Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

La denuncia por estupro contra Evo Morales ha reavivado el debate sobre cómo la "testosterona del poder" instrumentaliza el cuerpo y la vida de las mujeres en las confrontaciones políticas en Bolivia. Este caso, que incluye una acusación de trata, ha generado una fuerte reacción en los sectores de lucha por los derechos de las mujeres, con activistas y organizaciones exigiendo sanciones firmes si se comprueban los delitos.

Martha Noya, directora del Centro Juana Azurduy de Apoyo a la Mujer, expresó con la postura del movimiento: "No nos importa quién sea el perpetrador, pero esa persona debe ser sancionada si se demuestra que cometió el delito". Desde la Red de Lucha Contra la Violencia, organizaciones como el Centro Juana Azurduy han subrayado su compromiso irreductible con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, independientemente de la posición de poder del acusado.

El caso de Evo Morales, que data de 2019, ha sido señalado como parte de un contexto político más amplio en el que las mujeres son utilizadas como armas de confrontación entre facciones políticas. “Es penoso ver cómo la imagen, el cuerpo y la vida de las mujeres son funcionalizados para intereses políticos. Nos convertimos en el arma de ataque de un bando contra otro”, agregó Noya. Para estas organizaciones, la lucha va más allá de la simple acusación penal y se enmarca en una crítica al poder masculino que instrumentaliza los derechos de las mujeres para fines políticos.

Por otro lado, el presidente Luis Arce también ha enfrentado acusaciones relacionadas con una presunta relación inapropiada con una joven, quien denunció el hecho junto al diputado Héctor Arce. Las críticas sobre este caso subrayan la similitud en el uso del cuerpo de las mujeres como herramientas para el juego político. 

A pesar de las diferencias en las características de ambos casos, la constante sigue siendo la misma: la vida de las mujeres es trivializada y utilizada en función de los intereses del poder.

En ambos casos, activistas y movimientos feministas exigen un tratamiento igualitario y justo, pidiendo que cualquier persona, sin importar su rango o influencia política, sea sancionada si se comprueban los delitos. "Somos inclaudicables en nuestra lucha por los derechos de las mujeres", reiteró Noya, quien instó a la sociedad a no permitir que los cuerpos y las vidas de las mujeres sean instrumentalizados para confrontaciones políticas.

El debate continúa abierto, y la demanda de justicia sigue siendo la prioridad en un contexto en el que los derechos de las mujeres no deben ser utilizados como moneda de cambio en la arena política.