Luego de que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) decidió no dar curso a su pedido, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y sus accionistas anunciaron su intención de acudir a otros canales para recibir una justa compensación por la expropiación de Fancesa, pero también se abrieron a una solución dialogada con el Estado boliviano.  

Los accionistas de Soboce acudieron al CPA para pedir una indemnización de 269 millones de dólares debido al decreto 616 de 2010, mediante el cual se revirtieron acciones de Fancesa a favor de Gobernación de Chuquisaca.

Sin embargo, a pedido de Bolivia, el Tribunal Arbitral determinó declararse incompetente para resolver el pedido de Soboce. La decisión fue celebrada por la Procuraduría General del Estado.

A pesar de ello, Soboce emitió un comunicado donde señala que se mantiene firme el marco legal para conseguir una “justa compensación”.

“Soboce, junto a sus accionistas del Grupo Gloria del Perú continuará acudiendo a los canales judiciales y/o arbitrales (nacionales o internacionales) para el reconocimiento de sus derechos”, dice el texto. 

“Creemos en la justicia y en el derecho legítimo que nos asiste, puesto que la Constitución Boliviana garantiza el pago de indemnizaciones en caso de expropiación. La confiscación de bienes, activos y derechos está prohibida por la propia Constitución”, agrega el comunicado de la Sociedad Boliviana de Cemento.

No obstante, la empresa anunció que emprenderá un diálogo constructivo con las autoridades competentes, con el objetivo es encontrar una solución amistosa que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible de Bolivia.