En el Día de la Mujer Boliviana, la Defensoría del Pueblo instó al Estado, a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en su conjunto, a generar y adoptar cambios estructurales, que permitan a las mujeres la construcción de sus proyectos de vida, en el marco del derecho a una vida digna y libre de violencias.

Es alarmante la alta tasa de hechos de violencia contra las mujeres a nivel nacional, conforme datos del Ministerio Público, hasta el 2 de octubre se registraron 65 feminicidios, 117 feminicidios en grado de tentativa, 33051 casos en el marco de la Ley 348, de los cuales, 25.070 son casos por violencia familiar o domestica.

Siendo de extrema preocupación, los 7.184 hechos de violencia sexual (2404 abuso sexual, 1.163 estupro, 1.872 violación y 1.745 violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente) las cuales vulneran los Derechos Sexuales y Derechos reproductivos, así como los 25 casos registrados por el OEP de acoso y violencia política, que vulneran los derechos políticos, necesarios para la construcción y consolidación de un Estado democrático y de derecho.

La Defensoría del Pueblo recordó que a diario se registran actos de violencia institucional por parte de servidores públicos a las mujeres trabajadoras sexuales a quienes discriminan, estigmatizan y agreden física, psicológica y sexualmente, vulnerando sus derechos a la privacidad de información.

Frente a esta coyuntura de violencia, la Defensoría del Pueblo afirma que desarrolla acciones para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, en particular, para aquellas que se encuentran en situación de violencia, logren la sanción correspondiente de sus agresores.

En ese sentido, desde el Observatorio Defensorial Judicial –del cual forman parte la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado– se viene realizando el seguimiento y monitoreo de procesos penales vinculados con los delitos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente.

La institución defensorial considera además que es necesario que las políticas públicas estatales, adopten y refuercen el enfoque transversal y de género, para la construcción de una sociedad que garantice a todas y todos, el derecho a “Vivir Bien”. //agc