La planta de Urea y Amoniaco reinició este lunes sus operaciones en la ciudad de Cochabamba y el presidente Luis Arce proyectó que será la base para la estrategia de industrialización para la producción de fertilizantes y agroquímicos en Bolivia.

El complejo se encontraba paralizado durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez y al menos un 79% del personal, que había sido capacitado para su funcionamiento, fue retirado del lugar. El daño por las reparaciones demandó $us 428 millones.

Durante el acto, el mandatario afirmó que más de $us 450 millones se dejó de generar en los últimos meses, lo que hubiera servido para construir una segunda planta que ahora se encomendó su factibilidad y además el plan para la industrialización.

“Se hace necesario el estudio de independizar nuestra planta de YPFB y que sea la base está nuestra planta para nuestra futura planta de fertilizantes y agroquímicos para la producción agropecuaria propia con industria nacional e insumo nacional tenemos que industrializar el país”, sostuvo.  

Según Arce, al anterior Gobierno “nunca” le importó el beneficio de las familias, la salud ni mucho menos la educación, solamente un “asalto” al Estado boliviano con la crisis que se dejó a las empresas estatales y el intento de paralizar la planta de Urea y Amoniaco.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, dijo que además de los costos económicos por la paralización la discontinuidad en la producción y la provisión al mercado interno se afectó a los productores de agropecuarios.

El ejecutivo estimó que hasta septiembre de 2022 se producirá  590.000 toneladas métricas (TM). De ese total, 46.000 se comercializarán en el mercado interno, mientras que 391.000 se exportarán a Brasil, 125.00 a la Argentina, 22.000 a Paraguay y 6.000 a Perú.

“Hoy en el reinicio de operaciones de nuestra planta, le decimos al mundo entero, nuevamente, hay urea para Bolivia y para el mundo”, dijo Arce al estimar que fortalecerá a la hidrovía Ichilo – Mamoré para la exportación al Brasil.

El mandatario añadió haber instruido al Ministerio de Hidrocarburos y Energías iniciar todos los procesos legales para dar con los responsables por la situación en la que dejaron a la planta.

La planta inició sus operaciones en diciembre de 2017, con una inversión cercana a los $us 1.000 millones, pero a consecuencia de la crisis de 2019, fue paralizada. Desde que el actual Gobierno se implementó un plan de reactivación que contempló la adquisición de insumos químicos, maquinaria, repuestos y reparación de equipos críticos como el turboexpander, la turbina 101 JGT, el generador de nitrógeno, habilitación de calderos, entre otros.