SEGÚN LA ASFI
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Entidades financieras ya aprobaron 1.838 solicitudes de reprogramación de créditos

Foto: ASFI.

El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra Segales, informó que hasta la fecha las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) recibieron un total de 2.557 solicitudes de reprogramación de créditos, por un importe de Bs505 millones, provenientes de prestatarios de diversos sectores y regiones del país, habiéndose aprobado 1.838 operaciones (72% del total), equivalente en monto a Bs329 millones. 

Las restantes 547 operaciones (21%) todavía se encuentran en etapa de análisis, mientras que 172 operaciones (7%) fueron rechazadas por no ajustarse a las previsiones señaladas en la normativa.

En ese contexto, Yujra recordó que el pasado 30 de mayo de 2023, el Órgano Supervisor emitió la Carta Circular 7151/2023 mediante la cual instruyó a las entidades de intermediación financiera atender y analizar las solicitudes de reprogramación, de aquellos prestatarios de sectores que hubieran sido afectados en sus actividades económicas por factores externos, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el paro en Perú, los fenómenos climáticos y otros, con alcance también para los ex trabajadores del Banco Fassil ahora en intervención.

Respecto a los tipos de crédito, las estadísticas dan cuenta que hasta ahora han sido los microempresarios quienes más se favorecieron con la medida. De las solicitudes de reprogramación que han sido aprobadas, 1.343 operaciones (73,1%) corresponden a microcréditos, seguidos en importancia por los créditos de consumo con 339 operaciones (18,4%); luego, los créditos de vivienda de interés social con 145 operaciones (7,9%) y, finalmente, los créditos empresariales con 2 operaciones (0,1%).

El Ejecutivo de ASFI aclaró que la normativa de reprogramación se adoptó con el propósito de posibilitar un alivio financiero, a prestatarios del sistema financiero boliviano que están atravesando dificultades para honrar sus préstamos; es decir, no es una medida general, sino dirigida a quienes están siendo afectados en sus ingresos y, por ende, en su capacidad de pago, producto de eventos externos ajenos a su voluntad.