Liliana Carrillo Valenzuela

Unos, prósperos, tienen casas citadinas, autos y viajes de vacaciones. Otros trabajan hasta 15 horas al día en socavones o ríos con peligro a cuestas y salarios fluctuantes. Todos, sin embargo, tienen un denominador común: son mineros cooperativistas. La diferencia que los distancia es su posición la pirámide social cooperativista: unos son socios o kajchas; los otros, jornaleros.

“Así es ser jornalero, hay que trabajar, meterle full nomás… si no, te botan. En racha, de vos depende hacer platita, yo a veces he trabajado 12, 15 horas y quisiera venticuatrear. Otra cosa es ser kajchas (socio)”, dice Pedro Quispe. Tiene 33 años, la mitad de ellos dedicados a la minería del oro en tres cooperativas auríferas del norte paceño.

Como Quispe, miles de obreros se han convertido en la base de la próspera minería cooperativizada en Bolivia. Estos jornaleros, invisibles en datos oficiales, no cuentan con contratos formales ni beneficios sociales y muchos carecen de acceso a servicios básicos, educación y salud. A plan de auto explotación, aspiran a convertirse en socios de las cooperativas en las que trabajan mientras, convertidos en mano de obra fluctuante, son la fuerza de lucha del sector en marchas y protestas.

“El concepto de cooperativa implica una idea de igualdad, de solidaridad y trabajo en equipo. Sin embargo, hablando con los mismos actores mineros, no existe en el país una cooperativa que funcione como tal ni en el sector tradicional que son los Andes, ni en el sector de la Amazonía.  Lo que hay son socios cooperativistas -que pueden ser 20, 30, dependiendo del capital o la magnitud del emprendimiento- y con ellos una gran cantidad de gente que trabaja para las cooperativas, generalmente en condiciones de precariedad. Hay explotadores y explotados”, afirma la antropóloga Elizabeth López, especializada en problemáticas socioambientales.

Un aspecto fundamental del sistema cooperativo es la disparidad entre los socios cooperativistas y los trabajadores asalariados, apunta el experto en minería Alfredo Zaconeta. “En la práctica, los grupos cooperativos pueden contar con entre 12 y 40 socios. No obstante, la mayoría de las personas que trabajan en estas operaciones no son socios cooperativistas, sino jornaleros. Se estima que, por cada socio cooperativista, hay entre tres y cuatro veces más asalariados, quienes dependen completamente de las cooperativas para su sustento”.

El auge del sector cooperativista

En las últimas dos décadas, el sector cooperativista se ha consolidado como el mayor actor en la minería boliviana debido a la subida de los precios de los minerales, especialmente del oro, pero también gracias a las facilidades legales e impositivas otorgadas por el gobierno.

En conjunto, las cooperativas generan el 58,1% de la producción minera del país y aportan el 0,2% de los impuestos, según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del INE. En contraparte, el sector privado, con el 35,1% de la producción, aporta el 98,3% de los impuestos al Estado.

Infografía: Distribución de cooperativas mineras de Bolivia

De acuerdo a datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en el país operan 2.300 cooperativas que registran más de 130.000 socios en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomín). De éstas, aproximadamente el 70 % son auríferas, están concentradas en La Paz y cubren el 99 % del oro que se produce en Bolivia.

“La normativa actual favorece al sector cooperativo, que representa el 99,6% de la producción legal de oro. Estas cooperativas, consideradas entidades sin fines de lucro, no pagan impuestos sobre utilidades, resultando en una baja contribución fiscal”, sostiene el estudio A fuego y mercurio, crisis ecológica y desigualdades en Bolivia, presentado en octubre pasado por la Oxfam. “Se estima que el Estado subsidió al sector con 977 millones de dólares en total en 2022, incluyendo subsidios al diésel y reducciones en las regalías. Este monto es significativamente mayor que la contribución del sector en regalías, mostrando una desproporción entre los beneficios obtenidos y las contribuciones fiscales”, añade el documento.

Ese mismo año (2022), la contribución de las cooperativas mineras al Estado en regalías, patentes e impuestos fue de aproximadamente 101 millones dólares, de acuerdo al Ministerio de Minería. Por consiguiente, el Estado habría subsidiado más de nueve veces al sector de lo que las cooperativas aportaron al Estado.

Infografía: Producción cooperativas mineras y pago de impuestos

Según Zaconeta, los datos esconden una contradicción: aunque las cooperativas dominan la producción, las solicitudes de áreas mineras en las regiones más ricas en recursos, como la Amazonía norte, son mayormente presentadas por actores privados. “Esto sugiere que muchos operadores privados están operando bajo la fachada de cooperativas, lo que contribuye a una evasión fiscal masiva y a una falta de transparencia”.

Lo cierto es que el modelo cooperativista se ha convertido en una importante fuente de trabajo, especialmente para campesinos e indígenas que ven en la minería una oportunidad de subsistencia ante la falta de alternativas de desarrollo. “Si quieres salir adelante no hay otra que meterte a la minería. Yo hubiera querido ser socio, claro, pero como mi familia no tiene recursos he tenido que entrar como jornalero, después del cuartel, como muchos de mis paisanos”, cuenta Pedro Quispe.

Jornaleros, explotados e invisibles

Las cooperativas mineras, que se expandieron desde la relocalización minera de 1985, nacieron con un sentido comunitario de solidaridad y trabajo conjunto. No obstante, con el auge del oro de los últimos años, estas asociaciones pasaron de ser campamentos a cooperativas en expansión en las que se han establecido jerarquías y roles.

