Durante la primera ola de la pandemia, la respuesta del Gobierno de Jeanine Añez fue “insuficiente” e “inoportuna”. De esa manera lo reflejó la Defensoría del Pueblo a través de un informe defensorial.

La información fue recabada de 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019, según la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien recordó que el primer caso de contagio se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 recién fue aprobada el 1 de abril del mismo año.

De acuerdo con Cruz, la política de prevención contra el coronavirus, aplicado por la anterior gestión de Gobierno, generó temor en la población, ya que convirtió la protección de un bien jurídico, como es la salud pública, en un discurso que justificaba la instrumentalización del derecho penal. Por ello, el resultado fue la apertura –según dijo– “innecesaria” de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas.

Otro aspecto que menciona el informe es que la prevención contra el COVID-19 en el área rural tuvo un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos.

Se establece además que el Ministerio de Salud, durante la primera ola de la pandemia, no promovió ni realizó estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento del COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

El informe establece recomendaciones al actual Gobierno, entre las cuales, menciona que se debe “incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia”.

También dijo que se debe modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

“Hay que elaborar una normativa que se adecue a la excepcionalidad para la adquisición de equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la contratación de recursos humanos para los establecimientos de salud”, enfatizó.

Demandó además que es necesario dotar de ventiladores para las Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, bajo las características técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e instancias científicas y garantizar la dotación y distribución de oxígeno para el Sistema Nacional de Salud.

La Defensora señaló que se debe asegurar el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19 en el mercado interno, así como elaborar un protocolo de intervención para los rastrillajes a fin de uniformar el objetivo y las acciones asumidas.

Recomendó además que el Viceministerio de Comunicación deba desarrollar, en coordinación con el  Ministerio de Salud, una estrategia comunicacional masiva para la generación e implementación de campañas educativas e informativas de prevención, contención y tratamiento de la infección.