Funcionarios del Concejo Municipal de La Paz denunciaron que hasta este fin de semana no han recibido sus sueldos correspondientes al mes de mayo, mientras que el personal del Ejecutivo edil ya cobró con normalidad. Según los afectados, el retraso en el pago respondería a una represalia política por parte del alcalde Iván Arias, debido a que la actual directiva del Concejo es opositora a su gestión.

Esta situación derivó la semana pasada en una protesta ante la Autoridad Tributaria Municipal, donde los funcionarios denunciaron agresiones por parte de empleados del Ejecutivo. En medios de las escaramuzas, una trabajadora fue arrestada por la Policía bajo acusaciones de robo, tras supuestamente tomar una cadena de acero destinada a la seguridad de las puertas de acceso. Ella fue liberada ocho horas después, aunque enfrenta un proceso judicial, según detallaron los afectados.

La raíz del conflicto institucional se encuentra en la elección de la nueva directiva del Concejo, encabezada por Lucio Quispe y Lourdes Chambilla, ambos de la bancada de Arias, pero elegidos con apoyo del MAS.  El Ejecutivo impugnó esta designación mediante una acción de amparo, cuyo fallo en la Sala Constitucional Cuarta terminó empatado el pasado 28 de mayo. Desde entonces y debido a la ausencia de uno de los vocales por viaje al exterior, el caso se encuentra paralizado y recién este lunes sería entregada toda la documentación al juez dirimidor.

Mientras no haya una resolución judicial definitiva, el Concejo permanece paralizado, ya que el alcalde se rehúsa a reconocer a la directiva electa.

En este contexto, el concejal Javier Escalier acusó al alcalde de “castigar políticamente” a los trabajadores y “mentir” públicamente al prometer el pago a todos los funcionarios. En paralelo, Arias anunció una reestructuración administrativa que, según los denunciantes, podría implicar hasta 2.500 despidos.

En respuesta, el secretario municipal de Planificación, Diego Chávez, negó que se prepare una “masacre blanca” y aseguró que desde 2021 se ahorraron más de Bs 200 millones al reducir la planilla de personal de 9.500 a 6.247 funcionarios y disminuir el gasto salarial, eliminando principalmente cargos jerárquicos con sueldos por encima de los Bs 14.000.