Los socios fundadores se han convertido en accionistas “con derecho a recibir cuanto beneficio otorgue la cooperativa a sus asociadas y asociados”. Su estatus les permite realizar trabajo de menor riesgo y contratar trabajadores aún en contra de la norma.

El acápite II del Artículo 16 (Prohibiciones) de la Ley General de Cooperativas establece: “En las cooperativas de producción, el trabajo es personal y se prohíbe el trabajo delegado, salvo excepciones temporales establecidas en el Decreto Supremo reglamentario”. No obstante, se estima que son cientos de miles los jornaleros que trabajan en las cooperativas sin contratos legales, sin beneficios laborales, sin existir para el Estado.

“Los socios cooperativistas, aunque tienen derecho a participar en los beneficios de la minería, son una fracción pequeña dentro del total de los trabajadores de la cooperativa. Estos últimos, los jornaleros, son los que realmente sostienen la minería cooperativista, pero su situación es extremadamente vulnerable”, sostiene la antropóloga López. “No existen contratos formales, lo que significa que los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social, seguro de salud ni jubilación. Además, en caso de accidente o problemas de salud, los jornaleros deben recurrir a acuerdos privados e informales con los socios cooperativistas, sin ningún tipo de respaldo legal”, puntualiza.

En el estudio Extractivismo aurífero y organización del trabajo: dinámicas territoriales en la minería aurífera cooperativizada en Los Yungas, el geólogo Fernando Alcons Salluco afirma que la remuneración de un jornalero oscila entre los 200 y 700 bolivianos, dependiendo de la cooperativa, “en un día de buena racha”. “Cuando el pago es por porcentaje, hay veces que el día es un fracaso; hay otras veces que sí hay. Cuando hay poco, poco te dan”, dice uno de los mineros entrevistados para ese trabajo.

A las condiciones adversas para los jornaleros se suma la inestabilidad laboral. “Deben desplegar estrategias para mantener su puesto, sobre todo si la cooperativa donde trabajan tiene una producción constante, lo que les significaría un ingreso casi seguro. Para que los coordinadores o el Comité de Vigilancia los consideren ‘buenos trabajadores’ y les permitan mantenerse dentro de la cooperativa, así como ser convocados luego de la temporada de lluvias, los jornaleros deben satisfacer ciertas expectativas”, escribe Alcons. Entre éstas: cumplir con las expectativas de extracción de oro, aunque ello implique trabajar más de 12 horas, participar en movilizaciones y campeonatos de fútbol y evitar peleas para no ser catalogados como “conflictivos”.

El sueño de ser socio

Quispe cuenta que ha visto accidentes en el trabajo “eso es lo peor que puede pasar, porque el jornalero en un momento se ve solo con su familia y sin apoyo. Pero a nosotros nos queda encomendarnos a la Virgencita y trabajar nomás para ahorrar y comprarnos una, dos, más acciones”. Ese su sueño desde que nació la primera de sus cuatro hijas, confiesa mientras apura el jugo de papaya que compartimos. Me pide que no cite su nombre real ni el de su cooperativa “por si acaso”. Así lo hago ahora.

En la plataforma Marketplace de Facebook hay decenas de anuncios de venta o permuta de acciones mineras: “Vendo acción minera por motivo de salud en cooperativa legal con producción” “Cooperativa minera aurífera a dos horas de Sorata pone en venta una acción minera”. Los precios oscilan entre 40.000 y 80.000 bolivianos, muchas horas de trabajo para un jornalero.

“Aunque los jornaleros aspiren a convertirse en socios –o, en otras palabras, en pequeños empresarios/propietarios de un campamento minero– para obtener mayores beneficios económicos y seguridad laboral, el proceso es restrictivo y complejo. Se los somete a un sistema que los obliga a trabajar de manera continua, además de aceptar las condiciones de trabajo impuestas por los socios y las cooperativas para poder continuar ahorrando y escalar socialmente en un futuro. Las dificultades que plantea admitir nuevos socios y adquirir acciones impide que muchos jornaleros logren consolidarse, perpetuando su explotación y una situación laboral en que está sometido a un control permanente, sin lograr la movilidad social anhelada”. Así concluye su estudio Alcons.

Desigualdades y Futuro de la Minería Cooperativista

Tras una fachada de trabajo en comunidad, el sector cooperativista está marcado por profundas desigualdades. Urgen las reformas normativas y el involucramiento de la sociedad en su conjunto, coinciden los expertos.

“El futuro del sector minero cooperativista en Bolivia parece estar marcado por la lucha por obtener mayores beneficios a costa de la sostenibilidad social y ambiental. Las políticas mineras del país deben ser reformadas para garantizar que la minería sea una actividad que beneficie a todos por igual y que los derechos de los trabajadores sean respetados. Sin embargo, mientras el poder de los actores mineros siga siendo tan fuerte, parece que el cambio será un proceso largo y complicado”, asegura la antropóloga Elizabeth López.

Alfredo Zaconeta considera que es crucial una reforma de las leyes mineras, la creación de políticas públicas que prioricen el bienestar de las comunidades locales y la implementación de prácticas mineras que respeten el medio ambiente y los derechos laborales. “Bolivia necesita un modelo de minería que no solo se base en la extracción de recursos, sino también en la creación de un sistema justo y equitativo para todos los involucrados. La minería cooperativa, tal como existe hoy, ha demostrado ser un modelo que no beneficia a la mayoría, y mientras no haya una verdadera reforma, las desigualdades seguirán creciendo. El futuro de la minería en Bolivia depende de la capacidad del Estado para regular y transformar este sector hacia un modelo más inclusivo y sostenible”, concluye.