La Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil exhortaron a las autoridades y actores políticos del país a priorizar el diálogo plural, la negociación informada y el respeto mutuo frente a la creciente conflictividad social que atraviesa Bolivia.

A través de un pronunciamiento conjunto, las instituciones expresaron su “profunda preocupación” por hechos recientes que, según señalaron, vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la democracia, la cultura de paz y la convivencia pacífica.

Las entidades reafirmaron que la democracia constituye “el pilar de la convivencia” y advirtieron que ningún interés político, económico o sectorial puede justificar vulneraciones a los derechos humanos ni el debilitamiento de las instituciones democráticas.

En el pronunciamiento identificaron varias problemáticas vinculadas al actual escenario de tensión social. Entre ellas mencionaron los bloqueos de carreteras, que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, además del acceso oportuno a servicios de salud, vulnerando derechos como la libre circulación, la salud y la vida, especialmente de sectores vulnerables.

Asimismo, observaron que algunas marchas y movilizaciones sociales derivaron en intentos de toma de instituciones, agresiones a periodistas y policías, y uso de explosivos, hechos que consideraron contrarios a los estándares internacionales sobre protesta pacífica y no violenta.

El pronunciamiento también cuestionó los llamados públicos a desbloqueos violentos y otras respuestas confrontacionales, al considerar que promueven discursos de odio y discriminación, además de poner en riesgo la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática.

Otro de los puntos señalados fue la “estigmatización y amedrentamiento” a organizaciones de la sociedad civil por acompañar demandas de pueblos indígenas de Beni y Pando, situación que, según las entidades, restringe las libertades de asociación y expresión.

Las organizaciones alertaron además sobre la difusión de desinformación, noticias falsas, amenazas y contenidos prejuiciosos amplificados en redes sociales y otros medios, factores que profundizan la polarización social y afectan el derecho a la información.

En ese contexto, exhortaron a autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a actores políticos y sociales, a preservar el Estado de Derecho y actuar con responsabilidad en defensa de la dignidad humana, la institucionalidad y los principios democráticos.