La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó que se encuentra abierta a que se puedan revisar los convenios entre el Ministerio de Educación con los colegios de convenio, administrados por la Iglesia Católica.

El secretario ejecutivo del Área de Educación de la CEB, Jorge Fernández, consideró que es “saludable que se vayan revisando permanentemente los convenios” ya que eso permitirá “profundizar, actualizar y ver los alcances del servicio y el trabajo” que viene realizando.

Luego de conocerse casos de pederastia que implican a algunos sacerdotes, el ministro de Educación, Edgar Pary, anunció el 23 de mayo que desde su cartera de Estrado se impulsará la “revisión” de los establecimientos educativos que se encuentran bajo control de la Iglesia Católica.  

En la actualidad, los colegios de convenio conforman cerca del 10% al 11% de la educación en Bolivia, siendo un total de 1.524. Las unidades educativas particulares vinculadas a la Iglesia Católica suman 85. Con estos últimos se mantiene una relación de coordinación, especialmente en temas pastoral, señaló Fernández.

“Si el Ministerio (de Educación) nos plantea la revisión, estamos al alcance y con la disponibilidad de hacerlo”, remarcó.

Aclaró que en los colegios de convenio que se encuentran administrados por la Iglesia Católica, también trabajan en el sistema fiscal de educación, en una responsabilidad compartida entre el Estado y la Iglesia.

El Estado cubre principalmente los salarios de los docentes, que son egresados de institutos de formación y los directores de las diferentes obras educativas, mientras que la Iglesia tiene responsabilidad en la gestión administrativa y en la implementación pedagógica, así como en el seguimiento didáctico de cada una de las unidades y en los proyectos de apoyo a docentes, padres y estudiantes.

“La Iglesia Católica en ningún momento, en su servicio educativo está al margen de lo que dice el Ministerio de Educación, siempre hemos estado cumpliendo todos los requisitos obligaciones que nos pide a nosotros que prestamos el servicio”, sostuvo.

Entre el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica se tiene un convenio firmado el 28 de noviembre de 2011 en el cual se establecieron las responsabilidades tanto del Estado como de la Iglesia, donde se identificaron los servicios a brindar y las obligaciones que tiene cada una de las instituciones.

Este convenio tuvo una duración inicial de 5 años y fue renovado en 2017 mediante una primera adenda. En 2021 se realizó una segunda revisión de adenda para extender el convenio, y el año 2024 se tiene prevista la revisión de la adenda o la renovación de un convenio.

Respecto a los casos de pederastia, Fernández aclaró que no se tiene conocimiento de casos de abusos sexuales en los colegios de convenio y señaló que es importante aclarar que los hechos sucedidos en el Juan XXIII fueron al interior de un internado, el cual funcionó hasta 2006. //agc