El representante de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), Jin Zhengyuan, y el gerente técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cristian Mendieta, se beneficiaron con la detención preventiva dentro de la investigación por presunta corrupción para la construcción de un proyecto carretero.

La decisión fue asumida en una audiencia donde un vocal de una Sala Penal decidió revocar la detención preventiva que cumplían ambos en la cárcel de San Roque, en Sucre, desde el 3 de septiembre.

Jin y Mendieta enfrentan un proceso por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes por una supuesta coima de Bs 18 millones que pidieron para adjudicar la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, denunciante en el caso, informó a ERBOL que además de la detención domiciliaria, ambos tienen arraigo, deben pagar una fianza de Bs 100.000. El gerente técnico de la ABC tiene derecho al trabajo mientras cumple la medida impuesta.

“Lo que vemos que aquí hay cosas muy raras, la denuncia que hemos presentado implica lucha contra un pulpo, con sus tentáculos, que hacen presumir que lamentablemente no es una actuación transparente (del vocal), enmarcado en derecho en procedimiento y la ley”, cuestionó.

Aseguró que durante el desarrollo de la investigación se presentaron “todos los elementos y pruebas”, sin embargo, cuestionó que este martes “de manera tan fácil” se haya decidió revocar  la detención preventiva por la detención domiciliaria.

Según la decisión de la autoridad judicial, no existen riesgos procesales para que continúen con la detención preventiva.

“(El vocal) debe hacerse la burla del pueblo boliviano, es jugar con el pueblo boliviano, realmente (estoy) indignado, molesto; pero bueno, así son las cosas. Vamos a seguir en nuestro trabajo por mandato constitucional  y en representación del pueblo boliviano”, sostuvo.

De acuerdo con la denuncia de Arce, el empresario el empresario chino habría acordado pagar Bs 18 millones, de los cuales anticipó Bs 9 millones bajo un supuesto pago a una subcontratista, pero que en el fondo constituía el pago en efectivo a los funcionarios en compensación a la adjudicación de la carretera.