El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz concedió este jueves la tutela contra pacientes renales, cívicos y algunos legisladores que obliga al Estado a garantizar los tratamientos de diálisis. 

Luego de la audiencia, el abogado Andrés Ritter consideró como un fallo “histórico” en la justicia boliviana y que genera jurisprudencia para todos los enfermos con enfermedades terminales y de la atención por parte del Estado.

El Comité pro Santa Cruz, que toma parte como accionante en este proceso, junto con la diputada opositora Luisa Nayar y otros presentaron el recurso contra el presidente Luis Arce y los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Salud, María Renée Castro.

“Esto demuestra también un mensaje de que Santa Cruz está peleando por causas justas para todo Bolivia, que los recursos humanos vuelvan a las regiones y no se queden en un escritorio en la ciudad de La Paz por malos funcionarios públicos”, afirmó el abogado Andrés Ritter.

Horas antes de conocer la resolución judicial, el asesor de Despacho del Ministerio de Salud, Javier Moreno, anunció la cancelación del 100% del pago a los centros de hemodiálisis para la atención de los pacientes renales del Sistema Único de Salud (SUS) en Santa Cruz.

Además, lamentó que por “temas políticos” los pacientes renales hayan sido expuestos a una vigilia a la intemperie de la Plaza 24 de Septiembre. Hasta este miércoles, estimó que se cancelará los adeudos en el resto del país.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que la resolución favorable demuestra que el “centralismo mata” sin importar la situación de los pacientes que peregrinan por atención de salud.

“Sencillamente hicimos lo que nos correspondía, la justicia hizo igual lo que le correspondía y ahora los empleados públicos de estos ministros tendrán que hacer su trabajo pagando a quien corresponda”, añadió. //agc