradicciones.  

Dijo que antes Roca cuestionaba la Ley de Regularización de Construcciones, hoy la defiende; decía que el Grenn Tower es legal porque tenía autorización del Concejo Municipal, y hoy que el Concejo amplía a otras empresas constructoras, dicen que eso ilegal. “Si tanto les interesa asuntos ediles, que se postulen para ser concejales en la próxima elección, esperando que cuando sean concejales no pidan leyes nacionales”, manifestó.