El investigador jurídico Esteban Sanjinés de la Fundación Tierra afirmó que las cooperativas mineras auríferas buscan debilitar las regulaciones de protección de las Áreas Protegidas de Bolivia, además pretenden transformar normas ambientales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, “sólo velan por los intereses del sector minero y lo hacen de una forma arbitraria con argumentos que son poco entendibles para el resto de la sociedad”.

La afirmación del experto se originó por una Solicitud de Audiencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente del ocho de diciembre de 2025 con CITE: F.N.C.M.B. N°486/2025. 

En la nota a la que tuvo acceso la Comisión Pro Defensa de las Áreas Protegida de Bolivia (COPDEABO), los cooperativistas propusieron seis temas para ser abordados, pero todos son irrealizables e inalcanzables.

Piden la recategorización y rezonificación de las Áreas Protegidas de Bolivia (para legalizar y expandir la explotación de oro), adecuación normativa y otorgación de derechos mineros en sitios “RAMSAR” (para legalizar las operaciones extractivas en humedales de importancia internacional) y en Áreas Forestales (zonas selváticas protegidas por ley), actualización o modificación de la Ley de Medio Ambiente 1333 (vigente desde 1992), adecuación y actualización del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (para facilitar la obtención de licencias ambientales y operar en las Áreas Protegidas).

“Fencomin hace años se está organizando con la pretensión de cambiar la ley para favorecer al sector minero y no necesariamente se encamina en una acción legal, no es que quieran ir por el lado formal o que quieran modificar leyes con una discusión amplia e integral que involucre no sólo sus demandas sino a los sectores afectados como son los indígenas y la sociedad boliviana en general”, explicó el investigador jurídico de la Fundación Tierra.

Detalló que el proceder de los cooperativistas dirigentes de Fencomin, no es algo nuevo, lo han hecho antes, pero por mucho tiempo, la resistencia de los pueblos indígenas fue constante y organizada y detuvo esta posible acción que ellos buscan.

La Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia agrupa a unos 250.000 afiliados repartidos en más de 2000 cooperativas, agrupados en 15 federaciones, su mayor base se encuentra en la región de la Amazonía en el norte de La Paz. Se fundó en Potosí, donde también tiene afiliados, en 1968 para defender la dignidad y los intereses de los trabajadores mineros cooperativistas.

Poco entendibles 

Respecto de las exigencias por parte de los cooperativistas, incluidas en la Solicitud de Audiencia, Sanjinés reiteró que son contradictorias y poco entendibles para el resto de la sociedad.

Explicó que en las Áreas Protegidas se puede modificar su manejo, pero lo que tienen que entender es que ellas se rigen por un Plan de Manejo a partir de su creación, que es a través de un decreto supremo que define cómo se va a manejar, cuáles serán las áreas de extrema protección y de uso extensivo.

“Los planes de manejo restringen la actividad humana y la explotación de los recursos naturales, sin embargo lo que pretenden los cooperativistas es echar mano de estos recursos”, añadió.

Dijo que los sitios Ramsar (humedales de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad) provienen de acuerdos internacionales que tienen finalidades específicas, y que por sus características necesitan protección especial por las aves que existen y por ser fuentes de agua. 

“Estas zonas tienen esa particularidad que las hace muy especiales y están definidas por acuerdos internacionales, el Estado boliviano tiene varios sitios en esta lista (en Bolivia existen 11 sitios Ramsar)”, agregó.

La otorgación de derechos mineros en áreas forestales, parecerá hasta contradictorio, enfatizó Sanjinés, “porque son reservas donde sólo está permitido el manejo forestal de los recursos maderables bajo criterios de sostenibilidad con procedimientos que permita la rehabilitación de las zonas afectadas”. 

Pero la minería no busca eso, porque el mecanismo minero destruye y no hay manera de reforestar, por ejemplo en Tipuani los ríos están depredados, los márgenes de las corrientes están destruidos y solo queda piedra y arena, por lo que “no hay manera de reforestar, la tierra queda absolutamente diluida, por la necesidad en el proceso de rescatar el oro con sedimentos de mercurio”.

El jurista investigador remarcó que también existe una afectación a los pueblos indígenas, porque las áreas protegidas no son lugares donde no hay gente ni zonas deshabitadas, en su mayoría existen pueblos que su existencia es vital para que no se contamine el río ni la selva porque se constituye en su medio de vida.

“Las poblaciones que habitan en las orillas de los ríos, son las más afectadas, porque consumen todo lo que pescan lo que pone en riesgo su propia existencia por el mercurio. Un estudio con muestras de cabello realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), demuestra que los habitantes ese ejjas son los más afectados aunque no se encuentren cerca de una operación minera y ni siquiera deben conocer el oro”, aseveró Sanjinés.

Las corrientes de los ríos no se quedan en un solo lugar, se traslada de un lado a otro junto con las afectaciones a los pueblos indígenas como los yukis que dependen de un bosque sano, o aquellas poblaciones no contactadas que también pueden estar en riesgo. 

Cuestionó el anuncio por el presidente Rodrigo Paz de contar con una nueva de Ley de Hidrocarburos y de Minería. La autoridad de Estado afirmó en la ciudad de El Alto que, “en el departamento (de La Paz) existen potencialidades en hidrocarburos y minería que podrían traducirse en mayores recursos para los municipios y sus proyectos”.

“Esta nueva ley de Minería es parte de un paquete de normas que buscan urgentemente  alternativas económicas para el país, a costa del medio ambiente, los derechos de los territorios de los pueblos indígenas y queda la duda de cuáles serán las facturas políticas que tendremos que pagar los bolivianos”, enfatizó Esteban Sanjinés de la Fundación Tierra. (Cronista21)