La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) advirtió este miércoles que la eventual ejecución de la sentencia que le ordena pagar cerca de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) afectaría "de manera irremediable" la capacidad de Bolivia para atraer inversiones extranjeras y tendría consecuencias para la economía nacional.

Mediante un comunicado, la empresa sostuvo que el fallo generaría un precedente que debilitaría la seguridad jurídica y dificultaría el acceso del país al financiamiento internacional.

Según Soboce, la sentencia incorpora como criterio indemnizatorio el concepto de "daño al proyecto de vida" en favor de una sociedad comercial, figura que corresponde exclusivamente a personas naturales. A juicio de la empresa, ese precedente sería vinculante y abriría la posibilidad de su aplicación en otros procesos contra empresas.

La cementera indicó que la ejecución del fallo también pondría en riesgo su continuidad operativa, al afectar sus niveles de liquidez e inversión. Recordó que participa en el mercado boliviano de capitales como emisor de valores y mantiene obligaciones con inversionistas, tenedores de bonos y entidades del sistema financiero.

Asimismo, señaló que una eventual ejecución de la sentencia tendría repercusiones para miles de empleos y distintos sectores económicos vinculados a su actividad.

La empresa afirmó que el proceso judicial presenta irregularidades y recordó que la sentencia fue anulada previamente por la Justicia Constitucional debido a presuntas vulneraciones que, según sostuvo, aún no fueron corregidas, por lo que consideró que una ejecución coactiva sería "un acto de irresponsabilidad".

Soboce también reiteró que desde hace 16 años reclama el pago por la expropiación de sus acciones en Fancesa, al asegurar que el Estado no cumplió con esa obligación pese a lo establecido en un decreto de 2010.

La compañía hizo un llamado a la comunidad jurídica, al sistema financiero, al sector empresarial, a trabajadores, clientes, proveedores y al sector de la construcción a revisar las resoluciones judiciales del caso y evaluar objetivamente, según indicó, los riesgos que el fallo podría representar para la seguridad jurídica, la inversión y la economía boliviana.

El caso generó polémica recientemente tras conocerse que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue contratado por el Grupo Gloria, dueño de Soboce, para un asesoramiento. Se sospecha que el exmandatario habría usado sus influencias con el Gobierno de Luis Arce para direccionar el litigio.